Azaroaren 29an gobernuak iragarri zuen ez zuela “tarifa defizitarekin” amaitzeko 3.600 milioiko ekarpena egingo, hala egingo zuela hitz eman arren. Ondorioz, argindar merkatua kontrolatzen duten enpresek lapurreta beste modu batera egitea erabaki zuten: familiek ordaindu behar duten tarifa igotzea. Honela, %11ko igoera iragarri zuten.

El 29 de noviembre el Gobierno anunció que no iba a aportar los 3.600 millones comprometidos a las eléctricas para acabar con el llamado “déficit tarifario”. Como consecuencia de ello, las empresas eléctricas, que controlan absolutamente todo el mercado de la electricidad, decidieron efectuar el robo de otro modo: incrementando todavía más las tarifas que pagan las familias. Así, el resultado de la llamada subasta CESUR del 19 de diciembre, que afecta a la Tarifa de Último Recurso (TUR), la que pagan la inmensa mayoría de los consumidores domésticos y las pequeñas empresas, implicaba una subida de la TUR de hasta un 11%.

Ante un escándalo que podría tener consecuencias políticas muy importantes el gobierno intervino, dejando la subida finalmente en un 2,3% para el primer trimestre del año. Sin duda, esta subida no será la única de este año y en los próximos meses subirá de nuevo el recibo de la luz como desean las eléctricas. En realidad, a pesar del aparente enfrentamiento entre las eléctricas y el gobierno del PP no hay un choque de fondo entre ellos. Al contrario, hay una total connivencia por parte de los diferentes gobiernos que ha quedado demostrada durante toda la historia del sector eléctrico en el Estado español.

¿Cómo funciona el mercado eléctrico?

Durante los últimos años, mientras que las familias obreras nos teníamos que enfrentar constantemente a subida tras subida del precio de la luz, sobre la base de la llamada liberalización del mercado eléctrico español las empresas eléctricas han conseguido beneficios astronómicos. 

Hasta el año 1997, los precios de la factura eléctrica se basaban en los costes de producción de la energía. En este año, el primer gobierno del PP encabezado por José María Aznar aprobó la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico que “liberalizaba” el mercado eléctrico. En realidad, no fue en la práctica una liberalización, ya que el sistema pasó de estar formado por un único monopolio que controlaba toda la red eléctrica a estar formado por un oligopolio que es el que, en la práctica, decide todo lo relacionado con el mercado eléctrico. De hecho, hay cinco empresas que controlan absolutamente todo el mercado en el Estado español: Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP, E.On e Iberdrola. Estas empresas se encargan de la producción de la electricidad, de su distribución y transporte y de su comercialización, participando en todas las fases del proceso incluída la denominada subasta CESUR.

El llamado “déficit tarifario” es la diferencia entre lo que se paga en las tarifas de la luz y el coste estimado, que no real, de la producción de energía que fija el Gobierno. Este déficit es una muestra más del sistema perverso del mercado energético, ya que los costes de producción de energía reales son mucho más bajos que el coste estimado que fija el Gobierno, es decir, que las eléctricas no pierden dinero. La diferencia entre lo que reconoce el gobierno y lo que se aplica en las tarifas finales es la deuda que el Estado tiene que pagar a las empresas eléctricas. De este modo los monopolios de la energía se aseguran siempre suculentos beneficios.

En la reforma energética del gobierno de Rajoy una de las medidas que se contemplaba era la “titulización” de esta deuda, es decir, el gobierno vendió esta deuda en los mercados internacionales para que las eléctricas pudieran hacer efectivo el cobro de dicha deuda y, por lo tanto, ahora la deuda la tiene el Estado español con los mercados internacionales. Con esta medida además de la deuda de unos 24.000 millones de euros, ahora habrá que pagar cuantiosos intereses anuales. Evidentemente, este dinero saldrá de los recortes en educación o sanidad y no del bolsillo de los grandes empresarios y banqueros.

A pesar de la campaña de indignación aparente de las grandes eléctricas, la realidad es que los beneficios de las cinco principales empresas eléctricas del Estado español son cuantiosos. Iberdrola en los primeros nueve meses del año 2013 ganó 2.274 millones de euros. El sueldo total de su consejo de administración, formado por catorce personas, fue de 14,53 millones. E.On en los nueve primeros meses de 2013 ha obtenido un beneficio neto de 1.900 millones de euros; Endesa, 1.551 millones y además repartirá este año entre sus accionistas unos dividendos de 1.588 millones; Gas Natural Fenosa, 1.120 millones y EDP, 792 millones. En total, las cinco eléctricas sumaban hasta septiembre un beneficio neto de 7.638 millones de euros. Estos datos obscenos se elevan sobre la base de exprimir hasta el último céntimo de las familias trabajadoras.

Especulando con la electricidad

En el año 2009 el gobierno del PSOE creó la Tarifa de Último Recuso, creada aparentemente para evitar que las empresas eléctricas pudiesen manipular de forma artificial el precio de la luz que de este modo se mantenía estable durante cada trimestre. La novedad estaba en que la parte de la factura que se basa en el coste de la producción de energía se calculaba a través de una “subasta” de energía.

La subasta de energía sobre el papel es una subasta virtual donde se puja por el precio de la energía. En realidad, aunque se le llame subasta no es exactamente así, ya que las eléctricas forman parte tanto de la venta como de la compra de energía y por lo tanto tienen asegurados sus beneficios. Además de las eléctricas, participan también grandes financieras, que en muchos casos tienen también intereses en las empresas eléctricas. El mecanismo es el siguiente: los intermediarios apuestan a cuánto van a vender la electricidad en el siguiente periodo. Después compran energía en el mercado diario y la venden a las comercializadoras al precio fijado. Hasta ahora se han realizado subastas en 18 trimestres, 16 han acabado con beneficios para los intermediarios que son entre otros Morgan Stanley, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland o Deutsche Bank, además de las propias empresas del sector eléctrico. En la subasta del 19 de diciembre, el precio de la electricidad se elevó un 29,95% y habría supuesto un aumento del precio de la factura superior al 10%. Fue tan escandalosa la manipulación de esa subasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió anular el resultado.

Todo este sistema obsceno se ve beneficiado por la vinculación entre las eléctricas y numerosos políticos. El ejemplo más sonado es el del expresidente del gobierno José María Aznar, que es asesor de Endesa (empresa que privatizó) con un sueldo aproximado de 200.000 euros; Miquel Roca Junyent, fue parlamentario por CiU y ahora está en Endesa; el exministro del Interior Ángel Acebes es consejero de Iberdrola con un sueldo en 2012 de 216.000 euros; el también expresidente del gobierno Felipe González está en el consejo de administración de Gas Natural-Fenosa, y así podríamos continuar con una lista interminable de políticos que al acabar su carrera política han sido premiados por las grandes empresas del sector eléctrico.

Mientras muchas familias no pueden pagar la luz, otros se enriquecen descaradamente

Según el último informe de la organización de consumidores FACUA, con la tarifa existente hasta diciembre de 2013, el usuario medio paga 77,37 euros mensuales (60,83 euros más un 27,19% de impuestos). Eso es un 78% más de lo que se abonaba en 2003, cuando la cifra era de 43,47 euros (35,65 euros más un 21,93% de impuestos). Esto quiere decir que en diez años el precio del kw de potencia contratada ha subido un 119%, mientras que la energía consumida ha aumentado un 69%.

Mientras millones de familias se ven obligadas a pasar el invierno sin utilizar la calefacción por falta de recursos económicos, las empresas eléctricas, a pesar de sus desorbitados beneficios, no tienen el menor reparo en cortar la luz a todos aquellos que no puedan pagar. Durante el año 2013, 1.400.000 familias han visto como les cortaban la luz para que los dueños de las empresas eléctricas añadan algunos ceros más a sus cuentas corrientes.

Lo que está claro es que en el mercado energético lo que existe en realidad es un oligopolio, donde un puñado de empresas con un carácter parasitario, que vive de los beneficios que le brinda el Estado y donde el riesgo de sus inversiones es nulo, ya que el Estado garantiza sus beneficios. La situación del sistema energético en el Estado español es otra evidencia de la decadencia del sistema capitalista. Un sector fundamental, que es determinante para la economía y para la vida de las personas, está en manos fundamentalmente de cinco empresas cuyo único interés es sacar el máximo beneficio. 

Ante esta situación la única alternativa viable para garantizar unos precios asequibles en la factura de la luz y para acabar con la especulación rampante del sistema eléctrico es la nacionalización sin indemnización de todo el sector eléctrico bajo el control de los trabajadores y de esta forma se pondría un recurso básico como es la electricidad al servicio de la mayoría de la sociedad.