PPk aurrera daramatzan erasoen artean nabarmenenetako bat osasun publikoarena da. Borrokaren bidez lortutako eskubide sozialak kolpe batez kendu nahi ditu gobernuak. Osasun publikoaren aldeko borroka eskubide sozialen aldeko borrokan erreferente bihurtu da eta Madrilgo borroka da estatu mailan indartsuen dagoena.

El pasado 5 de febrero, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles convocó en dicha ciudad una multitudinaria manifestación que acabó en la plaza del ayuntamiento, donde representantes de las organizaciones convocantes dirigieron unas palabras a las miles de personas que asistieron. Uno de ellos fue Carlos Barras —médico del Hospital de Móstoles— que, en referencia a los planes del PP, expuso de forma clara lo que nos estamos jugando en esta lucha. Carlos explicó las intensas y masivas luchas que hubo que llevar a cabo en Móstoles entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, para poder conseguir el Hospital de Móstoles y que cientos de miles de familias trabajadoras de Móstoles y de otras localidades de la zona sur pudieran tener un hospital propio y no tuvieran que desplazarse a Madrid a recibir atención hospitalaria. “Eso es lo que hoy nos quieren robar para regalárselo envuelto en papel de regalo a los empresarios de la sanidad privada para que estos sigan engordando sus bolsillo”, en esta frase, pronunciada por Carlos, está resumida la esencia de la política del PP y el sentido de esta lucha. Así lo entiende la inmensa mayoría de los profesionales de la sanidad, así como la mayoría de los trabajadores y jóvenes de Madrid. El grito de “la sanidad pública no se vende, se defiende” ha sido hecho suyo por la inmensa mayoría de la población, y todas las mentiras y engaños del consejero Lasquetty y sus cómplices, solo contribuyen a aumentar la indignación y suman fuerzas a la lucha. La idea de que intentan robarnos lo que con tanto esfuerzo conseguimos, es lo que explica la masividad de las movilizaciones habidas, su alto apoyo social y el vigor con que esta lucha se mantiene y pretende ampliarse.

El 75% de los equipos directivos de los centros de salud de la Comunidad de Madrid (CAM) han mostrado su rechazo al plan de privatización. La mayoría dimitiendo y otros mandando un escrito a la CAM reiterando explícitamente su rechazo a dicho plan. En total son 193 directores y 180 equipos directivos al completo.

Primeros frutos de la lucha. ¡Sí se puede!

La lucha ha tenido sus primeros efectos, con los que ha empezado a desmoronarse la aparente fortaleza del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid; efectivamente, nos encontramos ante un Gobierno débil, con una base de apoyo cada vez más reducida.
La primera grieta se abrió en el hospital de la Princesa, donde la consejería de Sanidad ha tenido que aparcar (que no abandonar, como denuncian los trabajadores del centro y que siguen en pie de lucha) sus planes de convertirlo en un geriátrico. La suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional del euro por receta, es consecuencia clara de las movilizaciones y de un intento calculado, para desactivar el conflicto, a la vez que muestra las divisiones que la lucha social provoca dentro del PP. Otra cuestión que han tenido que retirar es la pretensión de concentrar en un número reducido de hospitales la mayor parte de los procesos de laboratorio de rutina. Todas estas primeras “pequeñas” victorias, revelan que el único camino para defender la sanidad pública de este ataque sin precedentes es el de la lucha.

17 de febrero: marcha estatal

A la vez que se ha conseguido arrancar estos avances al Gobierno del PP, la consejería mantiene su ofensiva contra la sanidad pública.

En el Hospital Puerta del Hierro, pretende eliminar 26 categorías profesionales no sanitarias y privatizar el servicio que estos realizaban. Han cerrado el Hospital Instituto de Cardiología y otros centros asistenciales, etc. Todos estos ataques están encontrando la respuesta clara de las distintas plantillas que se están movilizando. También se mantiene la lucha por el mantenimiento de la actividad de los hospitales Carlos III y de la Princesa, así como la de la lavandería central. Por otro lado, en multitud de centros de salud y hospitales de la CAM, siguen las concentraciones periódicas y los encierros.

En este contexto, también hay convocadas por distintos colectivos acciones de carácter centralizado. Cabe destacar la marcha planteada para el domingo 10 de febrero al Hospital de Collado-Villalba. Dicho hospital es uno de los cuatro centros con gestión enteramente privada que ha promovido el gobierno regional. Está totalmente construido y su gestión se ha adjudicado a la empresa CAPIO, que lo ha puesto a disposición de la administración sanitaria el 1 de enero, pero aún permanece cerrado, sin prestar servicio; desde ese día CAPIO recibirá 775.591 euros mensuales (938.465 con el IVA correspondiente) en concepto de seguridad, desinfección y desratización, limpieza, mantenimiento, reparaciones, seguros, suministros, tributos, amortización y costes financieros. Es decir: con dinero público se pagarán 900.000 euros mensuales a una empresa privada por mantener un hospital cerrado.

La convocatoria central fue la marcha estatal que se celebró 17 de febrero en Madrid, que fue multitudinaria. Esta manifestación se celebró en un contexto en que otros sectores están también movilizados (los estudiantes acaban de protagonizar tres días de huelga seguida masivamente en todo el Estado; en Madrid se están coordinando los trabajadores del transporte público, del ayuntamiento de Madrid y otras empresas públicas contra los recortes y las reducciones salariales) y en el que el gobierno del PP, tanto central como el de la Comunidad de Madrid, está en su peor momento en 20 años, debido al amplio rechazo social a su política de recortes y los escándalos de corrupción. Se dan las mejores circunstancias para la convocatoria de una huelga general en todo el Estado y, desde luego, para una huelga general de la Comunidad de Madrid, que tuviera como objetivo revertir todos los planes de privatización y recortes que están en marcha. Es obvio que los dirigentes de CCOO y UGT no apuestan por esta convocatoria así que, como todas las huelga generales anteriores habrá que imponerla por abajo.