Mexikon kapitalismoaren basakeria mundu osoko sarraski handienean ikus daiteke: 2006an Estatuak “narkoaren aurkako gerra” hasi zuenetik 150 mila hildako eta 20 mila desagertu daude. Kapo mexikarrak munduko pertsona boteretsuenetarikoak dira, eta horretarako Estatuaren eta kapital finantzieroaren ezinbesteko laguntza izan du. Hauen aurka eta burgesiaren erregimen ekonomiko eta politikoari aurre egiteko, langileriaren emantzipazio ekonomikoaren alde borrokatu behar da, hau da, sozialismoaren alde.

1. zatia

I. Introducción

En México la barbarie capitalista actualmente se expresa a través de lo que podría ser calificada como una de las peores carnicerías humanas que se están desarrollando en el mundo entero. La aventura lanzada por el Estado, desde 2006, a través de la supuesta “guerra contra el narco” y el accionar de los propios cárteles de la droga han dejado como saldo aproximadamente 150 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos. En medio de todo ello, entre fuego cruzado, han quedado amplios sectores del pueblo trabajador; víctimas de extorsiones, asesinatos, desapariciones, secuestros, robo de hijas y esposas, entre muchas otras calamidades más.

Los capos mexicanos son ahora los más poderosos del planeta por su determinación para aprovechar exitosamente las condiciones que permitieron un cambio profundo en la división del trabajo en el mercado mundial de drogas; dejando el trasiego en segundo plano para transformase principalmente en productores. Junto con ello, han monopolizado las actividades criminales más rentables además del tráfico de drogas: el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, la trata de blancas, la piratería, el tráfico de inmigrantes ilegales, el contrabando, etcétera. Pero sobre todo, ha sido su capacidad para apoyarse en el capital financiero lo que los ha fortalecido; de esta manera han multiplicado sus ganancias en diez, veinte o hasta más veces. Uno de los cálculos más conservadores sobre el poder económico del narcotráfico señala que éste genera ingresos anuales por 40 mil millones de dólares, únicamente por la venta de enervantes. Aunado a ello, el lavado de dinero les ha permitido penetrar en el 78% de los sectores económicos del país (especialmente el minero, agropecuario, farmacéutico, químico y el área de fideicomisos) de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia. Lo anterior sin olvidar sus negocios legales en aproximadamente 50 países además de México.

Para llegar tan lejos, la mafia del narco necesitó, entre otras, de tres condiciones básicas. La primera, contar con la complicidad del Estado. La segunda, contar con el apoyo del capital financiero. Por último, explotar y oprimir a vastos sectores de la población a través del terror sistemático. El narco mexicano se encumbró al amparo del Estado y del sistema capitalista en su conjunto.

León Trotsky explicó que entre los oprimidos existe un límite moral para tolerar los abusos y la explotación, pero también señaló que en muchas ocasiones, ya que la paciencia se ha agotado, la respuesta de los explotados contra sus opresores incluso va acompañada de la pérdida del miedo a perder la vida. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en algunos puntos del país, lacerados por la lacra del narcotráfico y toda clase de abusos por parte del ejército y los diferentes grupos policíacos. La conformación de grupos de autodefensa armados, integrados por miles de hombres y mujeres, ha sido la respuesta ante la amarga realidad que desangra a México.

En estados como Michoacán y Guerrero, con añejas tradiciones revolucionarias, el fenómeno de los Grupos de Autodefensa y las Policías Comunitarias ha adquirido un excepcional desarrollo. En ambos estados, con fusil en mano, estos grupos han logrado replegar a los cárteles de la droga a un grado tal que ya se contabilizan por algunos cientos el número de comunidades e incluso pequeñas ciudades que les han sido arrebatadas a las bandas criminales. En apenas unos meses, a partir su aparición a principios del 2012, los Grupos de Autodefensa lograron importantes éxitos militares, mismos que no había tenido el Estado en años de “guerra contra el narco”, a pesar de su poder de fuego por medio del Ejército y la Policía Federal (militarizada).

Además del problema de la violencia, el movimiento de los Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias también surge como una expresión del descontento del campesinado ante la política estatal de socavar el agro mexicano. Son ya más de tres décadas en las que se ha llevado a la ruina entera al campo por diferentes medios, incluidos el despojo de miles de hectáreas a miles de familias campesinas. En los últimos años se ha producido un proceso de concentración de tierras propio del Porfiriato y gracias al cual, por ejemplo, la industria minera se ha apropiado de una cuarta parte del territorio nacional.

Así, esa doble depredación, la provocada por el capitalismo a través de fenómenos extraordinariamente decadentes como es el narcotráfico y la generada por las propias políticas del Estado para apalancar la concentración del capital, es la que subyace y explica la determinación de un sector, no marginal, del campesinado pobre para organizarse por medio de la vía armada. Las Policías Comunitarias y los Grupos de Autodefensa son un hecho muy positivo y progresista, que está marcando un punto de inflexión -¡Y de qué manera!- en la lucha de clases. Su contenido revolucionario no sólo radica en que es un movimiento de campesinos armados, sino sobre todo en que es un movimiento de masas. No se trata de una expresión guerrillera; aislada de las comunidades, por el contrario es un movimiento surgido de éstas y que ha contado con la capacidad para arrinconar al Estado, con relativa facilidad, creando abiertos embriones de doble poder en la mayor parte de aquellos lugares donde tienen presencia. Su esencia revolucionaria también radica en que son un ejemplo para el resto de la clase trabajadora y del campesinado pobre sobre el camino a seguir en la lucha contra los explotadores. El auge durante el último año del movimiento de las Autodefensas demuestra que las tradiciones de la Revolución Mexicana de 1910, forjadas por los ejércitos de Villa y Zapata, están vivas y pueden resurgir entre una capa aún mayor de campesinos pobres, jornaleros agrícolas y dentro del proletariado urbano.

De ahí la insistencia del Estado para tratar de copar a los Grupos de Autodefensa, dividirlos, desorganizarlos y desarmarlos. La burguesía está muy interesada en frenar a estos grupos antes de que su ejemplo conecte con el descontento que generan los ataques contra el conjunto de la clase trabajadora. Sin embargo, esa misma razón es la que ha hecho temblar a algunos dirigentes e intelectuales de izquierda que acusan a los Grupos de Autodefensa de ser paramilitares y obra del Estado burgués: Ese es un análisis totalmente erróneo, que le es útil a la derecha en sus objetivos de desprestigiar a los campesinos y trabajadores alzados en armas en Michoacán y Guerrero para tratar de aislarlos y crear condiciones para su derrota, incluso de forma sangrienta. Esos mismos intelectuales son los que, con temblor en las rodillas, en 1994 acusaron al EZLN de ser “obra de Salinas”.

Rechazamos categóricamente toda esa clase de argumentos y por el contrario saludamos el auge del movimiento de las Autodefensas y Comunitarias. Nuestra posición no la establecemos con base en el entusiasmo revolucionario -¡Pero vaya que anima la lucha heroica del campesinado!- sino en el análisis científico de la realidad, asumiendo el punto de vista de los explotados, es decir a través del cristal del materialismo dialéctico de Marx y Engels. A lo largo del presente texto, Militante analiza las causas que han dado origen al movimiento de los Grupos de Autodefensas y Policías Comunitarias. Estudiamos su desarrollo durante el último año de su existencia así como también señalamos el programa, los métodos y el camino que deben seguir para extender y reforzar su lucha en otras latitudes del país.

Consideramos necesario que los trabajadores de las ciudades tengan un concepto adecuado de la lucha del campesinado pobre para así vincularse a ella, fortaleciéndola e integrando sus propias demandas.

Los Grupos de Autodefensa y las Policías Comunitarias pueden vencer, a estas alturas ya han dado sobradas muestras de ello. La condición para que la victoria contra sus enemigos no sea temporal ni efímera, asimismo para que este heroico movimiento no sea aplastado por el Estado; es que deben enarbolar un programa político en el que además de la problemática del narco, se planteen la lucha abierta contra el capitalismo; acompañado sus acciones con una táctica de lucha que los organice a nivel nacional y que los vincule con la lucha de los trabajadores de las ciudades.

El auge de los Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias representa un gigantesco paso al frente de los oprimidos en su lucha contra los opresores, por lo tanto, la clase trabajadora de todo México debe brindarles su apoyo. Con el presente análisis, Militante contribuye con éste último objetivo.

México D.F., marzo del 2014

II. Los orígenes de la guerra… ¿contra el narco?

El narcotráfico antes del 2006

El narcotráfico en México ha sido un fenómeno económico, político y hasta cultural que adquirió ciertaimportancia en los años cuarenta del siglo pasado, cuando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial quedaron rotas las redes entre los productores asiáticos y los consumidores norteamericanos. A partir de ese momento, la clase dominante en proceso de caótica reorganización tras las últimas embestidas de la Revolución Mexicana, se vio atraída a éste negocio, animados por “emprendedores” norteamericanos. Cada eslabón del negocio surgió como parte de una misma cadena: terratenientes, empresarios, políticos priistas, instituciones del Estado y del Ejército, cada uno de ellos ocupaba más de una posición, era imposible separarlos en cada una de sus funciones, formaban un todo.

El régimen priista se caracterizó por la centralización del poder en la figura del presidente. Éste era el encargado de dirimir las desavenencias entre la clase dominante. Durante sus inicios, el negocio de las drogas estuvo fuertemente controlado, las disputas regionales y estatales eran acotadas por la fuerza del poder ejecutivo y los altos mandos del Ejército. Sin embargo, los cambios económicos a nivel mundial, la entrada del llamado “neoliberalismo” dio al traste con este sistema político que culminó con la salida del PRI de la presidencia, en el año 2000, después de haberla ejercido durante 71 años. Paralelamente al declive del priismo, durante las décadas de los ochenta y noventa, la presión sobre los cárteles de la droga en Colombia colocó a los cárteles mexicanos como los líderes del negocio.

El primer gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox (2000-2006), culminó envuelto en todo tipo de escándalos de corrupción, algunos de ellos relacionados con el narcotráfico. En esa época se fugó “El Chapo” Guzmán de un penal de máxima seguridad y los asesinatos alcanzaron una cifra alarmante: 74 mil homicidios al finalizar el sexenio. Ese sería el preludio para en el sexenio siguiente llegar a los más de 101 mil homicidios durante el sexenio de Calderón. Al respecto, la ONU determinó que entre 2007 y 2010 México ocupó el primer lugar mundial en el incremento en la tasa de homicidios, esta creció 29.3% (1).

Lucha de clases y ruptura del equilibrio capitalista

La clase dominante en México se encontraba aterrorizada, las elecciones presidenciales del año 2006 generaron un ambiente de movilización sin precedentes. La clase trabajadora mexicana se sumaba a la oleada revolucionaria que había llevado al poder a gobiernos de izquierda en Venezuela (1999), Brasil (2003), Argentina (2003), Bolivia (2006) y Chile (2006).

La clase trabajadora se encontraba en un estado de especial agitación en todos los frentes. A principios del año el sindicato minero, afiliado al PRI, rompió por primera vez, en casi un siglo de historia, con la disciplina del partido y encabezó una lucha donde convocó a dos paros nacionales de todo el sector minero-metalúrgico. En ese momento la confrontación ya era abierta, así que el gobierno decidió reprimir la huelga de los mineros del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, semanas antes del Día del Trabajo. Las consecuencias fueron la derrota aplastante de la policía militarizada y la creación de un frente que agrupó a las centrales sindicales corporativas: CROC y CROM y la central sindical independiente UNT, ligada al partido del candidato de la izquierda. El régimen estaba carente de alternativas por lo que repitió la receta de la represión semanas más tarde.

En Oaxaca, los profesores que se encontraban en plantón por aumento salarial fueron cruelmente reprimidos a finales de mayo, lo que dio pie a un levantamiento en todo el estado. Para principios de junio, a menos de un mes de las elecciones, el gobierno había huido de la capital del estado, quedando el control en manos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La situación era de una dualidad de poderes. Hasta dónde había escalado la lucha, que el frente común de sindicatos afiliados al PRI y la UNT se vieron presionados y amagaron con realizar una huelga general contra el gobierno ¡una semana antes de las elecciones!

Pero eso no era todo. La agitación política seguía su curso de sur a norte: en Estados Unidos, entre abril y mayo del 2006, se vivieron las manifestaciones más numerosas y desafiantes que nunca antes hayan protagonizado los trabajadores inmigrantes, la mayoría latinoamericanos. El punto culminante se alcanzó el 1 de mayo, con un paro general donde se calcula que participaron un millón de trabajadores, realizándose movilizaciones multitudinarias en las ciudades más importantes de la Unión Americana. Todo era un claro reflejo del acenso de la lucha de clases en el continente que ahora incluso tocaba las puertas de EUA. El imperialismo tenía totalmente claro que bajo ningún concepto permitiría la llegada de un “nuevo Hugo Chávez” junto a su frontera.

El fraude electoral que le dio el “triunfo” a Calderón, una vez más empujaba la lucha al punto del desbordamiento. En los dos meses posteriores a las elecciones del 6 de julio se produjeron las movilizaciones más concurridas en la historia del país; la primera con más de un millón de personas, seguida de otra de más de dos millones, alcanzándose el punto culminante en el mes de agosto con más de tres millones al grito de: “¡Si no hay solución, habrá revolución!” La situación para la burguesía, el gobierno mexicano y norteamericano, era casi desesperada, pero no tenían más remedio que seguir adelante.

La guerra contra la clase trabajadora

Años más tarde se supo que Calderón, ya como presidente electo , solicitó al ejército que reprimiera las manifestaciones contra el fraude. A un sector de la clase dominante no le bastaban las intenciones de Obrador para que el movimiento “no se desbordara”, necesitaban garantizarlo por su propia mano. El ejército se negó, comprendían que lo ocurrido en Michoacán, pero sobre todo en Oaxaca, se podía repetir a escala nacional volviendo la situación incontrolable. Además del fracaso de los anteriores intentos de represión, otro poderoso argumento de los generales era que el más del 70% de la tropa había votado por López Obrador. Todo apuntaba a que la represión abierta generaría más problemas que soluciones.

Finalmente, Obrador logró que el movimiento no escalara en líneas revolucionarias, el argumento: quería evitar un baño de sangre. Pero la clase dominante no estaba conforme, tenía claro que los millones que se habían movilizado ejercerían una presión enorme sobre el nuevo gobierno. La burguesía necesitaba crear una situación de terror que le permitiera implementar toda una serie de medidas para inhibir la lucha y la organización de la clase trabajadora. En ese marco se declara la llamada “guerra contra el narco”. Diez días después de asumir la presidencia, Calderón anunció la militarización del país: ordenó la movilización de la mitad del ejército, entre 60 mil y 70 mil soldados fueron enviados a diferentes puntos del país además de un número similar de policías federales. Con la llamada “guerra contra el narco” Calderón pretendía ganar la legitimidad que no logró a través de las elecciones y de paso poner al servicio del Chapo Guzmán el aparato del Estado en la disputa por el mercado y las rutas de la droga entre los diferentes cárteles. En resumen, desde su punto de vista, conseguía la excusa adecuada para militarizar el país y de paso criminalizar al movimiento obrero, todo ello quedó reflejado en la llamada “ley antiterrorista” (Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública) aprobada en diciembre del 2008.

Confrontar superficialmente el negocio del narcotráfico, parecía ser un asunto del cual el gobierno podría sacar provecho en varios sentidos. Urgido de legitimidad, Calderón esperaba movilizar a la “opinión pública”, a la pequeña burguesía e incluso a sectores de la clase trabajadora en rededor suyo, so pretexto de que por fin, alguien pondría orden a los violentos delincuentes. La movilización del Ejército también tenía el objetivo de reforzar el prejuicio de los dirigentes de izquierda, los cuales insistían una y otra vez que era mejor limitar las manifestaciones de lucha, ante el peligro de la represión por parte del Estado. Por último, era una realidad que el negocio del narcotráfico se encontraba en expansión, sentía cada vez más confianza y se movía de forma más independiente a la voluntad centralizada del Estado. La “guerra contra el narco” le debería devolver a Calderón las riendas del negocio, meter en cintura a los políticos de cualquier signo; utilizando sus vínculos con el narcotráfico para quitarlos del camino y hacer avanzar a su fracción dentro de su partido.

Como no podía ser de otra manera, el imperialismo norteamericano era un orquestador clave de esta campaña. Definitivamente compartían el afán de sosegar a la clase trabajadora, no obstante su posición era bastante distinta a la del gobierno mexicano. La alianza que establecieron no era un pacto entre iguales. El gobierno norteamericano estaba dispuesto a obtener el máximo provecho de la fragilidad del gobierno de Calderón en favor de sus propios intereses.

Los objetivos de EUA en la “guerra contra el narco”

La “diplomacia” norteamericana encontró en los turbulentos acontecimientos del 2006 el último impulso que necesitaba para imponer su política. Así lo describe el periodista Carlos Faszio:

“En mayo de 2005, dos meses después de la creación de la Aspan (extensión del TLC), se divulgó el informe Construcción de una comunidad de América del Norte, en cuya elaboración participaron un grupo de mercaderes comisionistas locales, como el embajador Andrés Rozental, el salinista Pedro Aspe y el ex subsecretario de Comercio, Luis de la Calle. Pero el embate final del complejo militar industrial estadounidense comenzó inmediatamente después del fraude electoral de julio de 2006, cuando en plena transición y bajo la batuta del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; Mouriño, Sarukhán y Cordero asistieron en el hotel Fairmont Banff Springs, de Alberta, Canadá, a un cónclave secreto con ministros, altos ejecutivos –entre ellos los de la petrolera Chevron, Bechtel y Lockhedd Martin, la mayor contratista de armas del mundo– y militares cinco estrellas, incluido el almirante Tim Keating, jefe del Comando Norte.

Aprovechando el "ánimo reformista" de Felipe Calderón y su equipo de transición, se habló entonces de cómo "ceder soberanía nacional a favor de una Norteamérica más fuerte". La reunión se centró en la interrelación entre los sistemas de defensa, militarización, seguridad nacional, fronteras, migración, producción de equipo militar y control sobre los recursos energéticos de Norteamérica”.

Además del contenido, también se definió de forma explícita la forma en que serían presentados los acuerdos económicos, para darles una apariencia amistosa: “El resumen confidencial de Toronto lo dice con claridad, “los integrantes del GIT acordaron en general que [...sus] recomendaciones serán tomadas más en serio en tanto se pongan en un contexto de profundas preocupaciones sobre seguridad; por ejemplo, una mayor cooperación regional sobre energía podría presentarse como una respuesta a preocupaciones relacionadas con la seguridad” (2).

Al término del sexenio de Calderón, el gobierno norteamericano logró ejercer una influencia como nunca antes la había tenido sobre el aparato represivo del estado. Agencias como la DEA y el FBI lograron instalarse legalmente en el país, dándole al gobierno norteamericano la posibilidad de jugar un rol independiente en la administración del negocio del narcotráfico, al margen de su “aliado”. No en balde durante el sexenio pasado se acuño el término “afganización”, haciendo referencia a la enorme influencia y capacidad de operación independiente del Estado norteamericano en México.

Pero en última instancia, para los intereses imperialistas “el combate al narcotráfico” también era una simple fachada, sus objetivos eran mucho más ambiciosos y se cernían sobre el conjunto de la economía del país. En palabras de Rishchynski, un alto mando militar canadiense:

“La palabra que se escuchaba hace 15 años cuando entró en vigor el TLC, era ‘exportar’; ahora es la palabra ‘integración, porque ahora ya no se trata solo de vender de uno a otro, sino de producir de manera conjunta para mantener la competitividad mundial”, acotó.

Para Rishchynski, la clave del éxito en el futuro de la relación económica trilateral es pensar menos en lo nacional y más en lo regional para poder atacar mercados globales y aprovechar la plataforma norteamericana. Tenemos que entender que ésta es la nueva modalidad que no es simplemente el hecho de exportar y vender, sino cómo bajar las barreras para permitir este circuito integrado y poder mejorar aún más, reducir costos, ampliar la tecnología y tener acceso a la mano de obra calificada”(3).

La política del imperialismo yanqui quedó plasmada en la llamada Iniciativa Mérida, firmada por Bush y Calderón en junio del 2008, misma que hasta 2012 había significado la inversión del imperialismo en México de 2 mil 143.2 millones de dólares, siendo destinados el 88% de ellos al ejército, la policía y el aparato judicial.

Sí, la “guerra” en el fondo era para asegurar que México, lejos de abrirse a una situación revolucionaria como la de Venezuela o Bolivia, siguiera proveyendo de mano de obra barata, recursos naturales y energéticos al imperialismo norteamericano, pertrechándolo así en su guerra comercial contra China y otros países. En este contexto fue que en el 2009 lograron abatir los salarios industriales en México, los cuales llegaron a ser 19.6% más baratos que en China. Simultáneamente han incrementado la productividad de forma sostenida desde ese mismo año y hasta el 2013. ¡He aquí los éxitos de la “guerra contra el narco”! ¡Eh aquí por qué la guerra debe continuar, inhibiendo una respuesta de gran envergadura de la clase trabajadora contra los capitalistas!

Una guerra inter-burguesa

La política de Calderón estuvo muy lejos de ser idílica para la clase dominante. A lo largo de todo su sexenio la estabilidad capitalista se rompió por todos los frentes. La clase trabajadora de ninguna manera estaba aniquilada y seguía poniendo un obstáculo tras otro a los planes de la burguesía. En 2008 estalló la crisis económica mundial y un año después el PIB nacional calló un 6.5%, en ese año la economía mexicana fue la más golpeada de todo el continente. Los peces gordos de la economía nacional protagonizaban sendas batallas entre sí; los partidos de la burguesía –PRI y PAN- se atacaban sin recato. El imperialismo entraba con decisión para asegurarse sus propios beneficios, desplazando y pasando por encima de sus anfitriones. El negocio del narcotráfico crecía como la espuma, lavando miles de millones de dólares, aprovechando la urgencia de los bancos por capitalización. El Ejército, la Marina, la Policía Federal y las Policías Municipales actuaban cada una por su cuenta y cada una de estas instituciones estaba en sí misma fragmentada; cada pedazo inconexo de ellas obedecía a su propio “jefe”; ya fuera éste de uno u otro grupo del narcotráfico o del propio gobierno: ¿qué gobierno? Había quién sobre todo atendía al gobierno norteamericano y otros al mexicano. Todos estos factores interactuaban entre sí, era imposible controlarlos y todos tendían a socavar al Estado, el cual era como un animal débil, herido y acechado; que con todo y todo, atacaba para sobrevivir. El país estaba en una crisis perfecta.

El objetivo de Calderón de ninguna manera era acabar con la economía del narcotráfico, le interesaba acotar sus manifestaciones más extremas, en aquella parte que tenía que ver con la creciente violencia e inseguridad pública. En el mejor de los casos, el grupo de panistas en la presidencia aspiraba a recuperar el papel rector del Estado y de la presidencia en el negocio de las drogas. Una prueba de ello, es que más allá de los enfrentamientos militares, las detenciones de capos, los decomisos de drogas y armas, la columna vertebral del negocio, su sector financiero, creció: un año antes de terminar el sexenio el lavado de dinero había aumentado en un 105% respecto a todo el sexenio anterior (4). Para cuando terminó el sexenio, un comparativo entre la información publicada por la PGR en México y el Departamento de Estado de EUA, revela que únicamente se decomisó el .09% de todo el dinero blanqueado proveniente del narcotráfico (5).

Algunos analistas que se precian de tener un conocimiento profundo del tema, han señalado el “error” de la estrategia gubernamental al no haberse concentrado en atacar las redes financieras del negocio del narco. Presentando la situación como un error de estrategia se niegan a reconocer la imposibilidad de que el gobierno impuesto por los empresarios del país, atacara los intereses vitales de este mismo grupo social. Por otro lado es imposible separar aquellos sectores de la economía influenciados por el dinero del narcotráfico de los que supuestamente están libres de esa influencia. Luis Astorga, en su libro “El Siglo de las Drogas”, plantea que las ganancias del narcotráfico están vinculadas con el 75% del conjunto de la economía. El vínculo tan estrecho entre los capitalistas que controlan la vida económica del país y el negocio multimillonario de las drogas, fue lo que llevó la estrategia de Calderón al atolladero. Ni los capitalistas ni los políticos burgueses, en la práctica, estaban dispuestos a perder sus ganancias, ni siquiera para darle un poco de legitimidad a su propio gobierno.

El hecho de que la presidencia se mostrara impotente para limitar las disputas de los grupos rivales del narcotráfico terminó por acentuar el carácter independiente del negocio, que además, se encontraba en plena expansión: mientras tenía acceso a mayores recursos económicos, más influencia podía comprar en el aparato del Estado. Por si fuera poco, el propio imperialismo también era consciente de que entre más débil era la cohesión interna del aparato del Estado mejores eran las concesiones que podía arrancarle. Así fue que la presidencia y las cámaras de diputados y senadores aceptaron sin rechistar la entrada al Acuerdo Transpacífico; que subordina, aún más, a Chile, Perú y México en la batalla de EUA contra China; aprobaron también la explotación de Estados Unidos de los yacimientos petroleros del Golfo de México; aceptaron la victoria completa de la agroindustria norteamericana y sus semillas transgénicas sobre los productores de maíz y como colofón, la privatización del petróleo en las mejores condiciones para las empresas norteamericanas. Así es como se explica el “error” de la agencia norteamericana ATF, donde en el operativo denominado “Rápido y Furioso” -que por cierto, no fue el único en su tipo-, entregó más de 1700 armas de alto poder a distintos grupos de narcotraficantes para “seguirles la pista”, sin el consentimiento y a espaladas de cualquier institución del gobierno mexicano. El objetivo era someter al Estado para seguir “negociando” con él.

El ejemplo más importante de cómo las divisiones y enfrentamientos a escala mundial de los intereses imperialistas son los que han dominado la situación caótica del país, lo representa el juicio que en 2011 perdió el banco HSBC, el más importante de Europa, en una corte estadounidense, por lavado de dinero. HSBC aceptó pagar una multa de 1,900 millones de dólares por lavado de dinero de diferentes países, incluidos México y Colombia, por un monto total de 881 mil millones de dólares entre 2006 y 2010. La multa representó menos del .5% del total de dinero involucrado (6). Estas ganancias colosales se produjeron a costa de la sangre de cientos de miles de pobres en nuestro país.

Balance de la guerra capitalista

La guerra económica, política y militar entre capitalistas, ha dejado a millones de trabajadores en la pobreza. El saldo durante el sexenio de Calderón es de 12 millones de nuevos pobres; la cifra global de pobreza alcanza los 98 millones, el 81.6% de la población del país (7). El resto oficialmente “no pobre” está muy lejos de tener una vida digna, la pequeña burguesía también se ha visto mermada. Entre los “no pobres” se destacan y separan los ricos (hace años López Obrador hablaba de las 60 familias que controlan el país): los dueños de la banca, la tierra, la industria, el narcotráfico y el Estado. Las pugnas internas de éste último , su afán de doblegar al proletariado, su falsa guerra contra el narcotráfico dejó un saldo, entre 2006 y 2012, de más de cien mil asesinatos; el gobierno reconoce que por lo menos 70 mil se asocian directamente con la “guerra contra el narco” ; más de 20 mil desaparecidos; más de 140 mil desplazados. Sólo en la región de Tierra Caliente en Guerrero se contabilizan 5 mil niños huérfanos producto de la violencia del narco. Conforme las cifras que intentan cuantificar la barbarie se alejan de las oficinas y se acercan más a los barrios pobres, crecen hasta hacerse inconmensurables.

Durante estos años, toda una serie de conquistas en el ámbito social, económico y político, han quedado totalmente anuladas. En vastas porciones del país la ley que vale es la de los narcotraficantes, coludidos y amparados por los grandes capitalistas, por los caciques de la política que controlan el Estado. Al principio fueron sometidos a la lógica de la ley impuesta por el narcotráfico los pueblos más remotos, luego los municipios de cierta importancia, luego las ciudades y por último los centros económicos y políticos más importantes del país; como Monterrey, Guadalajara y el Estado de México. El ambiente opresivo, de impunidad, de guerra unilateral contra los trabajadores es totalmente propicio para que el sistema capitalista avance, arrebatando conquistas laborales, privatizando empresas, saqueando las arcas del Estado y en última instancia, haciendo por demás complicada la participación política, consciente y revolucionaria de los sectores más oprimidos por el capitalismo; con los cuales se ha ensañado.

La propaganda oficial ha tratado de vender la idea de que hay muertes que valen la pena: la de losnarcotraficantes. Presentan a los sectores explotados más bajos, al lúmpen, anulados de cualquier rasgo de humanidad a lo largo de toda su existencia, como los trofeos de la guerra. Marcela Turati, periodista que ha documentado el calvario de las víctimas del negocio, refleja de la siguiente manera el estatus social promedio de los narcotraficantes asesinados y de las personas comunes que “desafortunadamente” fueron víctimas de una bala perdida, de una “confusión” o de un “exceso” de los narcos, de los militares o de ambos:

“Los muertos de la guerra… tienen rostro de joven de 24 a 35 años, de sexo masculino, habitante de la frontera norteña. Estaba casado, si no es que vivía en unión libre. Era padre. No tuvo más que la educación básica. Siempre fue pobre. Murió de forma violenta. Si tuviera que describirse en uno solo, este sería el perfil que compartirían la mayoría de los asesinados del sexenio. Un retrato idéntico al de su homicida, que sólo varía en la edad: era cinco años más joven. Víctima y victimario son reflejos del mismo espejo” (8).

En última instancia, quien sobre todo necesitaba ponerle un freno a esta masacre, era la clase trabajadora, para ello se ha visto obligada a desafiar los métodos represivos acordados desde la Casa Blanca. El grueso de los dirigentes de izquierda, intelectuales “progresistas”, “sesudos” analistas: todos los que han renegado de la necesidad de la revolución social, afirmaban que era imposible derrotar al monstruo del narcotráfico y en cierto sentido lo era, hasta que campesinos, jóvenes, trabajadores y algunos de los sectores de la clase media se organizaron y lo hicieron realidad.

Fuentes

1. México. 101 199 homicidios dolosos en el sexenio de Calderón.(2012-11-27). El Diario. Consultado en http://www.eldiariony.com/homicidios-dolosos-Mexico-101,199-sexenio-Calderon

2. Fazio C.(19 de septiembre 2011). Cordero, la Aspan y 2012. La Jornada. México. Consultar http://www.jornada.unam.mx/2011/09/19/opinion/033a1pol

3. Ágora, Tres naciones, una voz, No 3, Vol 4, EUA,2011. Consultado http://agorarevista.com/es/articles/rmim/features/first-glance/2011/07/0...

4. B de M: en dos sexenios panistas el crimen lavó mas de 46.5 mil mdd. (2011-11-29). Jornada Consultarhttp://www.jornada.unam.mx/2011/11/29/economia/025n1eco

5. Flores N. (2012- 07-12). Cárteles lavan 3 billones en el sexenio de Calderón. Contralínea. Consultar http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/07/29/carteles-lavan-3-billones-en-sexenio-de-calderon/

6. Notimex (2012-11-12) HSBC acepta pagar monto histórico por lavado de dinero. El Economista. Consultar http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2012/12/11/hsbc-acepta-pagar-multa-historica-lavado-dinero

7. Pérez M. González S. (2013-07-29) . Bolvinik: el número de pobres creció en 12 millones con Calderón La Jornadahttp://www.jornada.unam.mx/2013/07/29/sociedad/037n2soc

8.Turati M. (2012-12-29). Narcoguerra: los rostros de víctimas y victimarios. Proceso. Recuperado http://www.proceso.com.mx/?p=329023v

2. zatia:

III. La bancarrota del campo: narcotráfico y Grupos de Autodefensa

Actualmente el movimiento de los Grupos de Autodefensa y de las Policías Comunitarias está ligado principalmente al campo. Desde pequeños propietarios hasta ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra y jornaleros agrícolas, conforman  la base social de éstas expresiones radicales de organización y lucha no vista en décadas en México, misma que ha derivado en abiertos embriones de doble poder en vastas regiones de los estados de Michoacán y Guerrero.

Dada su actual extracción social, se concluye que el movimiento armado en su origen y en sus perspectivas no puede ser analizado al margen de la problemática del campo y la cuestión agraria en México.

La Revolución Mexicana de 1910-1920 fue el principal motor para cambios progresistas muy profundos que marcaron la vida de nuestro país durante décadas: la educación pública, los derechos laborales, las expropiaciones de las principales palancas de la producción y el trasporte así como la  estatización del 50% de la economía y la industrialización, un sistema público de salud ejemplar, la masiva política de vivienda social, el monopolio del Estado sobre el mercado interno y las exportaciones e importaciones de alimentos , el reparto de la mitad del país entre millones de campesinos sin tierras seguido de subsidios significativos para el campo, etcétera.

Todas ellas fueron medidas que sacaron a nuestro país de la situación de barbarie y atraso en que se encontraba por aquellos años, gracias al papel cobarde y parasitario de la burguesía nacional atada económicamente al régimen porfirista y a las trasnacionales británicas, francesas y yanquis que durante las décadas previas a la revolución se adueñaron del país.

Por las conquistas logradas por el movimiento armado de 1910-1920 y sus efectos de ondas expansivas a lo largo de muchos años, la Revolución Mexicana puede ser considerada las más profunda y radical de toda América Latina, solamente superada por la Revolución Cubana de 1959. Así pues, durante varias décadas la burguesía se vio obligada a cohabitar con toda una serie de medidas contradictorias con la lógica de la concentración capitalista. Esta situación fue resultado de la tenacidad de la clase trabajadora y del campesinado pobre para defender las conquistas heredas por la revolución;  pero por  otra parte se explica gracias a que  la etapa ascendente del capitalismo a nivel mundial así lo permitía. Sin embargo, en cuanto el contexto económico cambió, todos los logros del pasado se hicieron intolerables, abriéndose con ello un nuevo periodo en la lucha de clases,  marcado entre otras cosas, por una táctica de desmantelamiento gradual pero sostenido de todas aquellas políticas que beneficiaban a la clase trabajadora y demás sectores oprimidos por el capitalismo.

Concentración de tierras y desmantelamiento del campo
Durante décadas, especialmente entre los años 60 y 70, las naciones latinoamericanas, incluido México, financiaron su desarrollo industrial con préstamos provenientes de instituciones bancarias extranjeras, teniendo como consecuencia que para principios de los años 80 la deuda externa equivaliera al 50% del Producto Interno Bruto (PIB) regional a tasas anuales de interés del 20.4% Esta realidad se contradecía  enormemente con la recesión internacional estallada a mediados de los 70 y que se prolongó a lo largo de la siguiente década, misma que provocó una crisis de liquidez en toda América Latina hundiéndola en el estancamiento económico. México, que durante ese periodos había sido favorecido por los préstamos dado sus jugosas rentas petroleras (el precio del barril pasó de 12.80 a 37 dólares entre 1976 y 1980 estimulado por el embargo de los países árabes contra los EEUU y Europa occidental) vio un cambio súbito en  el panorama, cuando los precios de los hidrocarburos se empezaron a replegar; siendo en 1981 el precio del barril de 28.69 dólares,  llegando a ubicarse en los 11.86 dólares en 1986. Ante ese panorama desfavorable y en el marco de la recesión mundial, una cuarta parte la deuda externa, que para ese entonces correspondía a Pemex, se transformó en un enorme lastre a tal grado que en agosto de 1982 el gobierno se vio obligado a declarar unilateralmente una moratoria de 90 días. Los bancos acreedores vieron en ello un serio síntoma de la incapacidad de los países latinoamericanos para cubrir sus obligaciones, por lo que reaccionaron reduciendo o de plano suspendieron los préstamos a los diferentes países de la región desencadenando lo que sería conocido como la crisis de la deuda externa.

Así, México experimentó un decrecimiento del PIB en 1982 del 0.5%, significando ello el final de un largo periodo de auge económico (por ejemplo entre 1972-1981    la economía crecería a un promedio anual del 5.5 %) para dar paso a una etapa marcada por el estancamiento: entre ese último año y 1996 el desarrollo del PIB sería de   1.5% anual. Ante las consecuencias de la crisis y dados los intereses del capital financiero que exigía garantías para que los beneficios del endeudamiento sobre México continuarán fluyendo, el gran capital definió toda una estrategia política y económica que tuviera como objetivo desmantelar las conquistas de la Revolución, eliminando todos los elementos atípicos  y hostiles a la lógica capitalista, para con ello asegurar un funcionamiento de la economía que propiciara mejores condiciones para recuperar las tasas de beneficio para la burguesía y recrear en condiciones superiores el ciclo de acumulación capitalista. En el marco de esa estrategia se diseñaron toda una serie de políticas para trasformar el campo (la tierra, la producción, la comercialización…) en un negocio muy rentable para los empresarios.
Dado el anterior objetivo, el 6 de enero de 1992 se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el decreto acordado por el poder legislativo en el que, a iniciativa del entonces presidente Salinas, se reformaba el artículo 27 de la Constitución, significando el punto final para una de las conquistas más progresistas y profundas de la revolución de 1910-1920: el reparto agrario.

Tras la contrarreforma al 27 constitucional se abrieron las puertas de par en par a un nuevo proceso de concentración de tierras, mismo que a principios del siglo XX propició el levantamiento en armas al campesinado pobre, siendo la División del Norte de Villa y el Ejército del Sur de Zapata, junto con el Plan de Ayala, las mejores y más legítimas expresiones de dicho movimiento.

Si bien el reparto agrario se transformó en mandato constitucional en 1917 a través del artículo 27, la distribución de tierras contó con dos importantes antecedentes: el Plan de Ayala de 1911 impulsado por Zapata y la primera Ley General Agraria decretada en 1915 por Francisco Villa; desde esos años y hasta 1992 se distribuyeron  más de 100 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del territorio nacional, creándose  30 mil ejidos y comunidades, favoreciendo a 3.1 millones de jefes de familia. Con la contrarreforma de 1992 se eliminaron las facultades del Estado para la distribución de tierras y la nación dejaba de ser propietaria jurídica de las tierras sociales y la propiedad pasaba a los ejidatarios a los cuales se les trasfería el valor de estas como capital, para su uso, disfrute e incluso comercialización. Además, para romper el cerco impuesto por la reforma al artículo 27 realizada en 1946; en la cual se establecían las  100 hectáreas como extensión máxima para ser concentrada en manos de propietarios privados individuales, se creó la figura de las sociedades mercantiles, las cuales podían poner bajo su usufructo un máximo de 20 mil hectáreas.

Para 1992 sólo existían bajo propiedad privada suelos agrícolas con una extensión de 70 millones de hectáreas, dejándose al margen del mercado de tierras otros 195 millones de hectáreas, entonces, bajo el régimen de propiedad social. Estas tierras ejidales no podían ser vendidas ni embargadas, por ello la contrarreforma de ese mismo año creó la base jurídica para que todas esas tierras quedaran al alcance del mercado por medio de la privatización, el arrendamiento y las concesiones.

El objetivo de la contrarreforma de 1992 al artículo 27 era transformar la tierra y los suelos agrícolas en una poderosa palanca de concentración capitalista La medida adoptada por Salinas tenía entre otros objetivos expropiar masivamente al campesinado pobre, estimulando la capitalización privada del campo para el impulso de la agroindustria, trasformando al minifundio en factor de menor peso en la producción de alimentos, no obstante, al paso del tiempo, el resultado fue marginal en lo correspondiente a suelos agrícolas. Si bien es cierto que la reforma agraria derivada de la Revolución significó un gigantesco avance para la agricultura respecto al pasado porfirista,  (entre 1905 y 1910, el 0.2% de los propietarios controlaban el 87% de las tierras), los limites objetivos del impulso de esa política revolucionaria en el marco de la propiedad privada capitalista, no permitieron la colectivización de la tierra, derivando en la atomización del campo a través de cientos de miles de pequeñas fincas y parcelas (el 50% de propietarios de carácter social tenían una superficie menor a cinco hectáreas), obstáculo objetivo para la industrialización.

El Estado, al igual que lo hizo el Porfiriato en el siglo XIX a través de las Compañías Deslindadoras, pero esta vez por medio de las Sociedades Mercantiles surgidas de la contrarreforma de 1992, pretendió estimular el mercado de tierras que favoreciera la concentración de éstas para la agroindustria, sin embargo, el resultado fue escaso pues el Censo Agrícola 1991-2007 indica que la propiedad privada sobre la tierra durante esos años pasó de 70 millones a 73 millones de hectáreas; y por el lado de los arrendamientos, esas cifras crecieron durante el mismo lapso de 4.5 a 6.3 millones de hectáreas. La entrada en función del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, puso al agro mexicano a competir en condiciones especialmente desventajosas con las dos agriculturas más poderosas del mundo, la de  Estados Unidos y la de Canadá, transformándose en un factor que dificultaría los objetivos del Estado.

Pero el éxito llegó por medio de otro frente, el del sector minero. Al eliminarse el carácter de la tierra social como propiedad de la nación y por tanto, al perderse las facultades del Estado sobre éstas, el ejido quedó bajo potestad de los ejidatarios quienes quedaron en libertad para decidir el destino de las tierras, creándose con ello las condiciones apropiadas para que a través del arrendamiento o la venta de la tierra, la industria minera, en su mayoría canadiense, lograra monopolizar para su explotación tan sólo en la última década, 39 millones 743 mil 690 hectáreas. Es decir, gracias a la contrarreforma agraria de 1992 la burguesía unicamente necesito el empuje de la industria minera a lo largo de la primera década del siglo XXI para revertir en aproximadamente el 40% el reparto agrario desarrollado a lo largo de casi todo el siglo XX, creando con ello todo una serie de complejas contradicciones tanto económicas, como políticas y sociales en el campo mexicano,  totalmente irresolubles en el marco del capitalismo.

El TLC
La medida adoptada por la burguesía contra el artículo 27 estaría en consonancia con los recortes y ajustes a las políticas sociales dictadas por el gran capital tras la crisis de la deuda externa de 1982, mismas que para el campo significaron su abandono y desmantelamiento. Con las nuevas políticas la inversión pública hacia el agro pasaron del 12% en 1981 al 6% del PIB en 1989 (hoy día es apenas del 2%). Durante esos años los subsidios para el campo, mismos que en pesos acumulaban una cantidad equivalente al 1.8% del valor total de la economía del país, se desplomaron hasta el 0.5% en 1987; además se eliminaron todas aquellas instituciones que aseguraban el monopolio del Estado sobre el mercado de alimentos; la Compañía Exportadora e Importadora S.A creada en 1937 y la Compañía Nacional de Subsistencia Populares S.A. fundada en 1965. Entre otras medidas, también se eliminaron los precios de garantía impuestos unilateralmente por el Estado año tras año desde 1953 para asegurar que los campesino no se vieran obligados a comercializar las cosechas por debajo de los costos de producción.

Desarmado y en el abandono por parte del Estado, bajo condiciones jurídicas que posibilitaban un nuevo proceso de expropiación de tierras abierta o velada, el campo mexicano fue obligado a competir contra las agriculturas más poderosas del planeta por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Un ejemplo de las desproporciones entre las economías que suscribieron este tratado, son las estimaciones hechas en 2006 de acuerdo a las cuales mientras en EEUU los subsidios agrícolas ese año  fueron de 150 dólares por hectárea en promedio, para el caso de México esa cantidad rondo apenas los 45 dólares.

Los efectos de tres décadas de ataques se han traducido en una situación totalmente desoladora para el campo mexicano, imposible de revertir bajo el capitalismo. A lo largo de todo ese periodo, según el Censo Agrícola 1991-2007, el número de unidades de producción pasó del millón 584 mil 817,  al millón 400 mil (en Michoacán actualmente el 40% de las tierras ejidales se mantienen ociosas). Por otro lado el INEGI destaca que los suelos de labranza en 2008 tuvieron una extensión de 20 millones 502 mil 834 hectáreas, cantidad inferior a los más de 23 millones de hectáreas destinadas para esa misma labor en 1980. Además, para la producción de maíz (principal cosecha en México a la cual se dedican 3.2 millones de productores) se redujo el área de cultivo de un poco más de 8 millones a casi 7 millones de hectáreas entre 1994 y 2008. En cuanto al ganado mayor, la producción pasó de más de 48 millones de cabezas en 1981 a 31.7 millones en 2008. El ganado menor cayó de 35.5 millones en 1985 a 31.9 millones de cabezas en 2008.
Presionado por la competencia desleal y los subsidios de los EEUU, bajo el TLC el agro nacional experimentó una abrupta caída en los precios de sus productos (tan sólo el maíz mexicano perdió el 66% de su valor en el mercado) derivando en la ruina de cientos de miles de pequeños productores.

Así, de desempeñar un papel de mayor fuerza en la economía (en los años 40 la contribución al PIB por parte del agro era del 20% aproximadamente) el campo se trasformaría en una actividad marginal (actualmente su participación es de apenas el 4%) que derivaría en una miseria muy profunda para sus pobladores.

El campo mexicano con 30 millones de habitantes, aproximadamente tiene una  población económicamente activa (PEA) de 10.7 millones, de los cuales 3.1 millones son productores con tierra (29.97%) y 6.6 millones son campesinos sin tierra.

En México la pobreza alcanza al 81% de la población campesina, de ahí que el 45% de las familias campesinas tengan familiares en EEUU y el 80% tenga al menos un integrante fuera de su comunidad de origen. Además el desempleo rural ronda el 20% de la PEA (la media nacional es del 50%) y existen un poco más de 2 millones de jornaleros viviendo y trabajando en condiciones de semiesclavitud similares a las de la hacienda porfirista.

La ruina del campesinado se ha transformado en el negocio más rentable. La bancarrota de agro nacional provocó que la importación de granos y otros productos del campo creciera del 10% en la década de los años 80, al 40% en la actualidad. En 20 años de aplicación del  TLC, México ha tenido que gastar en el exterior 250 mil millones de dólares para cubrir la demanda del mercado interno de alimentos. El 75% de esa cantidad se ha empleado en importaciones agrícolas provenientes de  EEUU. Así, multinacionales como Cargill (con el 70% del monopolio sobre la producción y comercialización de granos de maíz) o Pilgrims, aliadas con las mexicanas Minsa, Maseca y Bachoco, controlan tanto el mercado nacional de alimentos  como el de importaciones. El monopolio que antes de los años 80 detentaba el Estado ahora ha parado en manos del gran capital.

Además, a pesar de ser limitada la inversión pública en el campo, la forma en que ésta ha sido impulsada por el Estado también ha funcionado como una palanca de concentración de riqueza pues han sido los empresarios del ramo los más beneficiados. Entre 2000 a 2012 el 10% de los productores con mayores posesiones de tierras concentraron entre el 50 y 80% del gasto gubernamental hacia el sector. En particular entre 2005 y 2010, los grandes empresarios del ramo incrementaron sus ingresos en un 165.5%.

Este marco de agudas contradicciones en el campo creó la base material para desarrollar una serie de fenómenos sociales que han marcado la vida del campesinado en un doble sentido: el reaccionario a través del narcotráfico y el revolucionario por medio de los Grupos de Autodefensa y las Policías Comunitarias.

La pobreza que abate al campo mexicano y la extremadamente baja rentabilidad de la producción agrícola crearon la base material favorable para el desarrollo del narcotráfico en las últimas dos décadas en nuestro país. Hasta los años 80 los cárteles mexicanos estaban confinados principalmente a las labores de trasiego de la droga producida en Colombia, desempeñando un papel secundario en el negocio de la producción de enervantes. Aunque poderosos, esa división del trabajo en el mercado mundial de las drogas le confería a las mafias nacionales una posición subordinada en relación a cárteles como el de Cali y el Medellín. Esa realidad se modificó sustancialmente en los últimos años hasta transformar a los capos mexicanos en los más poderosos de todo el Planeta.

 La descapitalización del campo y la estrepitosa caída de los precios de los productos agrícolas provocaron la reorientación de los cultivos en una extensión de suelos agrícolas suficiente para que el narcotráfico mexicano lograra ya no sólo dedicarse al trasiego, sino además a la producción. Esa modificación en la división mundial del trabajo en el mercado de la droga, más la posición geográfica privilegiada de México respecto a EEUU, volvieron, por ejemplo, al cártel de Sinaloa, en una organización criminal que logró extender sus posiciones a cuando menos 50 países.

La OEA informó que en 2010, mientras en Colombia se destinaron entre 300 y 400 hectáreas para el cultivo de amapola; flor de la que se extrae la goma de opio para la fabricación de heroína; en México se cultivaron 14 mil hectáreas. Por otra parte,  el Ejército Mexicano destacó que mientras entre 1990 y 2003 el número de hectáreas erradicas dedicadas al cultivo de la marihuana, evolucionó de las 5 mil 400 a las 34 mil, y para el período de 2006 a 2012 esa cantidad escaló hasta los 98 mil 354 hectáreas. Este panorama coloca a México como el tercer productor mundial de opio, solo por detrás de Afganistán y Myammar (Birmania), y ocupa el segundo puesto en la producción de marihuana disputándole el primer lugar a Marruecos.

La explicación sobre la reorientación en el tipo de cultivo por parte de los campesinos involucrados en la producción de drogas resulta muy sencilla: teniendo como ejemplo el caso del maíz, principal cultivo en nuestro país, podemos señalar que mientras el kilo de este grano se cotiza en el mercado en 43 centavos de dólar,  un kilo de goma de opio que a su vez se  transforma en 7 mil dosis de heroína, alcanza un valor en el mercado de EEUU de 70 mil dólares. El kilo de marihuana se cotiza en más de 300 dólares en el mercado nacional y entre mil y 13 mil dólares en las calles de EEUU. Lo anterior quiere decir que un productor, con el precio de dos kilos de marihuana (600 dólares aproximadamente) colocados en el mercado nacional obtendría ganancias superiores a las obtenidas por la producción de una tonelada de maíz (430 dólares). Cabe destacar, además, que en México el rendimiento de la producción de marihuana por hectárea es de 2.5 toneladas.

Depredación minera
La industria minera, en su mayoría canadiense, tan sólo en la década pasada pudo extraer oro, plata y otros minerales que en volumen superan a las extracciones mineras de la corona española en tres siglos de coloniaje. Por ejemplo, en 2011 las extracciones de oro sumaron más de 15 mil millones pesos. El caso de las mineras es emblemático en cuanto los planes de la burguesía para revertir las conquistas de la Revolución Mexicana, pues en su conjunto este sector ya ha logrado acaparar el 25% del territorio nacional, porcentaje significativamente superior al 18% que a finales del Porfiriato poseían esta clase de empresas junto a las transnacionales petroleras.

El vínculo entre la actividad minera y el surgimiento de los Grupos de Autodefensa no es accidental, si bien en algunos casos esta relación es indirecta no es posible señalar que ambos fenómenos estén disociados.

La actividad minera en nuestro país se ha trasformado en unos de los negocios más rentables, dada la presión que ha significado la importante demanda china por materias primas, variable que también ha contribuido al encarecimiento de los metales preciosos. En el mercado mundial México es el principal productor de plata, el tercero de bismuto, el quinto de plomo, el noveno de oro y el undécimo en cobre. De acuerdo a la Secretaría de Economía, México cuenta con 23 depósitos minerales gigantes, ocupando el doceavo lugar de los mayores productores en el mundo en 18 minerales. La Cámara Minera de México (Camimex) señala que el 70% del territorio nacional es apto para seguir localizando yacimientos minerales de clase mundial,  razón por la cual el canadiense Instituto Fraser clasificó a nuestro país en primer lugar en el Índice Potencial Minero.

En la última década se incrementó el precio del oro en un 750%, el del hierro en 1000%, entre otros minerales; la onza de plata incremento su valor de 4 a 40 dólares en el mismo lapso. Siguiendo con el recuento, el valor total de la extracción de los diferentes minerales creció de los 5 mil 656 millones a los 14 mil 838 millones de dólares entre 2004 y 2010; y en 2011 el valor de las exportaciones del sector ascendió a los 22 mil 526 millones de dólares (45% más que en 2010). Por si fuera poco, las leyes fiscales obligan a la industria minera a pagar en impuestos solamente el 1.18% de sus regalías, de tal modo que entre 2005 y 2010, los ingresos de las empresas mineras extranjeras, ascendieron a 552 mil millones de pesos, y la recaudación fiscal por pago de derechos fue sólo de 6 mil 500 millones.

Todos esos factores combinados han trasformado en pocos años a México en el cuarto país con mayor inversión captada para el sector minero, detrás de Canadá, Australia y Estados Unidos. Además de las multinacionales, en el negocio de la minería han incursionado los tres burgueses más acaudalados del país: Carlos Slim, Alberto Bailléares y Germán Larrea.  

El boom minero en México ha chocado directamente con los intereses de las comunidades agrarias, provocado profundas contradicciones, acrecentando los niveles de miseria, generando todo tipo de despojos, además de afectar miles de hectáreas haciéndolas inservibles para la producción agrícola. Por la depredación en todos los sentidos y la extraordinaria concentración de tierras, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la extracción de minerales ha provocado 25 conflictos catalogados como focos rojos por su magnitud. Por su parte el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNDESA) reconoce la existencia en nuestro país de 200 conflictos ambientales entre comunidades campesinas y mineras.

En Guerrero, cuarto productor de oro y quinto de plata en el país, y una de las dos entidades donde los grupos de campesinos armados tienen más arraigo y desarrollo, el gobierno concesionó tan solo entre 2005 y 2010, 200 mil hectáreas a las empresas mineras en la región de la montaña, cantidad equivalente a la tercera parte de esa zona del estado sureño. De acuerdo a informes de la UNDESA, en 2011 se otorgaron otras 22 concesiones, la mitad coincidiendo con territorios bajo el control de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policías Comunitarias (CRAC-PC). El Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg) ha denunciado reiteradamente la relación que existe entre el terror sembrado por las bandas de narcos, el desplazamiento de miles de familias a otras regiones más seguras y la instalación de minas en las zonas que han quedado despobladas o semidespobladas. Esta táctica empleada por los consorcios mineros apoyados por los cárteles de la droga, es la misma que se ha empleado en muchos otros puntos del país.

La respuesta del campesinado ante el avance de las minas ha sido armarse para defender sus tierras, integrándose al Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de la Costa Chica y Montaña de Guerrero para intentar agrupar a todas las comunidades de la entidad afectadas.

En Michoacán, entidad con el primer lugar nacional en la producción de hierro y cuyo territorio está concesionado en un 15% a las empresas mineras, la situación ha sido similar. En este estado además de la depredación provocada por  la burguesía minera legalmente establecida, el boom del hierro estimuló a los Caballeros Templarios a participar directamente en la explotación y la exportación de dicho material a China, obteniendo ganancias anuales hasta de 40 millones de dólares. Los capos de la droga en Jalisco, Colima y Coahuila también ha optado por incursionar en el negocio de la explotación del subsuelo por medio de cientos de pequeñas minas, a través del despojo de ranchos a familias campesinas, al igual que lo hacen sus pares en Michoacán.

El surgimiento de los Grupos de Autodefensa en Michoacán ya está suponiendo un freno para la rapiña de la industria minera, siendo un ejemplo el caso de San Miguel Aquila En ese poblado, cuyas tierras fueron ocupadas por la mina Las Encinas, de capital italo-argentino, los inversores habían pagado a los campesinos a lo largo de dos décadas mil 500 pesos por el usufructo de cada hectárea; sin embargo, conscientes de las extraordinarias ganancias que sus tierras le estaban dejando a la trasnacional, los comuneros reclamaron el incremento de dicho pago. Por su parte los empresarios reiteradamente rechazaron dicha petición, misma que no fue cumplida sino hasta que los campesinos bloquearon los accesos a la mina impidiendo la producción a lo largo de tres meses; tras ello la empresa cedió y desde entonces la aportación  de la mina para los pobladores se elevó hasta los 18 mil pesos. Es por ello que no es casual que uno de los intentos más serios, pero a la vez fracasado, por parte del Estado para desarmar a un Grupo de Autodefensa haya sido en San Miguel Aquila en agosto de 2013.

Otro ejemplo que ilustra la relación entre el desarrollo de Grupos de Autodefensa y la explotación minera es el de Chiapas con el surgimiento en febrero de 2013 del Batallón de Autodefensa Civil integrado por comunidades de 12 municipios de la Sierra Madre de Chiapas. El día que este grupo salió a la luz pública fue muy categórico al exponer sus objetivos: no permitir la explotación de minas en la región y luchar por la cancelación de concesiones en la Sierra Madre.

Intereses de clase
El capitalismo ha creado la base material necesaria para la proliferación del narco a consecuencia de la descomposición social que lacera a nuestro país, pero también al crear condiciones económicas favorables para su reproducción, tanto en el campo con la producción de enervantes y en las ciudades por medio del lavado de dinero. Los capos mexicanos de la droga son los más poderosos del mundo debido a su cercanía con el mercado más importante de drogas, EEUU, pero también gracias a la pauperización de cientos de miles de jóvenes que se han vuelto una fuente inagotable de mano de obra para los diferentes cárteles. Igualmente los ha fortalecido su complicidad con el Estado, así como su capacidad para aprovechar la dinámica propia del capitalismo.

Los negocios del narco en nuestro país generan ingresos calculados en 40 mil millones de dólares anuales; hablamos de cantidades que por su volumen resulta simplemente imposible movilizar sin el apoyo de las instituciones financieras nacionales y de EEUU. Gracias a ello los capos mexicanos participan de la especulación accionaria en la bolsa de valores y en la del mercado de divisas, adquieren bonos de deuda, son inversionistas en el mercado inmobiliario y del turismo, además de poseer cientos de empresas en el sector servicios. De esa forma el capital financiero ha puesto a su servicio a los capos mexicanos y del mundo entero, extendiendo su espectro para la obtención de beneficios a través de mercados considerados ilegales por el propio capitalismo tales como el de la droga, el tráfico de seres humanos y de armas, la trata de blancas, la extracción y el secuestro, etcétera. Prueba de lo anterior es el informe de la Oficina sobre drogas y crimen de las Naciones Unidas (Office on Drugs and Crime) en el que se destaca que en 2009 los principales bancos del mundo, desesperados por dinero líquido para tratar de amortiguar los efectos de la crisis, absorbieron la mayor parte de los 352 mil millones de dólares generados por el mercado mundial de las drogas.

Pero los capos también se han beneficiado a través de la explotación de mano de obra y no sólo en el caso de las minas como ya se mencionamos antes, sino también en sus fincas agrícolas, como sucede en Sonora y Sinaloa.

Por consecuencia, ilegales o no, los diferentes negocios de los cárteles de la droga requieren para su reproducción en esencia las mismas leyes que dominan a la economía capitalista. Los capos no sólo viven como burgueses sino que además se reproducen como burgueses gracias al capital financiero e incluso a través de la extracción de plusvalía: el capitalismo desempeña un papel preponderante en la génesis del narcotráfico y en su reproducción. El narco no es otra cosa más que una palanca, ilegal tal vez, pero al fin palanca, para la concentración de capital. Resulta del todo lógico entender la complicidad del Estado con los cárteles más prósperos.

El narcotráfico es una empresa que posee intereses de clase antagónicos a los de la clase trabajadora y del campesinado pobre. Reconocer esa realidad resulta clave al momento de plantearse la táctica y el programa necesarios para combatir a ese flagelo desde la óptica de los trabajadores del campo y de la ciudad.

IV. Los Grupos de Autodefensa en Michoacán
La necesidad de vivir con dignidad
Los Grupos de Autodefensa surgieron el 24 de febrero del 2013 en tres comunidades de la Tierra Caliente de Michoacán: La Ruana, Tepalcatepec y Buenavista. El objetivo de estos grupos era poner fin al régimen dictatorial que durante doce años y particularmente durante los últimos cuatro, fueron imponiendo el cártel de Los Caballeros Templarios en gran parte del estado de Michoacán. La inspiración para el alzamiento de los Grupos de Autodefensa fue la organización de los campesinos indígenas de la región de la meseta purépecha, que a partir de 2011 comenzaron a organizarse, armarse y auto gobernarse, para detener la devastación de su pueblo ante los crímenes del narco.

El negocio del narcotráfico en Michoacán, como cualquier otro negocio burgués en ascenso, fue diversificándose; pasaron de la siembra, comercio y procesamiento de las drogas a los negocios formales, incluso internacionales; en el campo de la minería, la tala, la producción de aguacate. Los éxitos económicos de los narcotraficantes iban  a la par con el despojo de miles de hectáreas a comunidades enteras, a campesinos pobres, a pequeños y medianos empresarios que no eran parte del negocio de las drogas. La Empresa, como originalmente se llamaba el cártel, seguía en ascenso y decidieron incursionar en el área de las extorsiones; primero a los comercios: mil pesos por cada res que vendieran los ganaderos; cuatro pesos por cada kilo de tortillas que vendieran los tortilleros. Después los impuestos se extendieron a toda la población: veinte pesos todos los lunes por cada niño y joven que asistiera a la escuela, desde el kínder hasta la preparatoria; cada propietario de algún automóvil tenían que pagar una tarifa de quinientos pesos mensuales; comenzaron el censo de casas, el cobro sería por cada metro que midiera la fachada.

Sus inversiones en el terreno de la política también crecieron, financiaron durante las elecciones del 2009 y 2011 a un número incalculable de candidatos, sin distinción de partidos pero particularmente del PRI. Los que rechazaban la generosa oferta se les obligaba a retirarse de la contienda bajo amenaza de muerte. Así, fortalecieron su posición dentro del aparato del estado y la policía. La misma hermana del entonces presidente Calderón, candidata del PAN a la gubernatura, denunció el vínculo estrecho entre los ahora Caballeros Templarios y el gobernador electo Fausto Vallejo.
El negocio y los métodos del narcotráfico se fusionaron completamente con el conjunto de los negocios burgueses, el estado y la policía. Los burgueses que dominan la economía y el estado en Michoacán, tienen en el narcotráfico una de sus fuentes de ganancia más importantes. Al mismo tiempo, los métodos del narco: violencia y asesinatos masivos, les sirven de palanca para hacer avanzar al conjunto de sus intereses económicos y políticos. Ese entramado de intereses volvió en un infierno indescriptible la vida en Michoacán, particularmente para los trabajadores y campesinos pobres, pero incluso también alcanzó a un sector de la pequeña burguesía más acomodada.

No había más camino para la mayoría de la población: tenían que organizarse y acabar con el terror. El doctor Mireles, dirigente más visible del movimiento, explica así las últimas razones que detonaron el levantamiento: “El problema realmente no explotó por la cuestión de las tarifas del ganado, porque si a un ganadero le pedían mil pesos por cada vaca que vendiera,  el ganadero al que le compraba la vaca le decía, mira, sabes qué, son mil pesos extras que hay que pagarles al crimen organizado. El tortillero nunca perdió un centavo, porque por los cuatro pesos por kilo que le pedían, nada más se lo subía a cada persona que le compraba el kilo de tortillas. Los carniceros igual, le subían los quince pesos que los gatilleros (sicarios) les pedían, ellos nunca perdieron… el problema detonante fueron las violaciones y agresiones contra las mujeres, porque así como le llegaban a la gente pobre de los ranchos, le llegaban a los ganaderos más ricos de Tepeji” (1).

El carácter de clase de las Autodefensas
La necesidad de frenar la situación de opresión y violencia del narcotráfico estaba totalmente extendida entre el sector proletario de los pueblos: trabajadores, campesinos pobres que poseen tierras, y jornaleros. Sin embargo, esta  necesidad también la compartían los elementos pequeño burgueses de la población; comerciantes, ganaderos y agricultores.

La región de la Tierra Caliente de Michoacán es conocida porque en ella se concentra el 85% de la  producción nacional de aguacate y de otros frutos como el limón, que aporta el 23% de la producción nacional. En el primer caso, se trata de una industria que produjo  tan sólo por exportaciones 500 millones de dólares en 2012 (2). La industria del aguacate aporta el 50% del PIB primario del estado de Michoacán. En el caso de la industria del limón se calcula que genera 45 millones de pesos diariamente, unos mil 350 millones al mes (3). Las extorsiones para los propietarios de grandes cultivos eran de 50 a 60 mil pesos mensuales; incluso los Caballeros Templarios controlaban los precios de todo el negocio, determinaban el ritmo de la cosecha, siembra y comercialización de los productos. También se apropiaron de las empacadoras, donde obligadamente llevan sus productos pequeños, medianos y grandes productores.

En el caso de Tepalcatepec, Mireles reconoce que la vanguardia en cuanto a la organización de un grupo de autodefensa la tenían los ganaderos de la región. De manera clandestina comenzaron a entrar en contacto los sectores proletarios de los pueblos con los pequeños empresarios, que por decisión rechazaron entrar al negocio del narco, para establecer una organización única, los Grupos de Autodefensa. Y es que no tenían otra alternativa, aunque el sector de los empresarios hubiera preferido utilizar su capacidad económica para establecer una policía privada para sus negocios, era claro que de ninguna manera podrían hacer frente al ejército del que disponen los narcotraficantes, abiertamente respaldados por el gobierno y la policía. Era necesario que el movimiento adquiriera un carácter masivo, con características insurreccionales por parte de la población hacia el Estado, para que pudiera tener alguna posibilidad de vencer. En el caso de La Ruana, el movimiento comenzó a dirigirlo un pequeño propietario, Hipólita Mora, apelando directamente al grueso de la población,  proletarios en su mayoría, a organizarse e insurreccionarse contra los narcotraficantes y las autoridades de su municipio. La fusión de los elementos pequeño burgueses acomodados, que pueden incluso llegar a tener ganancias de algunos millones de pesos al año, y los sectores más pobres de los pueblos se realizó de forma natural. El puente entre estos dos polos, donde los contrastes son más que evidentes, lo conforman campesinos pobres que sin embargo también son propietarios de algunas hectáreas, modestos comerciantes y sectores más estables de la clase trabajadora como médicos y profesores, que tienen ingresos muy por encima del campesino promedio.

Lo que demuestra la situación en Michoacán, es que la dinámica de la economía capitalista y de su régimen político requiere de los métodos de opresión más violentos, los más dictatoriales contra el grueso de la población y estos son los del narcotráfico. La situación ha demostrado que los sectores más decisivos de la clase dominante a nivel nacional, están totalmente enrolados en la dinámica del narco. Recordemos las camionetas de Televisa que transportaban droga en Centroamérica, la fotografía filtrada de Peña Nieto con un socio del cartel de Sinaloa, al ex vocero presidencial de Calderón, Nahúm Acosta, que fue encarcelado por cargos de espionaje, al servicio del cartel de los Beltrán Leyva. Los vínculos de la burguesía y del Estado con el narcotráfico son inocultables, firmes y mucho más necesarios que en cualquier otro momento. En Michoacán, quien domina, son los empresarios ligados al narco y han desterrado de su círculo al resto de pequeños empresarios que desearían vivir de sus negocios sin meterse en mayores complicaciones. Como lo expresaría Estanislao Beltrán, vocero de las Autodefensas durante un periodo: “Yo soy productor de limón tengo 70 hectáreas, pero estoy cortando poco, corto cinco u ocho toneladas por cada día, multiplicado por 20, 21 pesos, no tenemos necesidad de andar en ninguna situación mala, ni andar en el narcotráfico” (4).

No resulta raro que para estos empresarios, que han vivido en carne propia los ataques del narco, que han asumido los métodos de lucha de la clase trabajadora, que han tenido que desafiar y romper con el Estado, las demandas del movimiento se limiten al aspecto de la seguridad. “Lo único que queremos es trabajar en paz”, es una frase común entre ellos. No obstante, el sector más proletario del movimiento siente todos los días el hambre, la pobreza, que es la puerta de entrada por donde llegan los narcos a reclutar miembros para sus filas. Ellos intuyen que no basta con la seguridad pública, se requieren empleos bien pagados, viviendas dignas, hospitales y escuelas para acabar con el problema del narcotráfico y todos sus efectos. El sector proletario que además es mayoritario debe ampliar sus demandas con un contenido clasista. Resulta imposible que los pequeños y medianos empresarios que no participan en el negocio de las drogas vivan en paz si a su alrededor no hay más que pobreza extrema.

Embriones de doble poder
El movimiento de las Autodefensas es un movimiento de masas, donde participa la mayoría o un sector muy significativo de las comunidades donde tienen presencia; pueblos y ciudades pequeñas. Las Autodefensas no son un movimiento guerrillero, donde participe una minoría armada, al margen de los intereses y la organización de los trabajadores. Por el contrario, son una expresión organizada de los pueblos en defensa de sus derechos, comenzando por su derecho a la vida misma. A pesar de la participación de sectores pequeño burgueses -que además de integrarse a las acciones prácticas han financiado la lucha- el grueso del movimiento lo conforman los sectores más proletarios y más empobrecidos de la población. El carácter armado del mismo, es una necesidad impuesta por los métodos de opresión establecidos por las bandas de narcotraficantes, la policía y el ejército, que en los hechos han suprimido la posibilidad de realizar cualquier otro tipo de manifestación de descontento. La única manera en que el pueblo podía defender sus derechos era organizándose, insurreccionándose, rompiendo con la legalidad burguesa y expulsando a los narcotraficantes de sus comunidades con las armas en las manos.

Las Autodefensas se han basado en la participación consciente y masiva de la población. El patrón que han seguido desde su fundación es que a partir de la organización del grupo más resuelto de la comunidad se establece una organización clandestina, la cual promueve la participación de cada vez más personas, estudia las posiciones de los narcos, sus movimientos y puntos de apoyo.  Establecen contactos con pueblos vecinos, para hacer público y masivo el movimiento de forma simultánea. Cuando esto no es posible, los miembros de las Autodefensas en otros pueblos contribuyen con el alzamiento ahí donde la organización y adhesión al movimiento ha alcanzado la fuerza suficiente para mostrarse públicamente y volverse masivo. De hecho, las Autodefensas se consideran consolidadas únicamente ahí donde a partir de su aparición consiguen la participación masiva del pueblo, el cual se establece en una especie de asamblea permanente,que discute democráticamente y toma las decisiones fundamentales del movimiento. Todo el pueblo participa en las labores de vigilancia y defensa de la comunidad. Hay comisiones para realizar rondines, montar guardia en trincheras y puestos de vigilancia, realizar servicios  médicos y de ambulancia, etcétera.

Cada pueblo nombra a sus representantes ante el Consejo General de Autodefensas, los cuales se caracterizan por ser los elementos más consecuentes y con mayores capacidades para dirigir la lucha. No existen profesionales del movimiento, cada cual debe financiar su participación a partir de sus oficios y profesiones habituales. Los recursos para financiar la lucha  son recabados entre el conjunto de la población, la asamblea elije un tesorero. La enorme cantidad de migrantes michoacanos en Estados Unidos también se han dado a la tarea de proveer de recursos económicos al movimiento, además de que le han dado una importante cobertura política y proyección pública en ese país.

El programa político de las Comunitarias formalmente se reduce a terminar con la opresión de los narcotraficantes en los pueblos: extorsiones, robos, secuestros, asesinatos, producción y venta de drogas. En realidad sus acciones equivalen a tomar el control político de sus comunidades, ocupando la figura del Estado, sobre todo en cuanto a la seguridad pública se refiere. En la medida en que son las asambleas democráticas del pueblo las que toman las decisiones, las funciones de Estado, son más parecidas a las funciones de un Estado Obrero, donde no es una minoría de políticos profesionales los que ejercen la administración de la comunidad, sino el pueblo en su conjunto, donde naturalmente el elemento proletario es mayoritario y por ende, es el que marca el carácter de clase de las decisiones que se toman.

La existencia misma de las Autodefensas representa un desafío a la maquinaria del Estado burgués; plantea el problema de quién y al servicio de quién gobierna. Por un lado está el pueblo organizado, tratando de resolver las necesidades de la mayoría de la población. Por el otro lado está una minoría de políticos al servicio de los intereses capitalistas más dominantes, en este caso, los capitalistas están totalmente fusionados a los narcotraficantes. El hecho de que el Estado burgués tenga que medir fuerzas con el pueblo armado, viéndose impotente para mantener sus mecanismos de dominación, representa una escuela revolucionaria enorme para el conjunto de la clase trabajadora. Las Autodefensas han demostrado que el Estado burgués es parte sustancial de los problemas que aquejan a la clase trabajadora, y no parte de la solución. Si bien, la demanda de seguridad pública no puede ser resuelta por el Estado, producto de su compenetración con el narco, lo mismo ocurre con otro tipo de demandas, particularmente con el desarrollo del nivel de vida de los trabajadores: el empleo y los salarios.

Las Autodefensas no sólo han desnudado el carácter reaccionario del Estado y sus vínculos con el narcotráfico, sino que plantean la forma de superarlo; organizando al pueblo, llevándolo a tomar el control del Estado. Su punto débil reside en que si bien en algunos casos se ha puesto al servicio de la comunidad y bajo la administración de ésta, cierto número de fincas agrícolas arrebatadas a los narcotraficantes, aún no se plantea como una política a seguir la expropiación consciente de las propiedades de los capos de la droga y sus cómplices. La expropiación de los cárteles y sus cómplices no sólo le permitiría a los grupos de autodefensa impulsar medidas de carácter social y económico y contrarrestar en cierta medida la base material que alimenta al narcotráfico: en el terreno de la producción y también a través de ofrecerle una alternativa distinta a miles de jóvenes pauperizados que ven en esa actividad criminal una alternativa. Aún con la situación de doble poder inacabado y a escala local, sus acciones prácticas los coloca como los enemigos número uno de la burguesía y el Estado a nivel nacional. No puede ser de otra manera, no hay tregua posible en este terreno. El único camino es extender el movimiento y complementarlo políticamente con un conjunto de demandas sociales.

El avance de las Autodefensas
Las Autodefensas no han dejado de avanzar. Después de la organización de seis pequeños pueblos purépechas, todos ubicados en una misma zona del estado.

El movimiento inició como tal en la zona de la Tierra Caliente, colindante con Jalisco y Colima. Los pueblos donde comenzó el movimiento a pesar de ser pequeños, tienen una gran importancia en cuanto a la producción de frutas. Para el 24 de febrero del 2013,  estaba planeado el alzamiento simultáneo en cinco poblados, incluida la ciudad de Apatzingán, una de las más importantes de Michoacán, con una población de más de 123 mil habitantes. Sin embargo, el movimiento fue descubierto y reprimido en Apatzingán y Coalcomán por lo que ahí se frustró el alzamiento.  

Para el mes de abril el movimiento ya había logrado consolidarse donde inició, en La Ruana, Tepalcatepec y Buenavista, superando los ataques y el cerco impuesto por Los Templarios a estas comunidades. Mireles describe, en una entrevista del periódico La Jornada, que diariamente había tres intentos de retomar Tepalcatepec por parte del narco, apoyado por las policías del estado. En cada uno de ellos, el saldo había sido positivo para las Autodefensas. En los pueblos insurreccionados de inmediato cambió la vida de sus habitantes, Mireles lo describe así: “Antes del 24 de febrero había siete u ocho personas ejecutadas por semana en Tepalcatepec, eso durante 12 años seguidos. Pero ahora sólo hemos tenido seis muertos en combate en nueve meses, pero defendiendo su vida y la de los suyos” (5).

A este primer avance le sucedieron otros, en la misma  zona de la Tierra Caliente; en el mes de abril en Chinicuila, en mayo en Coalcomán, Aquila y Aguililla. El avance en éste último pueblo era significativo ya que históricamente ha sido uno de los bastiones del narcotráfico, ya en 1947 se habían decomisado 14 toneladas de mariguana. El avance de las  Policías Comunitarias pronto se topó con la diversidad de negocios de Los Caballeros Templarios, estos últimos controlaban la explotación de hierro y oro, en Aguililla.

No es sino hasta el 20 de mayo que el gobierno federal organiza un operativo contra las Autodefensas. El ejército del narcotráfico, mucho mejor pertrechado, habituado al uso de armas y contando con todo el aparato del Estado había fracasado en sus intentos de ahogar en sangre a los pueblos insurreccionados. Era hora de enviar directamente al Ejército a desarmar a las Autodefensas, para que entonces sí los narcos pudieran acometer la masacre. De forma heroica las Autodefensas se mantienen firmes y evitan el desarme y detención de sus miembros. El ejército se ve obligado a establecer compromisos de colaboración con las Autodefensas que no dejan de avanzar. En estas acciones conjuntas, el Ejército y la Policía Federal muestran una vez más de qué lado se encuentran las fuerzas del Estado, ya no sólo de Michoacán sino del conjunto de la Federación. De forma velada y totalmente abierta dejan a las Comunitarias totalmente expuestas a los ataques del narco. Con todo y todo las Autodefensas siguen consolidándose ahí donde se encuentran y en octubre intentan por segunda vez la entrada en Apatzingán, ya en una lógica franca de expansión hacia lo que es uno de los puntos nodales del poder de los Templarios. El saldo es de un avance parcial, estableciéndose los primero núcleos, células y acciones contra los narcos en esta ciudad.

Para finales del año, el gobernador del estado, Fausto Vallejo, aceptó que las Autodefensas tenían presencia en 47 municipios de un total de 113 que conforman la entidad. Los voceros de las Autodefensas hablaban de presencia en 72 comunidades, ubicadas en 32 municipios, ya no sólo de la Tierra Caliente, sino prácticamente de todo el Estado e incluso de poblaciones de Jalisco y Colima. En algunos de esos municipios la policía de los ayuntamientos ha sido desarmada. Al menos existen seis casos documentados donde el presidente municipal ha sido desconocido o de plano expulsado de la comunidad. Mireles declaraba a mediados de año que ante un repique de campanas, podían reunirse hasta tres mil Autodefensas armados. Para finales del año los voceros ya hablan de una fuerza de 10 mil hombres armados, los mismos que dijo tener a su disposición “La Tuta”, uno de los máximos líderes Templarios en una entrevista para Mundo Fox en diciembre del 2013.

Igualmente reveladoras son las declaraciones del padre Goyo, de la iglesia  de Apatzingán, donde en una entrevista con la revista Proceso, plantea que existen 45 mil personas dispuestas a levantarse contra el gobierno y los Templarios. Tras esas declaraciones de inmediato se solicitó su presencia en el Vaticano (6).

Tras haber sido cuestionado en tres ocasiones por el presidente del Foro Económico Mundial en Davos, Suíza, el 22 de enero del 2014,  Peña Nieto regresó al país con un nuevo plan para deshacerse de las Autodefensas. Entre otras plantea su asimilación a la policía municipal, su desarme y la inversión de 45 mil millones de pesos para “desarrollar al estado de Michoacán”. Nuevamente estas medidas no son sino elementos mediáticos para lograr el objetivo fundamental; restablecer el control del narcotráfico asociado a la burocracia del Estado, en todo el territorio de Michoacán. Fracasan de nuevo y las Autodefensas continúan su heroico avance, planteándose de manera cada vez más firme establecer el movimiento en la capital del estado, Morelia.

Su avance, sigue poniéndolos frente a la necesidad de adoptar una posición más consciente frente al conjunto de necesidades económicas de la población y ejercer de manera más plena el control del Estado, con base en las asambleas populares. El 16 de enero las Autodefensas devuelven a sus dueños originales 25 huertas en el municipio de Tancítaro, con una extensión de 265 hectáreas, de las que habían sido despojados por los Templarios, cinco años atrás. También, han sido expulsados seis presidentes municipales de sus funciones y de sus pueblos, por sus vínculos con el narco.

La táctica del estado para acabar con las Autodefensas
Conforme se ha desarrollado el movimiento, se ha ido demostrando hasta dónde el Estado, al mando de Peña Nieto, es incapaz de romper sus lazos con el negocio del narcotráfico. A pesar del avance del movimiento y de la peligrosidad que representa para la burguesía el hecho de que las Autodefensas se puedan extender hacia otros estados del país, la clase dominante prefieren apostar a que podrán poner fin a las Autodefensas, antes que cercenar el negocio.

La táctica del Estado en esencia es la misma desde que comenzó el movimiento: cooptar a los grupos de Autodefensa, dividirlos, comprar a sus dirigentes o meterlos en la cárcel, arrebatarles respaldo social por medio de programas sociales y en última instancia aniquilarlos físicamente si es que no le queda otro camino, con el fuego conjunto de los narcos y el aparato del Estado. Al mismo tiempo que reprimen, no dejan de llegar a “acuerdos” con el movimiento, que más tardan en anunciarse que en romperse, dada la extrema  incompatibilidad del pueblo en armas y la maquinaria del Estado burgués. Estos acuerdos tienen el objetivo de ganar tiempo, distraer y confundir a los dirigentes. No escatiman en crear divisiones entre los representantes de las Autodefensas, tratando de explotar los intereses particulares de los medianos propietarios, entre los cuales han tratado de regenerar cierto nivel de ilusión en que las cosas pueden volver a ser como en los viejos tiempos. La táctica del gobierno de Peña Nieto es la de golpear con el garrote, prometiendo la llegada de una zanahoria inexistente. Incluso el anuncio de la inversión para Michoacán es una burla total. Como explicaba el presidente del Colegio de Economistas de Michoacán, el grueso de ese monto ya estaba presupuestado, a lo sumo se le han agregado 1 200 millones de pesos, el 2.6 % de lo anunciado por Peña. Y como colofón, la denuncia  de Mireles, en el sentido de que en la medida en que esos recursos lleguen por intermedio del gobierno estatal, en realidad irán a parar a manos de los Templarios, que controlan el estado de forma descarada.

Se ha documentado, por ejemplo, que del presupuesto mensual de cada municipio para obra pública, se le entrega a los Templarios en promedio entre el 10% y 15% de los recursos. Llegando, en el caso de Morelia, a ser este porcentaje del 30% (7).

Otro ejemplo de la verdadera actitud del gobierno, es el juicio que la Sedena inició contra un mando del Ejército, traído a Michoacán el 15 de mayo del 2013 para hacer cambios en la policía estatal. En cuanto este general brigadier, acreditado en diferentes especialidades en EUA, comenzó a realizar movimientos por demás lógicos; como incrementar el número de efectivos a las labores de vigilancia en la ciudad , se le despidió y se inició un juicio montado en su contra por abuso de autoridad (8).

Los periodistas honestos ya no encuentran como destacar los vínculos consanguíneos y de compadrazgo entre el gobernador y su secretario de gobierno, Jesús Reyna, con los más reconocidos líderes del cartel de los Caballeros Templarios; respecto a éste último, se señala que es concuño de La Tuta. Incluso se ha señalado su asistencia al velorio del fundador del cartel de los Caballeros Templarios: “Ahora que murió el papá de Nazario (El Chayo, líder templario) ahí estuvo en el sepelio. La gente de Apatzingán lo vio en el velorio. Ahí estuvo Jesús Reyna con la crema y nata de Los Caballeros Templarios” (9).

La desfachatez con la que el Estado está embarrado hasta el cuello con los intereses del narco, no hace sino darle mayor legitimidad al movimiento. Esta mayor legitimidad y autoridad política y moral de las Autodefensas, también va acompañada de mayor responsabilidad en cuanto a dónde conducir el movimiento.

Mientras tanto el Estado no pierde de vista su objetivo fundamental. Su última acción ha sido la aprensión de uno de los fundadores del movimiento, Hipólito Mora. Esta detención fue el resultado del asesinato en muy dudosas circunstancias de dos miembros de las Autodefensas de su comunidad, La Ruana, con los que previamente había tenido diferencias importantes y al parecer hostilidades declaradas. Lo que es un hecho indiscutible es que todas las agencias de seguridad mexicanas y norteamericanas, trabajan día y noche, para fracturar al movimiento, explotando todas sus debilidades y dificultades naturales a la hora de dirigir un movimiento que está llegando al hueso del sistema.

Se ha señalado que las diferencias entre Hipólito y Rafael Sánchez Moreno, apodado ‘El Pollo’, ambos fundadores y miembros reconocidos del movimiento se produjo en torno a la incorporación o no en las Autodefensas de ex miembros del cartel de los Templarios en calidad de “perdonados”. Este aspecto del debate, refleja la importancia de extender el carácter proletario del movimiento, dotándolo de  demandas que tiendan a solucionar la base del problema del narcotráfico, que es la pobreza embrutecedora y deshumanizadora en la que se encuentra el grueso de la población. Ya comienzan a salir en la prensa titulares como “Un hijo Templario y otro Autodefensa”, relatos donde se indica que un Autodefensa fue atacado por su sobrino, que es parte del cártel.

Es innegable que particularmente los sectores más bajos del narcotráfico, están compuestos por elementos lúmpenes provenientes del proletariado, que han visto en este negocio no únicamente una forma de salir de su condición desesperada, hay quién incluso a encontrado un falso “sentido de vida” perteneciendo a estos grupos. Dejando de lado que en regiones como Michoacán, Guerrero, Sinaloa o Chihuahua, no es necesario que una persona en lo individual entre en contacto con el narco, sino que éste está presente en todos los aspectos de la vida social, dominándolo prácticamente todo. Este tipo de circunstancias plantea retos importantes al movimiento de las Autodefensas, como establecer una política sobre estos elementos desclasados, que han jugado un papel periférico o circunstancial en las bandas del narco y que incluso, pueden ser asimilados por su comunidad si es que ésta así lo determina. Evidentemente, problematizar ese aspecto, no implica de ninguna manera torcer las cosas hasta el grado de incorporar a estos elementos en las tareas de seguridad, entregándoles armas o colocándolos en posiciones claves, lo cual sería un error garrafal.

Muchos de los problemas que enfrenta el movimiento únicamente encontrarán una solución en la medida en que se acentúe el carácter proletario del movimiento y se tomen medidas que tiendan a cortar la raíz que nutre al narco de nuevos elementos: la pobreza. Todo movimiento revolucionario exitoso, ha tenido que combinar la actitud más firme en cuanto a los aspectos concretos de la lucha, con una actitud contundente en cuanto a cambiar el régimen social establecido. Las Autodefensas no pueden rebajar su perfil de combate sin tregua ni miramientos contra todo aquel que colabora de una u otra manera con el narco, apuntando sus baterías sobre todo a la cima de éste negocio.

 Las filas del narco pueden verse afectadas por las deserciones y verse mermados sus potenciales refuerzos, no sólo dentro de Michoacán, en la medida en que sean expropiados completamente sus más altos jefes. Sin embargo, es muy importante que los grupos de Autodefensa le cierren las puertas a los desertores de las filas del narcotráfico, primero, porque la entrada de este tipo de elementos al movimiento podría afectar el apoyo entre un sector de la población que ha vistos seriamente afectadas sus vidas por esa lacras; segundo, porque crearía condiciones favorables para alimentar la percepción que pretende crear el Estado, de que los grupos de autodefensa son el instrumento de algún cártel de la droga, idea que tiene como objetivo aislar políticamente a los Grupos de Autodefensa; tercero, porque se trata de elementos lúmpenes que no tienen ni la más mínima conciencia ni lealtad de clase, siendo por consecuencia presa fácil de la política del Estado que pretenderá reventar al movimiento desde adentro.

 El movimiento tiene que ser depurado de esa clase de elementos pues es un hecho  que se venderán por un plano de lentejas a los enemigos, provenientes tanto del Estado como de los propios cárteles de la droga; entre más elementos de esta naturaleza penetren la estructura de los Grupos de Autodefensa, aunque no se les dé ninguna clase de cargo medianamente importante, el peligro de la traición crecerá y las posibilidades de que el movimiento sea derrotado a partir de sus propias contradicciones se hará mayor. Ni imaginar qué podría pasar con un grupo de decenas de hombres armados, todos ellos exmiembros de los Caballeros Templarios pero ahora bajo las siglas de los Grupos de Autodefensas, pacientemente organizados y pagados por un grupo de provocadores del Estado infiltrados en el movimiento. En realidad, ese escenario es del todo posible si las Autodefensas no depuran sus filas y expulsan del movimiento a todos los exnarcos que pudieran existir.

El instinto de clase del movimiento, su carácter masivo y democrático, así como la calidad moral de los dirigentes de las Autodefensas, reconocidos por sus pueblos, han jugado un papel destacado en que el movimiento avance sin caer en las distorsiones que promueve sin cesar el aparato del Estado y que el movimiento mismo plantea. No obstante, esos elementos en el mediano y largo plazo mostrarán un agotamiento si es que no se les complementa con un programa de reivindicaciones sociales que impliquen una mejora sustancial en las condiciones de vida del proletariado y el campesinado pobre. Tiene toda la razón Mireles cuando afirma: “Queremos exterminar al crimen organizado de nuestro estado, llámese como se llame, esté en el nivel en el que se encuentre. No queremos criminales con charola, con una curul, con un poder gubernamental en el estado”. Contra ellos, contra el régimen económico y político de la burguesía toda la fuerza y organización del movimiento. No enfrascar las fuerzas en el inevitable enfrentamiento físico, avanzar hacia la emancipación económica del grueso de la población trabajadora.

 Fuentes:

1.La Jornada. El pueblo que venció al crimen organizado.[en línea].24 de julio 2013. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8M79tqOcgaY     
2.Inifap busca especie mejorada de aguacate para mejorar la producción. (2013-08-16). La Opinión de Michoacán. Consultar enhttp://www.laopiniondemichoacan.com.mx/hemeroteca2009_/agosto2013/notici...
3. Olmos J.G. (2013-05-25). Peña Nieto, tras los pasos de Calderón. Proceso. Recuperado http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea...
http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea...
4.García Tinoco M. Recuperan el control de tianguis limonero en  Michoacán.(2014-02-12).Excelsior especial. Consultarhttp://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/12/943382
5. Olmos. J.G. (2013-11-23). Sólo el pueblo puede defender al pueblo .Proceso. Recuperado. http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea...
6.Olmos J.G. (2014-01-18)La nueva estrategia: más de los mismo. Proceso. Recuperado http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea...
7. Olmos J. G. (2013-05 25). Peña  Nieto tras los pasos de  Calderón. Proceso. Recuperado http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea...
8. Veledíaz J. (2014-01-18). La génesis del desastre militar. Proceso 1942.
9.La Redación. (2013-11-02). Trampa mortal en Morelia. Proceso. Recuperado http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea...