Venezuelako CICPCeko hainbat poliziak “Escudo de la Revolución” kolektiboko zenbait kide hil zituzten tiroka Caracasko erdigunean, eta astinaldi handia eragin zuen. Besteak beste, polizia-buru batzuk ordezkatu dituzte, eta gorputz polizialetan erreforma egitea planteatzen ari dira. Hala ere, ez da lehendabiziko aldia arazo hau konpontzen saiatzen direna; zergatik huts egin zuten aurreko saiakerek? Nola amai daiteke arazoarekin behin betiko?

El asesinato de varios miembros del colectivo “Escudo de la Revolución” en el centro de Caracas por parte de efectivos del CICPC provocó una gran conmoción. Varios jefes policiales han sido sustituidos, varias policías han sido intervenidas y se plantea una nueva reforma de los cuerpos policiales. Pero no es la primera vez que se intenta resolver este problema. ¿Por qué fracasaron los anteriores intentos? ¿Cómo se puede erradicar de una vez?

La policía en cualquier Estado burgués es la primera línea de represión contra el pueblo. En la IV República la policía actuaba como brazo represivo de la burguesía desarrollando en su seno todos los vicios del sistema: mafias, corrupción, violencia,... Bajo la V República a pesar de todos los intentos de reforma del gobierno bolivariano no se ha logrado cambiar ni el carácter ni muchas de las prácticas internas de los cuerpos policiales. En momentos decisivos de la lucha de clases como el golpe de Estado de 2002, la policía respondió lealmente a la clase burguesa que la creó. Recordemos Puente Llaguno. En 2006 -tras varios hechos violentos- el gobierno bolivariano creó una comisión para estudiar la situación de la policía y reformarla. Una de las conclusiones del estudio fue que Venezuela era “uno de los países con mayor proporción de policías en la región2. Otra que “en la relación con los ciudadanos, la impronta militarizada de las policías supone la adopción de una lógica bélica de la actuación policial, en que el ciudadano es definido como enemigo”. Los efectivos policiales, que habían venido creciendo bajo la IV República, siguieron haciéndolo bajo la V. “Según información suministrada por 75 cuerpos policiales, su plantilla creció un 88,69% entre 2000 y 2006”

Según el informe anual de la Fiscalía General de la República de 2007 entre enero de 2000 y noviembre de 2007 se registraron 6.405 denuncias de “enfrentamientos o ajusticiamientos”, con 7.243 víctimas y 6.885 funcionarios policiales y militares investigados. De ellos sólo 412 fueron condenados. Según dicho informe, en el mismo lapso se contabilizaron 33.252 víctimas de excesos policiales (lesiones, acoso u hostigamiento, tortura y desapariciones forzadas). Cuando en 2004 funcionarios de distintos cuerpos represivos se confabularon para matar a varios jóvenes en Caracas el presidente Chávez declaró: “no podemos tener en la calle asesinos con carné, matando gente…un policía armado puede cometer un error, pero ahí no lo hubo. Pretendieron ‘sembrar’ armas para fingir un enfrentamiento. Eso da dolor e indignación. Hay que limpiar las policías”.

Pero la corrupción del aparato represor del Estado ha seguido. En 2009, tras intervenir varios cuerpos policiales, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, afirmaba: “En un proceso socialista no puede haber policías delincuentes …, ya que ellos deben estar dispuestos a proteger a las clases populares y a la sociedad en general”. Meses más tarde, en un Aló Presidente, reconocía que “Del total de delitos registrados nacionalmente, entre 15% y 20% son cometidos por funcionarios policiales, sobre todo los delitos que comportan más violencia: homicidio y secuestro”. Comenzando 2009, policías del Estado Anzoátegui (que tenía en ese momento como gobernador a Tarek William Saab, del PSUV), dispararon brutalmente contra trabajadores de la Mitsubishi asesinando a José Javier Marcano y Pedro Suárez, e hiriendo a Alexander García. Esta acción criminal auspiciada por sectores del poder judicial y por la propia empresa evidenció una vez más el carácter de clase de los distintos órganos que constituyen al Estado burgués y al servicio de quién se encuentran. Quince miembros de la policía del Estado Anzoátegui fueron condenados a penas de entre 3 y 12 años de prisión pero los autores intelectuales jamás aparecieron.

La creación de la Policía Nacional Bolivariana en 2009 significaba la desaparición de la tristemente célebre Policía Metropolitana. Sin embargo, muchos de sus miembros (un 20% de los cuales tenían procedimientos abiertos por diversos delitos) pasaron a la nueva policía. Tras año y medio de funcionamiento el director de la PNB anunciaba la destitución de 86 funcionarios por diversos delitos.

Durante los años siguientes se han vuelto a repetir casos de represión o abuso por parte de distintos cuerpos policiales, uno de los últimos el de Quinta Crespo. El que este problema no encuentre solución no se debe a que los responsables de tal o cual cuerpo policial o sus integrantes tengan mucho o poco “humanismo” sino al carácter del Estado que, como lo expresó el propio comandante Chávez, sigue siendo burgués. Como explicó Lenin en “El Estado y la revolución”, miles de lazos (visibles e invisibles) unen a las policías y la burocracia del Estado con distintos sectores de la burguesía y sus negocios (legales e ilegales). Mientras la burguesía controle la economía y persista la estructura burguesa del Estado las mafias, la corrupción y la violencia policial seguirán existiendo.

El único modo de acabar con estos males es desmantelando totalmente el actual Estado y sustituyéndolo por un Estado basado en consejos de delegados elegibles y revocables por asambleas de trabajadores y vecinos, donde estos tengan y ejerzan realmente el poder. En un Estado genuinamente socialista todos los funcionarios (incluidos los policiales) deben formar parte del propio pueblo trabajador, rendir cuentas ante asambleas de trabajadores y vecinos y estar bajo su control. Las academias de policía y los cuerpos policiales (que ya no serían cuerpos separados sino milicias surgidas de la propia población) deben estar sometidos tanto en su formación práctica y teórica como en su desempeño cotidiano al control permanente de la sociedad. Los sindicatos, consejos de trabajadores y consejos comunales deben participar en su dirección y todos los funcionarios y cargos de dirección ser elegibles y revocables. Ese desmantelamiento del Estado burgués y construcción de un Estado dirigido por los trabajadores debe ir unido a la expropiación de los capitalistas y la planificación democrática de la economía para resolver los problemas (pobreza, lucha por la supervivencia, marginalidad, drogadicción) que alimentan la inseguridad.