Madrilgo osasun-langileek PPren pribatizazio planari emandako erantzunak markatzen du hartu beharreko bidea!
Urriaren 31ean Madrilgo Komunitateko PPren gobernuak 2013rako aurrekontuetan madrildar osasun publikoa suntsitzen zen: sei ospitale publikoren eta 27 osasun zentroren gestioa pribatizatzea; La Princesa eta Carlos III. ospitaleak berregituratzea espezialitateak ezabatuz; 36 ospitaletan osasun arlokoak ez diren zerbitzuak pribatizatzea, beraz, pertsonala gutxitzea; errezetako euroa ezartzea, etab. Horrela, milaka kaleratze izango dira eta osasun arloko langileen lan baldintzak okertuko dira.
La reacción de trabajadores y usuarios no se hizo esperar. El primer hospital en saltar fue el de La Princesa, organizando un encierro permanente que luego se extendió a otros 25 hospitales públicos de la CAM. El domingo 18 de noviembre se produce una manifestación multitudinaria bajo el lema “¡La sanidad pública no se vende, se defiende!”; inmediatamente después se convocan cuatro días de huelga en la sanidad (26 y 27 de noviembre, y 4 y 5 de diciembre) por todos los sindicatos del sector. La Asociación de Facultativos Especialista de Madrid (AFEM) llama a la huelga indefinida a partir del 26, consiguiendo el respaldo de AMYTS, mayoritario entre los médicos de la sanidad madrileña.
Las primeras jornadas de huelga del 26 y 27 han sido un rotundo éxito. En la atención primaria el seguimiento estuvo por encima del 90% y fue precedida de un encierro en más de 150 centros de salud de toda la Comunidad de Madrid. El apoyo de los usuarios se hizo muy notorio durante los dos días. Como decía una enfermera, en declaraciones recogidas en la prensa, “este plan va a degenerar en una disyuntiva; o te gastas el dinero o te mueres”. La mayoría de la población ve con claridad que se le está intentando arrebatar un derecho fundamental. La tarde del segundo día de huelga se coronó con otra multitudinaria manifestación, la segunda en dos semanas.
La lucha de los trabajadores de sanidad refleja que se están sacando conclusiones cada vez más avanzadas después de cinco años de crisis y dos años de intensos recortes. Ha sido un movimiento muy decidido, organizado por abajo y que ha tomado medidas muy contundentes, que son una inspiración para el conjunto de la clase trabajadora. Se han retomado los métodos clásicos de lucha basados en las asambleas, en las ocupaciones, en las cajas de resistencia y en la organización de la solidaridad con el fin de ganar el apoyo activo de la población.
Un negocio redondo
El PP ha presentado estos recortes como una consecuencia inevitable de la crisis económica, y como una necesidad ineludible para poder mantener la sanidad pública. Sin embargo, tras este cínico discurso, se esconden intereses económicos y negocios muy jugosos para grandes multinacionales y fondos de inversión. Ya en el año 2008 el consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre en aquel momento, Juan José Güemes, organizó en el Hotel Ritz una conferencia sobre las infraestructuras sanitarias bajo el clarificador título de “Oportunidades de negocio”. Anteriormente, también otro consejero de Sanidad del PP, Manuel Lamela, tras su salida del gobierno de Esperanza Aguirre, entró en el ascendente negocio de la sanidad privada de la mano de Madrid Medical Destination. Los nexos entre el PP y los capitales ligados al negocio sanitario son múltiples y evidentes.
Uno de los aspirantes para hacerse con el control de los hospitales que se pretenden privatizar es la empresa Capio Sanidad, controlada actualmente por un fondo de inversión privado británico, CVC Partners Capital, con sede en un paraíso fiscal, Luxemburgo, y que tributa al 1% al tratarse de una SICAV. Actualmente gestiona 28 centros sanitarios en cuatro comunidades autónomas, cifra que no ha parado de crecer ante las nuevas oportunidades brindadas por los gobiernos del PP de Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid, y que obtiene el 65% de sus ingresos a través de recursos públicos. En total, se calcula que el negocio que el plan de privatizaciones del gobierno regional generará para el sector privado asciende a 497 millones de euros.
Otro argumento esgrimido por los voceros del PP para justificar su brutal ataque es que sus medidas buscan hacer “más eficiente” el sistema sanitario. Sin embargo, tal y como ha indicado un reciente informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en 2010 ésta tuvo que rescatar a los propios hospitales de colaboración público-privada, concediendo dos millones de euros adicionales a las concesionarias para evitar su quiebra. Por otro lado, tal y como revela el informe, se abrieron expedientes sancionadores a las mismas —en el caso de la empresa que gestiona el Hospital Infanta Cristina hasta doce— por incumplimientos en la construcción y funcionamiento de dichos hospitales y por infracciones graves.
Tal y como explica la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), “estos centros cuestan a los madrileños entre siete y ocho veces más que los de gestión tradicional”. Lógico, teniendo en cuenta que para las empresas concesionarias (fondos de inversión) se trata de un negocio más, donde el único fin es conseguir los máximos beneficios económicos posibles, ya que es éste el único fin y motor de cualquier empresa capitalista.
El efecto de esta contundente reacción de los trabajadores sanitarios, unido a la enorme presión social en la calle, está poniendo muy nervioso al gobierno regional del PP, que ha empezado a utilizar la represión para tratar de amedrentar a los trabajadores, consiguiendo el efecto contrario, y que tuvo que maniobrar anunciando la marcha atrás en sus planes para el Hospital de La Princesa, que pretendía convertir en un geriátrico, dejando sin asistencia a los 300.000 usuarios que utilizan dicho hospital. Mediante un comunicado los trabajadores han denunciado que aunque el PP da marcha atrás en algunos puntos, el recorte presupuestario para el hospital, de más de un 13%, se mantiene, indicando que el objetivo de ese acuerdo es que este hospital, que se ha convertido en un emblema de la lucha en defensa de la sanidad pública, se descuelgue de los encierros y movilizaciones que está protagonizando el resto de la sanidad pública. En dicho comunicado los trabajadores plantean que la lucha debe continuar hasta la total retirada de todas las medidas anunciadas por el Gobierno.
¡Por una huelga general de toda la Comunidad de Madrid!
Este maravilloso movimiento está poniendo sobre la mesa todo el potencial de organización y de fuerza del conjunto de la clase trabajadora, marcando el camino de cómo se puede vencer la estrategia del PP y frenar la privatización de la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales y las infraestructuras públicas. El gobierno de Rajoy, como el de Esperanza Aguirre y, ahora, el de Ignacio González, pretende destruir las conquistas que con tanto esfuerzo fuimos consiguiendo a través de la lucha. Además de sanitarios y docentes, los trabajadores de Metro, de la EMT, del Ayuntamiento de Madrid (tanto personal laboral, como funcionario), de Telemadrid, del SAMUR, del Samur Social, del SUMA; los que aunque realizan tareas de servicio público, pertenecen a empresas privadas subcontratadas por el gobierno de la CAM o del ayuntamiento, como los de la recogida de residuos sólidos urbanos, los de los servicios de limpieza de la vía pública o de edificios y un largo etc., estamos sufriendo desde hace mucho retrocesos continuos en nuestras condiciones laborales, salariales y de vida.
Tenemos fuerza para frenar esta ofensiva privatizadora de la derecha, pero para ello es una condición indispensable continuar la lucha como hasta ahora, de forma masiva, contundente, y unificar a todos los sectores a través de una huelga general de la Comunidad de Madrid contra el gobierno regional del PP, algo que los dirigentes de CCOO y UGT deberían impulsar desde ya, con objetivos claros e irrenunciables:
· Retirada inmediata de los recortes en sanidad y de todos los planes de privatización. No al euro por receta. Retirada de la contrarreforma laboral.
· Retirada de los recortes en educación, la readmisión inmediata de los profesores despedidos, así como la restitución de las becas de comedor y libros. Retirada de la contrarreforma franquista de la educación.
· Pago de la paga extra de navidad para los empleados públicos.
· Ni un euro público al bolsillo de los banqueros; el dinero de todos, para defender nuestras condiciones de vida y los servicios sociales: sanidad, educación, subsidios de desempleo; pero también para centros deportivos, para la limpieza viaria, mantenimiento de los parques, ayuda a la tercera edad, etc.
· Mantenimiento de los puestos de trabajo, ni un solo trabajador despedido.
¡Sí se puede!
¡Juntos y organizados, actuando con contundencia, podemos frenar los planes del PP!
