El País Valenciano se acerca, según todos los indicios, a un estado de convulsión social. Existen suficientes elementos que demuestran la enorme rabia, la indignación ya no contenida, las ganas de lucha, de sectores muy amplios de la población. En primera línea, los trabajadores del sector público, que están protagonizando concentraciones, ocupaciones de despacho, cortes de tráfico, etc. Hay que destacar el grado de organización y combatividad de los trabajadores sanitarios y, muy especialmente, de los docentes, para los que la experiencia de lucha de los últimos años no está siendo en balde.
La aprobación de un decreto-ley a principios de enero cogió por sorpresa a gran parte de la población. Igual que su padrino político Rajoy (antes de las elecciones de noviembre), Fabra prometía el año pasado, demagógicamente, hacer recortes que no afectaran a los servicios públicos, y bajar los impuestos, mientras su conseller de Hacienda (José Manuel Vela) declaraba: ‘bajar el sueldo a los funcionarios sería un atraco’.
Éstas son algunas de las medidas del decreto-ley, y de decisiones posteriores, con respecto a los servicios públicos y sus trabajadores:
• Una reducción de 271 millones en la masa salarial. Para ello reducen la jornada laboral (y consecuentemente los salarios) de los interinos y temporales; en el caso de los docentes, un 33%, en el de los sanitarios, entre un 25 y un 50%. Los complementos se reducen también, en algunos casos a la mitad, y no se concederán más algunos de ellos (los sexenios de los profesores). ¡Todo esto implica una reducción de cientos de euros (hasta 800) al mes! Los interinos (y otros colectivos docentes) serán despedidos a final de curso, para así no pagar sus vacaciones. Se rebaja la cobertura salarial de los días de baja, salvo por enfermedad profesional, y las ayudas sociales. Y se realizan los requisitos legales previos para el despido de hasta el 25% de los interinos. Para cubrir su trabajo en la educación pública pretenden aumentar en tres horas la jornada lectiva de los docentes. Estos despidos y reducción de jornada implica, evidentemente, más trabajo para menos manos, es decir, una brutal saturación en los servicios públicos. Un ejemplo: en Algemesí (Valencia), con 30.000 habitantes, un solo médico atenderá las Urgencias durante la noche.
• Un recorte generalizado en la prestación de servicios. Prácticamente todos los conceptos y todos los servicios públicos lo sufren. En la sanidad implica el cierre de centros de salud teóricamente obsoletos y de puntos de atención continuada (las urgencias de Primaria), el retraso de la apertura de Urgencias de las 15 a las 21 horas (es decir, los servicios de Primaria, con una plantilla recortada, harán de hacerse cargo de las urgencias en su horario de tarde), la paralización de la desviación a clínicas privadas (lo que, según CCOO, aumentará las listas de espera en 40.000 pacientes), el cierre de los consultorios los sábados, el cobro de la tarjeta sanitaria, y el ahorro hasta extremos ridículos (un pañal por paciente, suturas sin grapas) en gasto hospitalario (se obliga a los pendientes de operación quirúrgica a ingresar a las 7 horas del mismo día, y se hará un control sobre los pacientes que superen los nueve días de ingreso hospitalario). Por último, la Generalitat del PP ha anunciado la posibilidad del copago sanitario.
• El cierre de empresas públicas y el avance en la privatización. Así, en Ràdio Televisió Valenciana se prevé un ERE de mil trabajadores (el 60% de la plantilla), de cuyo proyecto, muy significamente, se encarga un liquidador de empresas, mientras abren al negocio privado futuros canales temáticos de Canal Nou codificados. En el Centro de Investigación Príncipe Felipe, el recorte ya afectó, en setiembre, a la plantilla (casi la mitad, despedida; el resto, con menos salario), a 16 laboratorios (cerrados), y a los probables beneficios públicos de 14 líneas de investigación (abandonadas). El Palau de les Arts cerrará en la temporada estival y recorta salarios hasta un 15%. Mientras, en sanidad, se generalizará la introducción de la empresa privada.
• El aumento de impuestos, que afecta principalmente a la clase obrera y capas medias. Se concreta en: aumento del tramo autonómico del IRPF, subida del 100% del mal llamado céntimo sanitario (se cobrarán casi 5 céntimos por litro de gasolina), tijeretazo en las deducciones fiscales (por nacimiento, hijos discapacitados, conciliación familiar-laboral, etc.), que afectarán a 278.000 familias, y eliminación de beneficios para jubilados y jóvenes en el metro de la capital (de competencia autonómica); en este caso, aquellos deberán pagar un 33% más, y los jóvenes de Valencia un 36% más (46%, si son de las poblaciones obreras del extrarradio). A esto hay que sumar el aumento impositivo anunciado por Rajoy, y los de los ayuntamientos (por ejemplo, el drástico incremento del IBI). En Valencia (y su área metropolitana), desde diciembre, la tasa de basuras ha aumentado un 150%.
Impagos de la Generalitat
Esta situación tan dramática, que deja en los huesos conquistas vitales del pasado, se ve amplificada por la supuesta falta de liquidez de la Generalitat. El caos financiero se apodera de ella, provocando un pertinaz impago a los centros públicos de todo tipo, a los proveedores y a las numerosas empresas que trafican con los servicios sociales, repercutiendo éstas las consecuencias en sus trabajadores y usuarios. Uno de los casos más graves es la enseñanza pública. Los colegios e institutos subsisten día a día sin fondos suficientes para los gastos corrientes; hasta el 25 de enero la Conselleria no envió la remesa correspondiente al tercer trimestre de 2011, debiendo todavía el cuarto. Aun con este envío, el peligro de colapso, en muchos centros, no ha desaparecido, y así incluso después del 25 hay institutos sin calefacción, o que suspenden clases por falta de luz (el Jorge Juan de Alicante). La paralización de actividades extraescolares, y de las clases prácticas en el caso de los ciclos, es generalizada (en el ciclo de Prótesis Dental del Àusias March valenciano los profesores exigieron dos mil euros a los alumnos para poder hacerlas). Las sustituciones fueron interrumpidas durante mes y medio, ahora se han reanudado de forma parcial. La falta de espacio es endémica (se dan clases en despachos, pasillos, baños). Hasta la muy pía patronal Escuelas Católicas ha amenazado con la movilización si los conciertos no se ponen al día; estos señores tan cristianos, ante la bofetada de la Generalitat en forma de impago, ponen la otra mejilla… de los padres, obligándoles a pagar voluntariamente por los gastos (¿lo devolverán al recibir el concierto?). Por supuesto, al conseller del ramo, aparentemente, le urge más la salvación de su alma que la de la enseñanza pública; así, esta deuda ha sido ya liquidada.
La Universidad también ha dado varias veces la señal de alarma, amenazando con su cierre si no se libra al menos parte de la deuda que tiene la Generalitat con ella (900 millones). Por otro lado, responsables de áreas de salud han avisado al conseller de Sanitat que si los retrasos en los pagos se mantienen, podrían dejar de entregar las nóminas a los trabajadores. Los centros de empleo de discapacitados exigirán 27 millones por vía judicial, mientras prevén despedir a 200 trabajadores y el cierre de trece de ellos antes de abril; la mayoría de la plantilla no cobra desde hace meses. A todo esto se junta la brutal situación de la economía valenciana; en estos momentos hay 641.000 parados en el territorio, y 100.000 familias sin ingresos.
El panorama no es mejor a nivel municipal, donde el endeudamiento también es elevado. El Ayuntamiento de Alboraia (Valencia) irá a la quiebra a mediados de este mes, si no logra pagar su deuda con la empresa de agua; para evitarlo permitirá el embargo de propiedades municipales. La Federación Valenciana de Municipios calcula en 80 los que se verán abocados a la bancarrota este año.
Los ‘grandes eventos’
Los impagos y recortes son la fatal consecuencia, no sólo de la crisis económica, sino de la política del PP. Toda la estrategia en la que se ha basado para mantener el control durante lustros del País Valenciano hace aguas. Desde la llegada del Partido Popular al Palau de Manises (sede de la Generalitat), en 1995, ha saqueado los recursos públicos en beneficio de la clase dominante (y de ellos y sus familiares y amigos, como una camarilla dentro de esa clase). Una política que se aceleró con el boom del ladrillo, coincidiendo con los estertores de Eduardo Zaplana y la llegada de Francisco Camps al frente del Consell. Mientras privatizaban la sanidad y educación (deteriorando la pública mientras multiplicaban conciertos con la privada), e infiltraban los servicios públicos de empresas privadas, convirtiendo aquéllos en nutrientes de éstas (en sanidad, en Canal 9, en la atención a la tercera edad, al menor, al discapacitado…), convertían la política de grandes eventos en una gran oportunidad de negocio. La Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), Terra Mítica, la Ciudad de la Luz en Alicante (estudios cinematográficos que pagan a los productores para que vayan a filmar allí), la Fórmula 1 (F-1), la Copa del América, o el famoso aeropuerto de Castellón, todo era una gran oportunidad para las constructoras, las empresas hoteleras, las inmobiliarias, y todo un universo de compañías que chupaban de los abundantes recursos públicos. Las cajas valencianas (CAM y Bancaja), la Sociedad de Garantía Recíproca, y otros mecanismos de sociedades semipúblicas aportaban la liquidez necesaria para capear la realidad (la mayoría de esos eventos o construcciones han sido, a la vez que rentables para las grandes empresas, un desastre financiero para las arcas públicas: CACSA, la F-1, Terra Mítica… no hablemos del aeropuerto). Hoy, CACSA y la Sociedad de Proyectos Temáticos, tras una inversión de 1.750 millones, tienen una deuda de 1.325. Pero el caso de la F-1 es especialmente escandoloso: la Generalitat ha tenido que nacionalizar (comprar por un euro) Valmor Sports, que era la intermediaria que pagaba al decrépito parásito Bernie Ecclestone, dueño de la Fórmula; con esta acción se ha hecho deudor de 94 millones por las tres ediciones que faltan. Fabra está valorando rescindir el contrato, pero si no logra negociar con Ecclestone tendrá que pagar en cualquier caso esa cantidad. Pero lo más grave es que justo antes de dimitir Camps firmó un contrato que obliga a la Generalitat a pagar 24 millones anuales ¡hasta 2020! por la continuidad de la carrera en Valencia hasta entonces, siempre y cuando Cataluña renuncie a organizarla (renuncia que ya ha anunciado la Generalitat catalana).
Esta política de grandes eventos fue vendida por el aparato popular ante su base social, un sector amplio (aunque no mayoritario, como luego explicaremos) de capas medias y obreros políticamente atrasados. Algunos de ellos sí sacaron provecho, en forma de beneficios en establecimientos hosteleros o pequeños comercios, o contratos de pequeñas empresas y cuadrillas en la construcción. Sin embargo, la política de trasvase ingente de capital público a manos capitalistas sólo se pudo mantener en base a un endeudamiento acelerado (basado en una perspectiva de boom inmobiliario y turístico permanente) y a una precarización de los servicios públicos, como sanidad, educación y el transporte público (el accidente de metro del 3 de julio de 2006, con 43 muertos, es una luctuosa demostración de esto).
Lerma, acusado de derrochador por el PP, dejó una deuda de 2.500 millones. En julio, cuando dimitió Camps, la deuda era de 20.500, o sea, un 600% más. El País Valenciano está en lo más alto: es la comunidad con la deuda mayor en función del PIB (un 20%, frente al 6% que había dejado Lerma). Cada valenciano debe de media 4.331 euros por la deuda autonómica. Y los bancos no perdonan: Fabra puede dejar de pagar a los hospitales, los colegios o los parques de bomberos, pero no va a olvidarse de pagar a los banqueros.
El Gobierno ha tenido que echar un capote a la Generalitat tres veces desde diciembre, adelantándole sus envíos (la primera, para desembolsar a los tenedores de bonos patrióticos; la segunda, para pagar un crédito vencido una semana antes del Deutsche Bank). Ahora bien, las finanzas autonómicas se asemejan a un funambulista sin experiencia que recorriera un cable del Palau de Manises a las Torres de Serrans. Este año tienen que afrontar vencimientos por valor de 4.000 millones, 1.500 de ellos en mayo. La única forma de hacerlo, según el conseller Vela, es creando hispanobonos, es decir, bonos respaldados por el Estado central. Pero, de la misma forma que la burguesía europea más fuerte (la alemana) se opone con uñas y dientes a los eurobonos, el núcleo de la burguesía españolista no va a salvar a sectores accesorios de su clase social. Éstos tendrán que hacer lo que temen: enfrentarse a cara de perro con el movimiento obrero, y social en general, para extraer bastante más de la clase obrera, y de otros sectores (incluso sectores de la base del PP). La posibilidad (blandida por el ministro de Economía, Luis de Guindos) de la intervención en las Comunidades Autónomas, es muy real, al menos en el caso valenciano, con lo que eso implicaría de desprestigiar aún más el régimen de democracia burguesa.
El caldo de la corrupción
La estrategia pasada del PP fue el caldo de cultivo ideal para generalizar a niveles insospechados la corrupción. Los continuos casos que van apareciendo, y que sólo es la punta del iceberg, demuestran una actitud de autocomplacencia y prepotencia amasada en años de impunidad absoluta. El caso Gürtel, la trama de Emarsa, el fraude en Aguas de Calpe, las ramificaciones valencianas de los negocios de Urdangarin, los diferentes casos Fabra (Carlos), el cacique de Castellón… muestran cómo la corrupción ha infiltrado hasta la médula la institución autonómica, como siempre que la burguesía no aprecia frenos objetivos en su actividad depredadora. Las declaraciones de Rita Barberá, alcaldesa valenciana (‘un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente normal’) reflejan bien la sicología de la clase dominante. La absolución de Camps era un hecho bastante probable, desde el momento en que, en una maniobra judicial, se limitó su acusación al delito de cohecho pasivo (recibir regalos en función de su cargo), sin valorar las investigaciones sobre las contrapartidas que esos regalos tuvieron, y la extrema conexión entre las empresas de la trama, el PP y la Generalitat. Por cierto, esta absolución, y la dificultad para esconder estas corruptelas, son un incentivo mayor de la movilización popular.
El PP no puede continuar su dominación con los mismos métodos. Objetivamente no hay medios para ello. La sustitución de Camps por Fabra tiene mucha más significación de lo que se ha dicho públicamente. No sólo porque Camps era una figura quemada políticamente, que causaba protestas allá donde iba, y que en un contexto de crisis podría enervar innecesariamente el movimiento de respuesta a los recortes. También porque Rajoy (el único valedor importante de Fabra, que no tiene detrás de sí ninguna de las familias del PP), como personaje vinculado al núcleo central de la burguesía, necesitaba alguien capaz de defender sus intereses incluso si entraban en colisión con los de alguna camarilla partidaria. No es casual que Fabra discutiera (negociara, realmente) el decreto-ley de recortes con la cúpula empresarial, y no con los barones del PP, y que consensuara con ellos exclusivamente el puesto de vicepresidente de Bankia. En la actualidad el equilibrio interno de la derecha está resquebrajado, los diferentes clanes (Rita, Alfonso Rus –cacique de la provincia valenciana-, Carlos Fabra, Juan Cotino –el más vinculado a la cúpula eclesial-, etc.) muestran su respectiva fuerza ante la ausencia de poder fuerte en el Palau de Manises, y tienden a unirse frente a Alberto Fabra para defender sus intereses de camarilla. En la medida que el movimiento contra los recortes se profundice, la crisis en el PP puede también agudizarse. Por último, la absolución de Camps crea un factor absolutamente imprevisible, con potencial para dinamitar la estructura del partido.
El movimiento en la calle y la rémora de los dirigentes de izquierda
En todo caso, lo fundamental no son los navajazos de la derecha valenciana, sino el movimiento que se está levantando. Para valorar todo su potencial hay que entender que es el fruto maduro de una acumulación de frustraciones y descontento larvados durante años, y que de forma episódica se expresaba en la calle, para retirarse de ella ante la dejación de las direcciones sindicales y políticas que dejaban huérfano el movimiento, negándose a extenderlo y unificarlo, a elevar el nivel de conciencia y a politizar; a veces, incluso, negándose a participar en la propia lucha. Estas expresiones en la calle se dieron, especialmente, a partir de 2002, con la huelga general que derribó los planes de Aznar. Las movilizaciones contra la guerra, la propia reacción ante el accidente de metro mencionado, las grandes luchas de toda la comunidad escolar en el curso 2006/07, el masivo apoyo a los vecinos de El Cabanyal contra su expolio, las manifestaciones espontáneas contra la corrupción, las Trobades pel Valencià, la última huelga general, las asambleas masivas del 15-M y las posteriores manifestaciones de junio y octubre, y tantas otras expresiones de lucha, son buenos ejemplos.
Si no hubo una expresión similar de contundente en las urnas fue por el conservadurismo, el burocratismo, la derechización, de los dirigentes de izquierda, y en especial del PSPV. Aceptaron de buena gana el discurso de la derecha: ‘hay que dirigirse a las capas medias’, ‘lo decisivo es ofrecer grandes espectáculos, que traen beneficios’, ‘la gestión privada de lo público es más eficaz, y en todo caso inevitable’, etc. Y tanto lo aceptaron (fruto de sus propias condiciones sociales y de su deriva ideológica), que fue también el eje de su política, tanto en la Generalitat (y eso llevó a la derrota a Lerma), como en las numerosos ayuntamientos donde ha gobernado. Tampoco los dirigentes de IU mantuvieron una posición nítida de izquierdas, anticapitalista, ni una presencia comprometida en el movimiento, aunque en el último período sí hay algunos intentos de participar en la lucha en la calle y de posicionarse a la izquierda, incluyendo a la de los diferentes grupos pequeñoburgueses (en especial Compromís) con los que casi siempre ha llegado a componendas. Desgraciadamente, la política municipal de IU, allá donde ha participado en el equipo de gobierno (Requena, Bunyol, Sagunto), no tiene muchas variaciones con respecto a la del PSOE. Por último, Compromís se ha beneficiado de una utilización eficaz de Les Corts para denunciar el carácter reaccionario de la derecha, así como de participar o impulsar diferentes luchas. Sin embargo, esta actitud aparentemente más radical enmascara un programa que aspira a las reformas posibles dentro de un capitalismo en crisis, adornado con la habitual palabrería orientada hacia capas medias radicalizadas.
Aun y todo, y pese a la importante base electoral de la derecha, que más que nunca se concentra en el PP sin interferencias, éste no es hegemónico. Los resultados electorales reflejan que el voto al Partido Popular no es mayoritario en el cuerpo electoral: la suma de la abstención y el voto a partidos de izquierdas es mucho más alto. Y la abstención, mayoritariamente, no vota a la derecha porque no tiene expectativas en ella. Una parte importante de ella podría ser ganada para la movilización electoral, con un programa y una actuación revolucionaria constante. Pero más importante que todo esto es que el peso de la base del PP en unas elecciones está sobrevalorado con respecto a su peso en el movimiento real de la sociedad. Esa base es difícil de movilizar en la calle para contrarrestar la lucha de la izquierda. ¿Cómo si no se explica la ausencia de manifestaciones –al menos masivas- defendiendo al PP, su participación en la guerra de Irak, o su política educativa, o la honradez de sus cargos?
Es necesaria una huelga general del sector público
No, la calle es nuestra. Y más lo sería (y más resultados tendría) si el papel de los dirigentes sindicales no hubiera sido, ni fuera, intentar apaciguar la lucha, no coordinarla, no animarla, y pactar a la mínima de cambio en condiciones desventajosas. Una prueba contundente es la situación actual. Hemos tenido manifestaciones masivas, y todo indica que las seguiremos teniendo (el sábado 25 hay convocadas otras del sector público). 15.000 trabajadores sanitarios participaron en concentraciones a las puertas de sus centros el 13 de enero. Trescientos galenos reunidos en la asamblea del Colegio Oficial de Médicos de Valencia votan una resolución pidiendo a los sindicatos que convoquen una huelga indefinida hasta parar los recortes; ‘si hace falta dinero que los políticos se rebajen el sueldo’, dicen). En la educación decenas de institutos están en lucha permanente, haciendo encierros los martes por la noche, cortando calles y carreteras, etc.; en Gandia 15.000 profesores y estudiantes se manifestaron; y el Sindicato de Estudiantes convoca huelga y manifestaciones el 16, con perspectivas inmejorables. Los trabajadores de la recogida de basura de Valencia amenazan con huelga coincidiendo con las Fallas (en marzo). Los trabajadores sociales y vecinos de Parc Alcosa (barrio de Alfafar, Valencia, muy degradado) llevan semanas luchando diariamente para poder mantener esos empleos y diferentes servicios sociales, mientras un compañero se mantiene en huelga de hambre desde hace más de un mes… ¿A qué esperan las direcciones sindicales para unificar toda esa fuerza, organizando un plan de lucha serio y contundente, y como primer paso convocando una huelga total del sector público valenciano? ¿Por qué no unir toda esa energía a la de nuestros compañeros catalanes, castellanomanchegos, vascos, madrileños, para parar todos los ataques? ¿Por qué no se empieza a preparar ya una huelga general, donde vincular la oposición a todos los recortes con el rechazo a la reforma laboral en ciernes, que será un contundente paso atrás en las condiciones laborales? Somos conscientes de que esas movilizaciones, esas huelgas, exigen mucho más que poner una fecha, exigen una explicación masiva, asambleas bien convocadas y democráticas, reivindicaciones asumidas por el movimiento, oposición efectiva a servicios mínimos abusivos, y sobre todo determinación de luchar, de menos a más, hasta parar los ataques.
La correlación de fuerzas es tan favorable que incluso estamos viendo movilizaciones donde participan sectores de la base social del PP. Los libreros en lucha por cobrar el bono-libro, los farmacéuticos por los impagos, los médicos, los abogados del turno de oficio (a los que se les quiere reducir un 37% su sueldo)… Doscientos de estos togados se presentaron a una reunión de negociación entre el decano del Colegio de Abogados y la Conselleria de Justícia, exigiendo estar ellos porque no se fiaban de su supuesto representante… Muchos de los sectores sociales que veían el futuro con optimismo, confiando en las instituciones burguesas e incluso en el PP, hoy se sienten frustrados e indignados, lo cual es un factor importante en la lucha de clases. Incluso si muchos de esos sectores no se suman a una movilización general contra los recortes (lo cual no está en absoluto descartado), ¿van a defender a la Generalitat de una ofensiva de lucha en la calle? Es evidente que no. Fabra y los empresarios detrás de él se enfrentarían aislados al movimiento obrero, si éste se batiera con decisión, unidad, y los métodos del sindicalismo combativo.
