Pasa den astean Kolonbiako gobernuaren politika ekonomikoa eta honek sortzen duen ondoez soziala agerian uzten duten gatazka lehertu zen. Puerto Gaitango (Metako departamentuan) langileek greba egin zuten eta hainbat eta hainbat zauritu izan ziren, zurrumurruek diotenez, hildako bat ere egon daiteke. Gainera Pacific Rubilales petrolioa ustiatzen duen enpresaren egiturak kalteak jasan zituen.[gazteleraz]
Más allá de lo que dicen los medios burgueses sobre el pretendido “vandalismo” de los manifestantes, lo cierto es que callan con alevosía la actitud antilaboral y represiva de la empresa Montajes JM, filial de la transnacional española cepcolsa-celsa, así como la naturaleza de la “inversión extranjera” en Colombia. El conflicto comenzó hace un mes, cuando los obreros de esta empresa, todos ellos contratados bajo la modalidad de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), en condiciones de sobreexplotación laboral, salarios paupérrimos, ausencia de prestaciones sociales y constante amenaza de despido, decidieron comenzar a protestar y exigir una mejora sensible de sus condiciones salariales y sociales. Tanto su forma organizativa como las demandas eran el producto de trabajo de asesoramiento de la USO, el sindicato de ECOPETROL que, durante décadas, ha defendido el importante patrimonio hidrocarburífero del país.
Esta movilización de los obreros de Puerto Gaitán, siendo un hecho coyuntural, desvelaba una cosa esencial: el régimen de tercerización laboral, fomentado entre otras modalidades por las CTA, además del sistema de sobreexplotación de la fuerza de trabajo por las compañías multinacionales. En efecto, los obreros de esta filial de la multinacional española perciben un salario mínimo, cuando un trabajador con contrato directo de ECOPETROL, la empresa estatal para la que finalmente proveía el servicio, devenga un salario mucho más dignificante. En este sentido, la tercerización laboral, bajo sus varias modalidades (ETS, CTA, S.A.S) no es otra cosa que una forma de hiperexplotación laboral, en la que los derechos laborales y sociales quedan conculcados totalmente. De lo anterior dan cuenta hasta los articulistas de medios masivos:
“Los futuros compradores de acciones de Ecopetrol deberían tener presente que su empresa es dueña parcial de compañías petroleras (30% de Cepcolsa en Puerto Gaitán; 60% de Pacific Rubiales) que violan continuamente los derechos de sus trabajadores. Como lo han documentado la CUT o la USO y lo reporta la Escuela Nacional Sindical, los salarios que pagan las multinacionales están muy por debajo del promedio internacional. El exceso de horas de trabajo en condiciones habitacionales y de salud deplorables recuerdan el sometimiento de esclavos a formas de explotación presuntamente ya desterradas. La persecución laboral y sindical, mediante despidos masivos (más de 1.100 en Puerto Gaitán), es práctica común en los campos petroleros nacionales, donde la ausencia del Ministerio de Protección Social y de las autoridades locales es proverbial. Incluso el vicepresidente Garzón ha elevado aireada protesta ante la situación, cuando lo normal es su tono conciliatorio y amigo del diálogo”.
Son estas las condiciones laborales que han llevado a los obreros de Puerto Gaitán a emprender el camino de la organización y movilización obrera como vía para la conquista de derechos laborales. Al hacerlo, en realidad estos trabajadores han puesto al desnudo, en época significativa, el oprobioso sistema de de explotación laboral que constituyen las formas de tercerización. Porque, en realidad, en Colombia hay aproximadamente un millón de trabajadores contratados bajo la modalidad de cooperativas, sumados a los casi 800.000 que lo están por Empresas de Servicios Temporales (EST), los más de 600.000 empleados públicos con contrato de prestación de servicios y así un largo etcétera de modalidades de contratación infrahumanas. Es esto lo que han puesto al descubierto las protestas de Pacific Rubiales, al punto que hasta el personal administrativo da la razón a los obreros, como hace un ingeniero de la compañía al comentar la represión salvaje de la policías y el ejército contra los obreros:
“Lo que pide la gente de la región no es algo inalcanzable. Las compañías no se fijan en que un trabajador, por muy obrero que sea, siente. No les brindan las condiciones óptimas (un buen salario, un buen dormitorio con una buena cama, una buena dotación”.
Las movilizaciones de los trabajadores, que comenzaron siendo pacíficas, tornaron en violentas sólo cuando la empresa respondió a sus justas reclamaciones despidiendo a 1.110 obreros, hecho que consumó lanzando sobre los manifestantes la furia criminal de la fuerza pública, experta en reprimir y asesinar las manifestaciones populares. Los hechos que hemos presenciado esta semana, los heridos, el presunto muerto, los “daños a la propiedad”, no son más que el resultado de una política antilaboral de una compañía multinacional apuntalada sobre las bayonetas del gobierno.
Y este es el segundo aspecto que desvela lo sucedido: la naturaleza de las compañías multinacionales que operan en el país y su la tan cacareada “confianza inversionista” que debe brindárseles, confianza que consiste en asegurar sumisión de los trabajadores bajo la férula del ejército y la policía. Después de ocho años de terrorismo vertical, escalado desde el propio Estado a la sociedad, y los actuales y a cada vez peores escándalos de corrupción, persecución y terror global, el pueblo colombiano viene tomando conciencia, poco a poco, que la motivación última para tanta represión no era otra que asegurar las condiciones de libre usurpación de estas compañías transnacionales, denominada eufemísticamente como “confianza inversionista”.
Cabe mencionar, por último, que los sucesos de Puerto Gaitán también demuestran que el acuerdo laboral Obama-Santos, firmado el 6 de abril del presente año, y que fue vendido como la panacea para suprimir las condiciones de precarización del trabajo, no era más que una cortina de humo tendida para legitimar el TLC con Estados Unidos. Santos, jurando y perjurando que estaba dispuesto a defender la vida, el derecho de asociación sindical y las condiciones de trabajo digno de los obreros, se avino a un acuerdo con el gobierno de Obama respecto al combate a la violencia e impunidad en las violaciones de derechos humanos de los sindicalistas y sus agremiaciones, y a acabar con las diversas modalidades de tercerización laboral. Bajo la pompa mediática, intentó consensuar la firma de un “acuerdo laboral” con las diferentes centrales obreras, espejismo en que cayeron, de manera oportunista, tanto la CGT como la CPC. Dicho acuerdo funge actualmente como el argumento legitimador del gobierno colombiano frente al imperialismo norteamericano, con vistas a la aprobación en el congreso de dicho país del TLC con Colombia. Sobra decir que las promesas de Santos a los sindicalistas se disolvieron en el aire, cargado de gas lacrimógeno en el municipio de Puerto Gaitán.
