El martes 10 de Octubre el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecía ante el Parlament de Catalunya. Tras reconocer que el 1 de Octubre más de 2.200.000 personas, venciendo una salvaje represión policial, expresaron su voluntad de que se constituya una república catalana, el líder del PDeCAT cedió a la presión de los poderes del Estado, de la burguesa catalana, de la UE, echando un jarro de agua fría sobre un movimiento de masas que ha colocado al régimen del 78 contra las cuerdas. La crisis revolucionaria que vive Catalunya entra en una nueva fase

El PDeCAT y la burguesía catalana

Esta cesión no sólo no ha servido, como planteaban algunos dirigentes de la izquierda en Catalunya y en el Estado, para quitar argumentos al PP y Ciudadanos y dificultar la ofensiva represiva de la burguesía española y su Estado heredado del franquismo. Desde el gobierno del PP, Ciudadanos y la dirección del PSOE, la respuesta ha sido inmediata: activar el 155 de manera paulatina hasta conseguir sus objetivos. Lo único que está dispuesta a discutir la burguesía española es cómo llevar adelante sus planes para acabar con el movimiento revolucionario de las masas en Catalunya: si con la colaboración de Puigdemont o sin él.

La claudicación de Puigdemont ha causado decepción, malestar y rabia entre millones de personas. Los políticos del PDeCAT, que han sido la representación parlamentaria e institucional de la burguesía catalana, han cedido ante ella en el momento decisivo. El gran capital catalán, cerrando filas con la burguesía española y su Estado, se ha posicionado de manera taxativa contra la república catalana, ejerciendo un chantaje brutal, amenazando con el caos económico y la fuga de empresas. En una situación de crisis revolucionaria como la actual, el PDeCAT ha preferido alinearse con la oligarquía catalana antes que respetar y aplicar la decisión democrática de las masas.

Es evidente que hay sectores en la burguesía española y en las principales burguesías europeas que prefieren utilizar a Puigdemont y el PDeCAT para que colaboren en desactivar la crisis revolucionaria abierta en Catalunya. Pero si estos políticos que han demostrado su falta de principios, vacilan o se muestran renuentes en la tarea, la clase dominante española y catalana no dudará en ir hasta donde haga falta para derrotar al movimiento de masas. Lo que está en juego es mucho.

Una crisis revolucionaria

El 1 de octubre millones de ciudadanos pacíficos, familias enteras y, destacando por derecho propio, la juventud, resistieron de manera ejemplar la brutal represión de miles de efectivos de la policía nacional y guardias civiles enviados por el gobierno del PP para aplastar el derecho a decidir de todo un pueblo. Viviendo escenas propias de una dictadura, los efectivos policiales se abrieron paso con una violencia extrema y a martillazos para desalojar los colegios electorales. Aquella jornada pasará a la historia de la llamada “democracia” española como un acto de barbarie autoritaria. Pero lo más importante de aquel día no fue la crueldad policial saldada con cerca de 1.000 heridos, sino la imagen ofrecida por un pueblo sin miedo, decidido a luchar hasta las últimas consecuencias, y que ha protagonizado un movimiento revolucionario sin precedentes en cuarenta años.

La participación de más de dos millones de personas en la votación del 1 de octubre representa un triunfo sin paliativos de la voluntad popular, mucho más teniendo en cuenta que se produjo en medio de un estado de excepción policial. Pocas veces hemos asistido en la historia reciente a un ejercicio de democracia directa tan elevado y generalizado como el acontecido el 1 de octubre, arrojando un resultado aplastante a favor de la república catalana.

A la jornada del 1 siguió la gran huelga general del 3 de octubre, y la movilización en Catalunya fue tan masiva que sólo hay un precedente histórico de algo similar: cuando las masas del pueblo y los trabajadores de Catalunya se lanzaron el 18 y 19 de julio de 1936 a combatir el golpe de Estado fascista, y lograron desarmar tras horas de batalla enconada a las fuerzas reaccionarias. Aquel triunfo abrió las puertas de par en par a la revolución socialista en territorio repúblicano, creó organismos de poder obrero, milicias, colectividades y amenazó el orden capitalista en toda Europa.

La crisis revolucionaria que vive Catalunya ha sido impulsada por dos factores políticos de primer orden: la opresión nacional de la burguesía española y su Estado centralista, que se niegan a reconocer que Catalunya es una nación y rechazan el ejercicio del derecho de autodeterminación por la vía represiva; y la frustración generada por la recesión capitalista, el desempleo de masas, los desahucios, la precariedad y los bajos salarios, la falta de futuro para la juventud. La lucha contra la opresión nacional y la opresión de clase se han entrelazado, como en otras épocas (1909, 1931, 1934, 1936, 1977…), generando un potencial revolucionario extraordinario.

El régimen del 78

El movimiento de las masas en Catalunya apunta directamente a la línea de flotación del régimen político que la burguesía española levantó en los años setenta con la colaboración de las direcciones reformistas de la izquierda (PCE y PSOE y los sindicatos). Y es necesario señalar lo que pasó en ese momento, ahora que desde sectores de la izquierda se habla con profusión del agotamiento de ese régimen a la vez que se ofrece como alternativa el diálogo y la conciliación.

Entre 1976 y 1978 los políticos de la dictadura franquista reconvertidos en “nuevos demócratas”, del estilo de Martín Villa, Adolfo Suárez y muchos otros, siguiendo las directrices del gran capital español e internacional, llegaron a un acuerdo con Felipe González y Santiago Carrillo para abortar una situación revolucionaria, en la que la clase obrera y la juventud de todos los territorios pusieron contra las cuerdas a la dictadura y al capitalismo. Este gran pacto, o esta gran traición según el punto de vista de clase con el que se mire, supuso un reconocimiento legal de una parte de las libertades y derechos democráticos que ya habían sido impuestos por la movilización popular, a cambio de que la burguesía española recobrara el control de la situación y se aceptara el régimen monárquico impuesto por Franco.

El régimen del 78 consagró formalmente la “monarquía parlamentaria”, pero se construyó sobre una ley de punto y final que amparó la impunidad de los crímenes del franquismo, permitiendo que el aparato del Estado, la judicatura, las fuerzas policiales y militares siguieran en manos de los reaccionarios de siempre. La Constitución que le dio consistencia legal garantizó la economía de “libre mercado” y el poder incuestionable de los capitalistas, negando el derecho de autodeterminación de Catalunya, Euskal Herria y Galiza. El texto constitucional tuvo que reconocer el llamado Estado de las autonomías, pero sobre todo consagró la máxima de la dictadura: España, una, grande y libre, la unidad de la “Patria”, mediante medidas de excepción (el artículo 155) y el recurso a la violencia del Estado. Los argumentos de las direcciones reformistas de la izquierda para aceptar aquel “acuerdo” fueron los que siempre se utilizan en una situación revolucionaria para justificar el derrotismo: el “ruido de sables”, la amenaza golpista y una “correlación de fuerzas” desfavorable.

La contrarrevolución

Como hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia, una dirección que no confía en las masas revolucionarias, y que no atiende a sus aspiraciones y objetivos, sólo favorece al adversario, que se siente así con más determinación para lanzar su ofensiva. La burguesía, española y catalana, sí tienen muy claros sus objetivos. Estos pasan por infligir un escarmiento a las masas por haber desafiado sus leyes reaccionarias y cuestionar el régimen monárquico del 78, y por intentar proclamar una república catalana mediante métodos revolucionarios, lo que abriría la puerta inevitablemente a una lucha abierta contra el capitalismo y las políticas de austeridad.

La burguesía catalana, española y europea comprendieron mucho mejor que los dirigentes reformistas de la izquierda estatal y catalana, el significado político de los acontecimientos que se estaban viviendo en Catalunya. Y pasaron a la ofensiva. Una ofensiva salvaje en todos los frentes: amenazas de aplicar el artículo 155 e incluso medidas como el estado de excepción por parte del gobierno; editoriales incendiarios de El Mundo o El País llamando a cortar de raíz lo que ellos mismos definieron como un movimiento insurreccional y un contexto revolucionario, pasando (¡cómo no!) por sumar a esta ofensiva a la propia burguesía catalana. Mientras sus medios (La Vanguardia, El Periódico...) organizaban una intensa campaña del miedo, las principales empresas catalanas anunciaban en cascada el traslado de sus sedes fuera de Catalunya y las organizaciones patronales, Fomento del Trabajo y Cercle d’Economía advertían que la proclamación de la república supondría el caos.

Demostrando sus verdaderos intereses de clase y su pánico a la movilización revolucionaria de las masas, numerosos empresarios catalanes considerados amigos del Govern y autodenominados soberanistas se sumaron decididamente a esta campaña. Las familias propietarias de los grupos empresariales Grifols e Idilia Foods (Colacao, Nocilla) anunciaron su marcha de Catalunya si “continuaba la inestabilidad política”. Angels Vallvé, empresaria de GVC Gaesco, esposa del Presidente de la Bolsa de Barcelona y hermana del vicepresidente de Omnium, Joan Vallvé, anunció su salida  incluso antes.

Como parte de esta campaña, y de la escenificación de una supuesta fractura social de Catalunya que sirviese para justificar la represión (o el retroceso por parte del Govern), el 8 de Octubre asistimos a la manifestación por la unidad de España convocada por la organización de derechas Sociedad Civil Catalana. A esta manifestación reaccionaria, que fue publicitada hasta la saciedad desde los medios de comunicación españoles, se sumó desde el PP y Ciudadanos hasta la Falange o la Fundación José Antonio, y también numerosos dirigentes del PSOE y el PSC, que escribieron una de las páginas más infames de la historia de la socialdemocracia catalana y española. La imagen de Josep Borrell arengando a decenas de miles con banderas de España, mientras Xavier Albiol, Albert Rivera o Inés Arrimadas se rompían las manos de tanto aplaudirle, es la viva estampa de este frente único que, a pesar de que dice defender el “Estado de derecho”, se envuelve con la bandera del españolismo y los símbolos de la dictadura.

Como ha hecho en otros momentos revolucionarios o pre-revolucionarios, la burguesía empleó todo su poder económico y mediático para movilizar a los sectores más atrasados y reaccionarios, acarreando en trenes y centenares de autobuses militantes del PP y Ciudadanos desde otras zonas del estado y desde toda Catalunya. Como en los mejores tiempos de la dictadura, no faltaron manifestantes fascistas desfilando por Via Laietana saludando brazo en alto a las fuerzas de ocupación o portando gorros de legionarios. Pero los 300.000 o 400.000 manifestantes del 8-O, movilizados por un ideal reaccionario, no se pueden comparar a los millones que nos movilizamos en el referéndum del 1-O o en la huelga general del 3-O.

Los datos del 1-O confirman que las zonas donde más creció la participación electoral y el “Sí” a la república catalana fueron precisamente los barrios obreros de Barcelona y otras grandes ciudades, en especial en aquellos donde predomina la población originaria de otros territorios del Estado y los trabajadores inmigrantes. ¡Qué impresionante contestación a todas las mentiras y calumnias acerca de la “imposición” del referéndum o la “fractura de Catalunya” que las imágenes de decenas de miles de inmigrantes yendo a votar! ¡O de personas que acudían a los colegios electorales llevando banderas de la república española o incluso la camiseta de “la Roja” y eran ovacionados!

El abandono de las calles tras el 3-O y el papel de los dirigentes de la izquierda

Los millones de jóvenes y trabajadores que defendimos nuestro derecho a votar el 1-O y paralizamos Catalunya el 3-O, inundando las calles de todos sus pueblos y ciudades, no sólo mostramos ese día nuestra fuerza. También dejamos claro a los dirigentes de la izquierda que estábamos dispuestos a ir hasta el final. 

Los dirigentes de IU y Podemos, no se han cansado de hacer llamamientos al diálogo y a un “referéndum pactado y legal” con el mismo Estado y el mismo gobierno que, envueltos en la bandera rojigualda, ya ha dicho alto y claro que jamás va a conceder el derecho de autodeterminación para Catalunya y está dispuesto a emplear todo su arsenal represivo para demostrarlo.

Estos dirigentes de la izquierda hablan de “dialogo” con la reacción, y renuncian a basarse en fuerza de millones de trabajadores y jóvenes en Catalunya, para adoptar el papel de mediadores entre la burguesía española y catalana. Hablan de sensatez y pretenden convencer a Rajoy de que no aplique el 155, y al mismo tiempo rechazan organizar la movilización masiva de la izquierda social y de la clase obrera contra el desacreditado régimen del 78, la corrupción del PP y sus políticas de recortes, vinculando estos aspectos a las brutales amenazas de la monarquía y el Gobierno que, con sus medidas represivas, han creado ya un auténtico estado de excepción antidemocrático en Catalunya.

Muchos de estos dirigentes, especialmente Alberto Garzón de IU, adoptan una posición equidistante entre las masas de Catalunya, que aspiran a la proclamación de la república y luchan con métodos revolucionarios para lograrlo, y el bloque reaccionario que en nombre de la legalidad burguesa siguen negándoles el derecho a decidir y amenazándolas con la represión violenta, el caos económico y la cárcel. Es una posición muy errónea que proporciona argumentos a la derecha.

La experiencia de estos tremendos acontecimientos demuestra que no podemos confiar ni en la burguesía española ni en la burguesía catalana, y esta es también una lección muy importante dirigida a la CUP.

Los compañeros y compañeras de la CUP han jugado un papel realmente destacado en la organización de los Comités de Defensa del Referéndum y en la resistencia a la represión, en las movilizaciones estudiantiles y en la huelga general. La reacción ha dirigido sus dardos más envenenados contra ellos, calificados día sí y día también con los insultos y las injurias más groseras desde los medios de comunicación capitalistas.

Después de la cesión de Puigdemont cobra relevancia lo que los marxistas revolucionarios siempre habíamos señalado a los compañeros de la CUP. Que la burguesía catalana y sus representantes políticos del PDeCAT traicionarían la causa de Catalunya, la libertad del pueblo y la república catalana. Y lo han hecho porque por encima de la demagogia a la que han recurrido en estos años, Puigdemont y los suyos defienden los intereses de la oligarquía catalana.

Es fundamental que los compañeros de la CUP rompan de una vez por todas con el PDeCAT y la burguesía catalana. Atarse al carro de los ex convergentes sólo puede añadir más frustración y preparar nuevas derrotas.

Es el momento de dar un giro de 180 grados en la política de la izquierda catalana, romper con la política de conciliación y “dialogo” con la reacción y de subordinación al PDeCAT. Es el momento de levantar un gran Frente de Izquierdas con un programa de clase, revolucionario y anticapitalista para luchar por la república catalana y la transformación socialista de la sociedad.

Impulsar de nuevo los comités de defensa y la movilización en las calles. Por la república socialista catalana

El gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos y una vez más el aval de la dirección del PSOE ha activado el artículo 155. Su objetivo es dar una lección a las masas en Catalunya que sirva también para escarmentar a los jóvenes y trabajadores del resto del Estado y de Europa. Quieren que Puigdemont actúe como Tsipras en Grecia. No les basta con que no haya proclamado la república catalana decidida por el pueblo el 1-O. Le exigen que sea él quien se encargue de sofocar cualquier esperanza de que la república vaya a ser proclamada. Si no está dispuesto a hacerlo la burguesía española está decidida a aprovechar el shock provocado por el propio Puigdemont para aplicar el 155.

En este momento, distintos escenarios son posibles y las perspectivas están muy abiertas. Pero todos llevan al mismo punto. El acuerdo que supuestamente ha arrancado Pedro Sánchez a Rajoy de crear una comisión parlamentaria para debatir la reforma de la Constitución, representa un fraude. No es más que una maniobra patética de la socialdemocracia para intentar disfrazar lo que ha sido su conducta: respaldar totalmente la posición del PP y del Estado contra el pueblo de Catalunya.

Lo ocurrido estos últimos días demuestra que es imposible conseguir la liberación nacional de Catalunya de la mano del PDeCAT y la burguesía catalana. Incluso en el caso de que la represión del PP y la negativa de la burguesía española a negociar otra cosa que las condiciones de la rendición obligase a Puigdemont a volver a ponerse al frente y dar un paso adelante, lo ocurrido el 10 de Octubre debe ser más que suficiente para que los dirigentes de la CUP rompan su apoyo al PDeCAT.

Desde Izquierda Revolucionaria llamamos una vez más a la dirección de la CUP, Podem y Catalunya en Comú, ERC… al movimiento estudiantil y sus organizaciones (Sindicat d’Estudiants, SEPC), al movimiento obrero y sus sindicatos de clase en Catalunya, a que establezcan un Frente Único de Izquierdas que se base en los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) y en todos los organismos que han ido surgiendo estas semanas en Catalunya, para organizar comités por la república en empresas y fábricas, en barrios y centros de estudio, y coordinarlos para reimpulsar el movimiento de masas, denunciando la aplicación del 155 y el resto de medidas que prepara Rajoy, y preparando una huelga general capaz de resistir cualquier acción violenta del Estado y conquistar la república catalana con un gobierno de izquierdas. Este Frente de Izquierdas debe romper cualquier subordinación a la derecha catalanista, al PDeCAT o a Puigdemont, y debe llamar a la solidaridad activa del movimiento obrero y la juventud en el resto del Estado.

La única manera de esclarecer la situación, de acabar con la confusión, de unir a los trabajadores y la juventud del resto del Estado con sus hermanos de clase en Catalunya es a través de la movilización masiva contra el gobierno del PP. Esta es la tarea de toda la izquierda, de todos los militantes y activistas conscientes. Ésta es también la responsabilidad de la dirección de Unidos Podemos, de Pablo Iglesias, de Ada Colau, que en estos momentos críticos deben dirigirse directamente a los trabajadores y a la juventud, especialmente a la base de CCOO y UGT, un mensaje claro de lucha contra la reacción.

La clase dominante española y catalana ve con terror la proclamación de la república catalana, y la razón no es sólo porque quebraría la idea de España, una, grande y libre. Saben que esta conquista del pueblo sería el preludio de una lucha aún más intensa y trascendental a favor de los oprimidos, contra la dominación de los capitalistas, contra el orden social establecido y por una república socialista en Catalunya y una república socialista federal basada en la unión libre y voluntaria de los pueblos y naciones que componen actualmente el Estado español. Una lucha que ya está conquistando la solidaridad activa de las masas oprimidas de Europa y de todo el mundo.

Las masas han sufrido un golpe. Un golpe que es más duro porque ha llegado de donde una inmensa mayoría de ellas no imaginaba. Pero el movimiento asimilará las lecciones de lo ocurrido. Si el gobierno del PP y sus aliados, desde Ciudadanos a la dirección del PSOE, si el Estado y la burguesía catalana y española, dan rienda suelta a su sed de venganza e intentan imponer un escenario de represión salvaje, la respuesta puede ser contundente. Parafraseando a Lenin, la revolución a veces necesita del látigo de la contrarrevolución. Nada de lo ocurrido en el último mes ha pasado en balde.

Visca Catalunya Lliure, Republicana y Socialista

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