Según confirman fuentes de toda solvencia, representantes oficiales del Ejecutivo español y de ETA han mantenido varias reuniones desde que la organización armada anunciara su alto el fuego permanente. GARA ha podido corroborar que el encuentro celebrado en la primera quincena de diciembre no fue el único, ni el primero, y que, en todos los casos, estas reuniones fueron amparadas por gobiernos de diferentes países europeos, contando con la presencia de un conocido centro internacional en funciones de notaría. En su entrevista en "El País", Zapatero rehuye hablar de estos contactos.

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Ni una ni dos, sino alguna o algunas más, han sido las ocasiones en las que se han reunido representantes del Gobierno español y ETA en los últimos meses, después de la declaración de alto el fuego permanente de marzo. GARA ha podido corroborar este dato tanto en fuentes de la izquierda abertzale como del PSE.

La posibilidad de que ambas partes hubiesen celebrado determinadas reuniones ha aparecido en diferentes momentos durante estos nueve meses, también en medios de comunicación de fuera del Estado español. La información a este respecto que mayor repercusión ha tenido fue la publicada el pasado 20 de diciembre por “El Correo”.

Sin embargo, la noticia del diario vizcaino contenía notables inexactitudes, al afirmar que se trataba del primer encuentro que se celebraba de forma oficial entre ambas partes. Además de este error objetivo, también cabe dudar sobre la interpretación o la intencionalidad de la información, que aseguraba que la reunión había permitido «afianzar la tregua y superar el colapso que se vivía desde hace meses».

El rotativo añadía que «fuentes gubernamentales» esperaban un «gesto significativo» por parte de la izquierda abertzale en las siguientes semanas, con lo que se recreaba la impresión de que la crisis del proceso estaba ya prácticamente superada. Lo único cierto es que la celebración de la reunión se filtró muy pocos días después de realizarse, y que las únicas fuentes que se citaban en la información eran las mencionadas «fuentes gubernamentales».

La tesis de que hasta ese momento no se había producido encuentro alguno ha sido alimentada en otras ocasiones, de forma notoria por parte del portavoz del PSE en el Parlamento de Gasteiz, José Antonio Pastor, que llegó a afirmar, el día 9 de diciembre, que el pasado verano la organización armada rehusó reunirse con el Gobierno. «No contestó a la llamada, por las razones que fuera», manifestó el portavoz parlamentario.

Las palabras de Pastor adquirieron un notable eco, hasta el punto de que el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, lo desautorizó de forma categórica: «Hay mucha gente que no sabe de lo que habla, y los que sabemos, no hablamos».

En Europa

Según las fuentes consultadas por GARA y que, en todos los casos con grandes dosis de reserva, han confirmado la existencia de varias reuniones entre ETA y el Ejecutivo de Madrid, los encuentros se han celebrado en todos los casos bajo el amparo de gobiernos de diferentes países europeos y con la presencia de un conocido centro internacional realizando funciones de notaría.

Estos encuentros oficiales se suman a las numerosas negociaciones desarrolladas entre representantes de ETA y el Gobierno español antes de que la primera decretara el alto el fuego en marzo pasado, reuniones que dieron como resultado los acuerdos en los que se ha sustentado el proceso y cuyo contenido fue dado a conocer por este periódico el pasado mes de julio.

Las negociaciones previas propiciaron el alto el fuego

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Los encuentros registrados desde marzo dieron continuidad a los habidos ya antes del alto el fuego y que permitieron alcanzar una serie de compromisos y garantías para desarrollar el proceso.

Así, lo pactado recogía, además del reconocimiento de Euskal Herria, el compromiso del Gobierno español de respetar las decisiones de los ciudadanos vascos. Los acuerdos concernían al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa Garaia, y se establecía que los acuerdos políticos debían alcanzarse entre los partidos y agentes vascos.

El Ejecutivo se comprometía también a aceptar sin ninguna limitación el contenido del acuerdo político alcanzado entre las formaciones vascas, y se establecía que la legislación vigente no sería una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantía de su ejercicio. El Gobierno adquiría también el compromiso de lograr un pacto de Estado basado en esos principios.

Asimismo, se comprometía a cumplir una serie de garantías: la disminución de la presencia policial, así como la desaparición de presiones policiales; el respeto «de facto» de la actividad política de las organizaciones de la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones al resto de formaciones y sin limitaciones de derechos; y que no hubiera detenciones por parte de los diferentes cuerpos policiales.

ETA, por su parte, se comprometía a decretar un alto el fuego permanente, y a no realizar acciones de abastecimiento de armas ni explosivos.