PSOEren gobernuak kapitalisten interesak defendatzen jarraitzen duen bitartean UGT eta CCOOko agintariek edozein aitzakia jartzen dute garraiolarien borroka ez bultzatzeko.
Todo indica que la huelga de transportistas, convocada desde el lunes de esta semana en todo el Estado, está siendo un éxito, a pesar de que la principal patronal del sector, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), se ha opuesto a la convocatoria.
La base del movimiento está compuesta fundamentalmente por autónomos, que son el 80% de los profesionales del sector. En realidad, bajo la fórmula legal de autónomos trabajan decenas de miles de personas cuyas condiciones de vida y de trabajo se parecen mucho más a las de un trabajador asalariado que a las de un empresario.
El estallido del conflicto ha sido provocado por la subida de los precios del gasóleo, que en el último año se ha incrementado un 36%. A eso se suma el hecho de que quien corta realmente el bacalao en el sector, las grandes empresas de distribución y de transporte, tienen mucho margen para presionar a la baja el precio que pagan por los servicios de transporte o por la subcontratación. Además está el contexto general de la crisis, que ha repercutido en una disminución del trabajo en el sector. Es decir, centenares de miles de trabajadores autónomos están atrapados entre el encarecimiento de los costes y la disminución de los ingresos.
“Para este joven transportista lo peor de la situación de los camioneros es la inseguridad laboral”, se podía leer en un artículo publicado en Público el 9-6-2008. El mismo Juan Carlos Guijarro, de 36 años, decía: “Te obligan a cargar y a descargar el material sin ser nuestro trabajo, a ponerte el casco, el chaleco y cada vez cobramos menos. Los que llevan corbata saben que si no aceptas el abuso, contratan a otro”, resume. En el mismo reportaje se podía leer lo que decía otro transportista de 45 años: “Durante los últimos años ha habido mucho curro, pero ahora está todo parado, apenas hay obras”. Decía que con la subida de precios de los combustibles había tenido que poner 2000 euros de su bolsillo para poder trabajar. Es decir que su "empresa" estaba en pérdidas desde hacía meses.
Hasta ahora, la orientación del gobierno van en el sentido de satisfacer las demandas de la principal patronal del sector (CETM, que no convoca), y empresas que no poseen vehículos de transporte (almacenistas, polígonos industriales logísticos, etc…), ofreciéndoles reducción de las cargas sociales, impuestos, etc. Es decir, lo que está prevaleciendo hasta ahora son los intereses de los grandes empresarios, que no quieren ni oír hablar de una regulación de los precios de los servicios que pagan a los pequeños transportistas (la tarifa mínima que piden los huelguistas).
Obviamente, el sector del transporte no es homogéneo, ni está compuesto exclusivamente por trabajadores autónomos que se ganan la vida con su trabajo. Hay pequeños empresarios que viven de la explotación del trabajo ajeno, como ocurre en otros sectores, y que en realidad lo único que les importa son sus beneficios y no el destino los trabajadores. Por eso, es importante distinguir las justas reivindicaciones de aquellos trabajadores autónomos que están pidiendo una salida digna frente a la subida de precios y el abuso de los empresarios que, a río revuelto, traten de sacar más tajada para su bolsillo.
Es evidente que esta huelga se produce en una situación económica y política bastante crítica. Mucha gente ve con simpatía este movimiento porque también sufre en sus carnes la subida constante de los precios de primera necesidad y se dan cuenta que la crisis siempre la acaban pagando los más desfavorecidos.
¿Una huelga patronal?
La dirección de CCOO y de UGT ha zanjado su posición sin muchos matices. Según el portavoz de la Federación de Comunicación y Transporte de CCOO, se trata de un “cierre patronal ilegal y no lo apoyamos”. Como alternativa, señaló que es necesaria una reforma estructural negociada entre administración pública, sindicatos y patronal. Es decir, su alternativa es una reconversión del sector, en esencia, la misma postura que defiende El País en su editorial de hoy martes 10 de junio: “El transporte necesita empresas más grandes y mejor dotadas de capital financiero y tecnológico. Resistirían mejor el encarecimiento del crudo, transmitirían mejor al mercado los costes de producción y distribución y reaccionarían con menos histerismo a la subida de los costes”. De hecho El País, como portavoz cualificado de los grandes monopolios, indica con claridad quienes tiene que pagar los platos rotos de esta situación: “Parece obvio que cualquier acuerdo con los huelguistas implicará subidas de precio para los consumidores”. ¿Y por qué tiene que ser así? Una parte muy importante del precio final de los combustibles se debe a los impuestos que pesan sobre ellos. Pero estos impuestos, de carácter indirecto, como también el IVA, afectan por igual a todos los sectores de la sociedad. Se ven obligados a pagarlos, independientemente de sus ingresos y patrimonio, un autónomo del transporte, un trabajador que se desplaza a su puesto de trabajo, o un abogado, un tertuliano (de esos que claman contra las huelgas y piden mano dura), un banquero o un miembro de la CEOE. ¿Por que el gobierno, un gobierno que se dice a si mismo socialista, no incrementa la carga impositiva sobre los que más tienen, y en lugar de aumentar los impuestos indirectos que no grava a las grandes fortunas y los grandes beneficios empresariales? No lo hace, por que este gobierno acepta la lógica del capitalismo. De hecho las medidas en materia económica aprobadas recientemente por Solbes y Sebastián van precisamente en ésta dirección: rebajas fiscales para los más ricos (como la supresión del impuesto de sucesiones, y la reducción del de patrimonio); nuevas subidas de la tarifa de la luz; anuncios de nuevas reformas laborales para seguir desviando dinero público a los bolsillos de los empresarios a través de reducciones de cuotas a la seguridad social y bonificaciones fiscales; privatización de los servicios públicos…
Es un absoluto escándalo que ante el aumento de los despidos, la subida brutal de los precios, o los anuncios de la CEOE a favor de hundir aún más los salarios, los dirigentes sindicales den la callada por respuesta. La actitud pactista y sumisa de los dirigentes sindicales hacia los intereses empresariales, que recorre su actuación en general, se refleja también en su posicionamiento hacia este conflicto. Una postura correcta en la huelga de los transportistas sería precisamente la de apoyar a los que realmente están sufriendo la crisis (los trabajadores, encubiertos o no bajo la denominación de autónomos), y denunciar a los que lo único que quieren es obtener más ventajas fiscales y empeorar todavía más las condiciones laborales de los trabajadores. Pero los dirigentes no están haciendo eso en este caso ni en ningún otro. Una postura de clase y firme por parte de los sindicatos sería la mejor manera de que muchos autónomos entendiesen que su futuro está ligado a la lucha de la clase obrera en general, y que sus padecimientos son la consecuencia de la crisis del sistema capitalista en una época de dominio absoluto de los grandes monopolios y fondos especulativos, que son los que determinan el aumento del precio del petróleo, los que condicionan la inflación de los precios de los alimentos, y los que imponen la extensión de la jornada laboral para aumentar sus beneficios. Todo ello, por supuesto, con el beneplácito de los gobiernos de la derecha y de la socialdemocracia.
Esta posición de clase, es la mejor manera de combatir el corporativismo y la influencia de organizaciones reaccionarias que tratarán de canalizar el descontento del sector hacia posiciones individualistas y amarillas. En realidad lo que deberían estar haciendo ya los sindicatos es movilizar contundentemente al conjunto de los trabajadores para evitar que las consecuencias de la crisis (desempleo, inflación, subida de las hipotecas, recorte de los gastos sociales, etc ...) recaiga sobre las espaldas de los trabajadores.
Pero un movimiento amplio de los trabajadores es, precisamente, lo que tanto los dirigentes sindicales como el gobierno, quieren evitar. Temen que la huelga del transporte, y más si el gobierno hace concesiones, acabe contagiando a otros sectores, y se acabe desatando un movimiento por abajo que choque frontalmente con su línea estratégica de paz social a toda costa. El malestar social es profundo y cualquier accidente puede acabar rompiendo la calma tensa que se respira por abajo.
