El pasado 11 de enero comenzaba en Palma de Mallorca el juicio por el Caso Noós, que ha sentado en el banquillo a Iñaki Urdargarin y a su exsocio Diego Torres, por una supuesta apropiación ilegal de hasta 6,2 millones de euros de dinero público procedente de administraciones gobernadas por el PP. Además de ellos, también se juzga a la Infanta Cristina, acusada de dos delitos contra la Hacienda Pública, a destacados miembros del PP, como el expresidente de Baleares Jaume Matas, y conocidos empresarios baleares.
Este juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, está mostrando desde su primera sesión —famosa ya por la afirmación de la abogada del Estado, Dolores Ripio, de que la célebre frase “hacienda somos todos” es simplemente “publicidad”— el papel que juega la justicia bajo el sistema capitalista. Mientras esa misma justicia reprime a sindicalistas o luchadores de movimientos sociales con multas o años de cárcel, trata por todos los medios de salvar a los corruptos, mucho más si son de sangre azul, a pesar de la evidencia inculpatoria de las pruebas.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado al rescate de la infanta
Desde que comenzara la instrucción del caso, en noviembre de 2011, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la Casa Real, los grandes empresarios y el Gobierno han hecho todo lo posible para exculpar a la Infanta Cristina y apartarla del caso.
En diciembre de 2013, responsables de Hacienda, instruidos cuidadosamente desde el PP, aceptaron tres facturas falsas emitidas por Diego Torres a Aizoon (empresa propiedad al 50% de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín) para librarla de la acusación de delito fiscal. Lo más llamativo es que estos tres justificantes (por un importe total de 69.990 euros) habían sido considerados previamente “ficticios” por la propia Hacienda en un informe redactado en junio de ese mismo año. Pero ¡qué casualidad!, en sólo unos meses, esas mismas facturas se volvieron válidas.
Sin embargo, la implicación de la Infanta en el entramado empresarial de su marido mediante el cual obtenían dinero público fraudulentamente, era tan evidente que no se podía esconder. A pesar de que la Audiencia de Palma consideraba que la infanta “no podía tener conocimiento de las actividades ilícitas de la empresa de la que era socia”, tras investigarse las actividades, el juez Castro determinó que Urdangarin “difícilmente” pudo haber defraudado a Hacienda “sin cuanto menos el conocimiento y aquiescencia de su mujer”. Y es que mientras que su empresa daba pérdidas, en ella se cargaban todos los gastos personales de los duques: viajes al extranjero, la rehabilitación, decoración y suministros del palacete de Pedralbes (su vivienda en Barcelona), los costes de seguridad social y salarios de los empleados del servicio doméstico, entre otros.
Ante esta segunda imputación, el aparato del Estado se puso a trabajar a toda maquina para sacar del caso a la Infanta y a la Casa Real.Durante sus declaraciones ante el juez en la instrucción, la Infanta Cristina declaró que “no sabía” lo que hacía Urdangarin en el Instituto Nóos ni se acordaba de lo que hacía en Aizoon., aunque ella misma, junto con el secretario de las infantas Carlos García Revenga, aparecen como miembros de la junta directiva del Instituto Nóos.
A pesar de estas evidencias, la Fiscalía, el Abogado del Estado y el Gobierno han actuado en la práctica como abogados defensores de la Infanta. El fiscal anticorrupción encargado del caso, Pedro Horrach, acusó al juez Castro, cuando imputó a la Infanta, de dejarse llevar “por una teoría conspiratoria, absurda y denigrante para inculpar a la infanta Cristina”, al punto de llamar a declarar a inspectores de Hacienda para sostener que la Infanta Cristina no cometió delito fiscal. Tampoco podemos olvidar que detrás de la defensa del fiscal y la abogada del Estado se encuentra el gobierno del PP que es quien nombra a dichos cargos. En 2014 Rajoy se pronunciaba públicamente: “Estoy convencido de la inocencia de la infanta, le irá bien”. El Ministro de Justicia, en aquel momento Alberto Ruiz Gallardón, hacía lo propio, también ensalzando públicamente la presunción de inocencia de la hija de Juan Carlos I.
La doctrina Botín, o como las grandes fortunas se libran de la cárcel con el auxilio del Estado
A pesar de todos los intentos del fiscal de desimputar a la Infanta finalmente se ha tenido que sentar en el banquillo, pero el aparato judicial se ha puesto manos a la obra para intentar que finalmente no declare como acusada. Miguel Roca, abogado de la Infanta, propuso aplicar la llamada “doctrina Botín”, una triquiñuela establecida por el Tribunal Supremo para librar de la cárcel en 2007 al banquero Emilio Botín (alegando que la acusación particular no es suficiente para mantener un caso si la fiscalía no mantiene la acusación, tal y como sucedió entonces y tal y como sucede ahora). En teoría dicha doctrina iba a ser derogada por el Partido Popular, pero otra vez ¡oh casualidad¡ cuando la Infanta volvió a ser imputada la intención cayó en el olvido.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han propuesto que Doña Elena se beneficie de dicha doctrina, alegando que la Agencia Tributaria entiende que ella no ha cometido ningún delito contra la hacienda pública. Los familias trabajadoras que vemos la amnistía fiscal a los capitalistas defraudadores, la bajada de impuestos a las grandes empresas, y un larguísimo etcétera de medidas a favor de las grandes fortunas de este país, ya sabemos que Hacienda no somos todos, como remarcó Dolores Ripió, y que aquí los únicos que pagan impuestos somos nosotros, pero ¡cómo pueden tener tanto descaro de utilizar este argumento para defender la impunidad de la Infanta!
Además de luchar con todas sus fuerzas para que la Infanta no declare como acusada, la fiscalía y la Audiencia Provincial lo han dado todo para que ningún miembro de la Casa Real sea salpicado por el caso. Y todo ello, a pesar de que Diego Torres ofreció pruebas que hacen referencia a las relaciones entre Urdargarin y Corinna ZuSayn-Wittgenstein, “amiga íntima” del ex rey y reconocida comisionista para empresas armamentísticas. Corinna participó en los tinglados fraudulentos organizados por Nóos, como el Valencia Summit. Posteriormente , y por indicación real, fue la encargada de buscar un trabajo a Urdangarin en la Fundación Laureus, por el que podría haber llegado a cobrar hasta 250.000 euros al año. Hace unos días, el abogado defensor de Diego Torres, aportó una serie de correos electrónicos enviados por Urdangarin al rey “emérito” Don Juan Carlos I, en los que le pedía, entre otras cosas, que intercediera para agilizar el patrocinio de la empresa francesa Louis Vuitton al Valencia Summit, o para que personalidades deportivas, como Bernie Ecclestone, asistieran al evento. Es decir, los correos demostrarían que la Casa Real no sólo estaba al tanto de las corruptelas de Urdangarin sino que las favorecía y apoyaba.
Los negocios corruptos de la Monarquía española
Pero el Caso Nóos no es el único negocio oscuro y corrupto que ha mantenido la Casa Real. Algunos de ellos, una minoría, han trascendido públicamente. Cuando el ex rey Juan Carlos era aun príncipe, en tiempos de la dictadura franquista, recibió comisiones por el petróleo de Arabia Saudí exportado al Estado español a cambio de hacer de intermediario en las operaciones. Ya durante su reinado, recibió multitud de regalos de los grandes empresarios, como por ejemplo, el yate Fortuna o los BMW de alta cilindrada que recibe de la casa de coches alemana cada vez que salen el mercado. El caso de Botsuana era la punta del iceberg de todos los negocios que el rey Juan Carlos mantenía con los grandes empresarios españoles y extranjeros.
También Felipe VI, al que los medios de comunicación intentan vender como un rey joven, moderno y cercano, sigue fielmente la tradición de su padre. Sus magníficas relaciones con la Monarquía despótica de Arabia Saudí, dónde recientemente se ordenaba degollar a 47 opositores políticos, confirman una tradición señera de la monarquía española. Los viajes del joven monarca son instrumentales: ente discurso y discurso vela por los negocios de las grandes empresas españolas y de sí mismo, negocios que chorrean sangre, y que se hacen con un régimen que apoya sin rubor al Estado Islámico y lanza intervenciones militares brutales en Yemen.
En definitiva, la Corona española, que en tiempos de recortes ha visto como su presupuesto, pagado por todos, aumenta considerablemente, sigue gozando del amparo del aparato del Estado y de total impunidad. No ha sido la “justicia” sino la indignación social ante el comportamiento de los poderosos, la que ha hecho que, por primera vez en la historia, un miembro de la Casa Real se siente en un banquillo. Una indignación social que ha desacreditado completamente una institución capitalista obsoleta, reaccionaria y corrupta.
