Lan erreforma onartu ondoren, PPko hainbat agintarik adierazi dute lege hau oraindik indarrean den “lan harremanen marko frankista” modernizatzeko beharrezkoa dela. Adierazpen hauek bat datoz frankismoak izaera paternalista zuela, eta langileak babesten zituela dioen iritziarekin. Frankismoaren helburu nagusia langile klaseari eskubide eta konkista guztiak kentzea eta enpresariei eskulan merkea bermatzea zen: benetako paradisua kapitalistentzat.

Tras la aprobación de la reforma laboral, varios dirigentes del PP han recurrido al argumento de que esta ley supone la necesaria modernización de un supuesto “marco franquista de relaciones laborales” todavía en vigor. Estas declaraciones abundan en la falacia de que el franquismo tenía una cara paternalista que protegía a los trabajadores a través de una generosa “obra social”, de la que serían herederos los sistemas actuales de protección y servicios sociales. La realidad es completamente diferente. El franquismo tuvo como principal objetivo despojar a los trabajadores de cualquier derecho o conquista social conseguidos en los años previos, y asegurar que los empresarios tendrían a su disposición una mano de obra barata y sometida. El franquismo fue un auténtico paraíso para los capitalistas, y por ello el Estado español se convirtió en los años sesenta en el destino de inmensas inversiones de grandes empresas multinacionales, que encontraban unas condiciones laborales impensables en otros países europeos.

Los pocos derechos conseguidos bajo el franquismo fueron arrancados gracias a la lucha y la movilización, y la clase obrera pagó por ellos un enorme precio en vidas, años de cárcel, despidos, y todo tipo de represalias. Fue la lucha revolucionaria contra la dictadura la que obligó, muy a su pesar, a los empresarios y al Gobierno a realizar finalmente concesiones a los trabajadores, con el único objetivo de intentar parar la extensión de la movilización, y evitar el estallido revolucionario que se avistaba en el horizonte.
Precisamente cuando el estado franquista empieza a resquebrajarse bajo la presión de la clase obrera, fue cuando los trabajadores sentaron las bases para la conquista de la inmensa mayoría de los derechos que el PP pretende ahora destruir. Desde el inicio de los años setenta las luchas obreras se convirtieron de forma casi inmediata en luchas políticas. La respuesta represiva del régimen frente a cualquier reivindicación salarial o social, por mínima que fuese, hizo que los trabajadores identificasen al propio estado franquista como el enemigo a derrotar. Reivindicaciones políticas como el derecho de huelga, la disolución del Sindicato Vertical fascista, la libertad para los presos, la disolución de los cuerpos represivos, etc., se generalizaron rápidamente, dando lugar a una situación prerrevolucionaria, que alcanzó sus momentos culminantes en la oleada de huelgas de 1975 y 1976. Aterrorizados, los empresarios se vieron obligados a realizar concesiones, aceptando sacrificar una pequeña parte de sus beneficios ante el riesgo de perderlo todo. Sólo la política de pactos de las grandes organizaciones políticas y sindicales obreras permitió a la burguesía y su sistema sobrevivir.

Una vez estabilizada la situación del capitalismo en el Estado español, cada vez que la burguesía se ha sentido con fuerzas suficientes se ha esforzado en intentar recuperar los privilegios que en el pasado se vieron obligados a ceder. Y en esta batalla, no descuidan el frente ideológico, intentando deformar y falsificar la realidad para ocultar su papel parasitario.

¿Quién paga la sanidad y la educación pública?

La burguesía intenta presentar los derechos sociales, como sanidad o educación, como una concesión graciosa que nos hacen a los trabajadores. Su ofensiva contra la inviabilidad del “Estado del Bienestar” intenta ocultar el hecho de que el conjunto de la riqueza social es el producto exclusivo del esfuerzo de la clase obrera. Y cuando peleamos por la mejora de nuestro salario, al igual que cuando defendemos los servicios sociales públicos, estamos peleando por recuperar una parte del producto colectivo de nuestro trabajo que los empresarios se apropian.

¿Cómo va a ser posible que los sistemas educativo o sanitario establecidos en los años ochenta hayan dejado de ser sostenibles? ¿No es la economía de hoy mucho más productiva que la de hace treinta años? ¿No producimos hoy los trabajadores una cantidad de riqueza incomparablemente mayor que la de hace tres décadas? Es, pues, radicalmente falso que hoy no haya dinero para mantenerlos. Lo que ocurre es que la burguesía tiene otros destinos mejores para esa riqueza, entre ellos cubrir el gigantesco agujero patrimonial de la banca, que está seriamente dañada como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Para los empresarios, cada euro destinado a atender derechos sociales de los trabajadores no es sino un beneficio potencial que se les escapa. El gasto en sanidad o educación, más allá de lo estrictamente requerido para reproducir la fuerza de trabajo, es para la burguesía un derroche improductivo. Por eso, desde la crisis de 1973-74 la burguesía del mundo capitalista desarrollado no ha cejado en su intento de aniquilar los avances sociales conquistados después de la Segunda Guerra Mundial. No debemos olvidar que fue el empuje revolucionario del proletariado tras la guerra, unido al fortalecimiento de la Unión Soviética (que a pesar de su burocratización hizo posible la destrucción del capitalismo en los países del Este), el factor decisivo para que una parte de la riqueza generada durante el boom de la posguerra se destinara a crear el llamado “Estado del Bienestar”, en lugar de a engordar las arcas de los capitalistas.

Pero al contrario de lo que mantienen los dirigentes reformistas, a la burguesía no se la amansa aceptando pequeños sacrificios y cediendo parcelas de nuestros derechos. La situación dramática del pueblo griego, la tragedia cotidiana que es hoy la vida de millones de trabajadores, son un aviso de que el capitalismo no reconoce límites en su empeño de maximizar los beneficios empresariales.

¿Qué significó la dictadura de Franco para los trabajadores?

Tras su victoria en 1939, el general Franco se marcó como máxima prioridad el completo aplastamiento de la clase obrera y la destrucción de sus organizaciones políticas y sindicales. Se trataba de extirpar de raíz cualquier posibilidad de que el dominio de los capitalistas y terratenientes volviese a ser cuestionado. La burguesía había conocido en los años de la Segunda República el ascenso de la fuerza organizada de la clase obrera, y no estaba dispuesta a permitir que esa situación se repitiese, aunque fuese al precio de una terrible represión.

El clima de terror creado por la dictadura fue aprovechado a conciencia por las clases poseedoras. La evolución de salarios y precios expresa perfectamente la naturaleza del régimen de Franco.

Desde el final de la Guerra Civil (1939) y hasta 1950, el poder adquisitivo de los salarios cayó por debajo del nivel alcanzado en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. En cambio, el nivel real de los precios aumentó a una media anual del 11,5%, es decir, que en 1950 los precios al consumo se habían más que triplicado respecto a 1939, mientras que los salarios, fijados por el Gobierno, permanecían congelados.

Respecto a los derechos laborales supuestamente protegidos en la “legislación laboral franquista”, un repaso de las leyes de la época pone de relieve su carácter antiobrero. El Fuero del Trabajo, aprobado en 1938 a imagen y semejanza de leyes similares aprobadas por Hitler y Mussolini, consagra la autoridad absoluta del empresario (art. VIII, 3), convierte nada menos que en “delito de lesa patria” (art. XI, 2) cualquier forma de protesta individual o colectiva (como ejemplo de aplicación de esta legislación, los promotores de la “huelga del aceite” de 1946 en los astilleros de Ferrol, que no fue siquiera una huelga, sino la negativa a entrar a comer en la cantina de la empresa, fueron juzgados por un Consejo de Guerra que dictó 14 condenas a muerte), establece un sindicato vertical dirigido por los propios empresarios e integrado en el aparato del estado (art. XIII), y, por si había dudas, destaca en varios puntos de su articulado el carácter sagrado de la propiedad capitalista (art. XII, 1) y la absoluta prioridad del interés privado (arts. IX, 4 y XI, 6).

En 1944, la Ley de Contratos de Trabajo se convierte en el corazón de la legislación laboral franquista. Entre otros asuntos, regula el despido, que queda a la libre potestad del empresario. En caso de despido injustificado, la ley establece que los tribunales podrán arbitrariamente reconocer el derecho a una indemnización, que en ningún caso podría superar el importe de un año de salario, aunque la realidad era que cuando el empresario insinuaba la conflictividad del despedido, la indemnización no se concedía, e incluso el trabajador corría el riesgo de acabar detenido. Si en algún sitio pueden encontrarse rasgos de franquismo es precisamente en la reforma laboral aprobada por el PP, que reestablece las mismas prerrogativas empresariales para el despido que las que regían en tiempos de Franco.

En este contexto de aprovechamiento del régimen represivo para maximizar la explotación de los trabajadores, las políticas sociales (vivienda, sanidad, educación, etc.) se redujeron al mínimo necesario para el desarrollo del capitalismo, es decir, asegurar el mantenimiento de una mano de obra productiva, crear nuevas oportunidades para la inversión privada, y reforzar el proceso de acumulación de capital. Como bien explica el Libro Blanco de la Seguridad Social de 1977, las cotizaciones sociales jugaron un papel fundamental como vía de financiación de la inversión industrial y como inmensa fuente de pasivo para el sector bancario, que obtenía así una financiación casi sin coste para sus operaciones de crédito e inversión. De esta manera, la banca podía invertir sin riesgo alguno el dinero de las cuotas de los trabajadores en deuda del Estado, o consolidar sus posiciones monopolistas en el sector industrial.

Al margen de estas políticas básicas, el resto de medidas sociales aprobadas en esa época lo fueron gracias a las luchas obreras. La oleada de huelgas de 1956-59 conquistó la primera Ley de Convenios Colectivos de 1958, y preparó el camino para la implantación en 1961 del primer sistema de Seguro Obligatorio de Desempleo, que, a pesar de su precariedad, permitió a los trabajadores en paro una cierta capacidad para poder rechazar los trabajos peor pagados. Y las huelgas de 1962 conquistaron el establecimiento al año siguiente del primer Salario Mínimo Interprofesional.

La Transición y la lucha por los derechos sociales

Los años finales de la dictadura se caracterizaron por la intensidad y extensión de los conflictos laborales, que inevitablemente se convertían en conflictos políticos que reivindicaban el fin de la dictadura y la recuperación de las libertades democráticas. A pesar del recrudecimiento de la represión, que sembró el territorio del estado de trabajadores asesinados y llenó las cárceles de sindicalistas, la creciente intensidad de las luchas permitió a los trabajadores enormes conquistas en materia salarial, en derechos laborales y en condiciones de trabajo. En materia salarial, las conquistas de la Transición fueron espectaculares. A pesar de la intensidad de la crisis iniciada en 1973, los capitalistas no tuvieron más remedio que renunciar a una fracción de sus beneficios y conceder importantes aumentos salariales, esperando así aplacar la movilización social. En los tres años transcurridos entre 1975 y 1978, el SMI se incrementó en un 96%, y en la inmensa mayoría de los convenios colectivos se establecieron cláusulas de revisión salarial que aseguraban que año tras año los salarios ganaban poder adquisitivo real.

Este período de efervescencia social no se agotó por sí mismo. Fue necesario poner en juego toda la autoridad de los dirigentes políticos y sindicales de la clase obrera para imponer a los trabajadores la aceptación de los Pactos de la Moncloa, cuya firma en octubre de 1977 consagró la claudicación de las direcciones de la izquierda frente a la burguesía y su renuncia a convertir la lucha por las libertades democráticas en una lucha por el socialismo.

A pesar de que la combatividad de los trabajadores se manifestó una y otra vez, la ausencia de una dirección revolucionaria limitó los avances y conquistas a la consolidación de lo conseguido. Un buen ejemplo de esto fue la aprobación en 1980 del Estatuto de los Trabajadores que plasmó legalmente muchas de las numerosas conquistas en materia de derechos laborales ya conseguidas de hecho por la lucha obrera. El gobierno de UCD y la patronal no tuvieron más remedio que ceder en aspectos importantes de la legislación laboral, y por eso las numerosas reformas posteriores del Estatuto han tenido como objetivo cercenar los avances conquistados en aquel momento, que son los que verdaderamente pusieron fin a la tan cacareada “legislación laboral franquista”.

La victoria electoral del PSOE en 1982

La lucha revolucionaria de finales de la década de los setenta contra la dictadura franquista, que perseguía no sólo la conquista de derechos democráticos sino también un cambio social profundo, se frustró por la política de los dirigentes del PSOE y del PCE, abriendo un periodo temporal de reflujo en la participación directa de las masas en acciones de tipo sindical y político. Pero la voluntad de las masas de un cambio cualitativo en sus vidas no se disipó y en un momento determinado encontró un cauce de expresión por la vía electoral. Esa fue la causa de la victoria aplastante del PSOE en las elecciones de 1982, propiciada por una gigantesca movilización de la clase obrera, que albergaba la esperanza de que desde el gobierno se emprendiesen las transformaciones sociales que habían quedado pendientes desde la Transición.

Pero las políticas del PSOE representaron una nueva decepción para los trabajadores y, en primer lugar, para las propias bases del partido y la UGT. Continuando lo establecido en los Pactos de la Moncloa, los gobiernos socialistas se apresuraron a retomar las políticas de ajuste, con el establecimiento de restricciones salariales, el cierre de empresas públicas industriales (con miles de despidos en las reconversiones de los sectores de siderurgia integral, naval, aceros especiales, textil, minería del carbón, etc.), la privatización de las empresas públicas más rentables, y, por último, con el recorte del gasto social.

Este último aspecto fue especialmente sangrante. A pesar del clamoroso retraso del Estado español en materia de protección social respecto al resto de países europeos, en los primeros años del gobierno del PSOE el gasto social no sólo no aumentó, sino que incluso se redujo desde el 39,4% del PIB en 1981 hasta el 34,5% en 1987, después de cinco años de gobierno socialista.

La enorme frustración generada por la traición del PSOE a su programa orientó a los trabajadores hacia sus organizaciones sindicales. UGT y CCOO recibieron la presión masiva de los trabajadores, que exigían una respuesta clara ante los ataques que estaban recibiendo. Ataques que se producían a pesar del cambio en el ciclo de la economía, que estaba creciendo, a la par que los beneficios empresariales. Esta presión fue tan fuerte que las direcciones sindicales no tuvieron otra alternativa que convocar una huelga general el 14 de diciembre de 1988.

Los resultados de la huelga general del 14-D

Además de parar los aspectos más regresivos de los planes de reforma laboral del gobierno socialista, uno de los principales resultados de esta huelga fue conseguir un fuerte avance en materia de políticas sociales, arrancando una serie de conquistas que se reclamaban desde la Transición.

Uno de los principales problemas de esa época era el paro, que azotaba a cientos de miles de familias trabajadoras y les condenaba a una existencia mísera. Y aunque la huelga no consiguió una solución completa al problema, si se ganó una importante ampliación de la cobertura del seguro de desempleo, con especial atención a algunos colectivos más vulnerables. Como consecuencia del impacto de la huelga, unos meses más tarde se empezó a aprobar en las comunidades autónomas el establecimiento de una Renta Mínima Familiar, que garantizaba unos ingresos básicos a las familias sin recursos.

En cuanto a las pensiones, el éxito de la huelga condujo a la conquista de las pensiones no contributivas, que permitieron que cientos de miles de personas mayores que carecían de cualquier tipo de ingreso, y que no habían cotizado lo suficiente, dispusiesen desde ese momento de una mínima renta vitalicia. Asimismo, la cuantía de las pensiones se mejora, de forma que en 1993 el gasto público en pensiones multiplica casi por seis el gasto de 1982.

Por último, una de las grandes conquistas del 14-D fue la generalización de la asistencia sanitaria. Hasta ese momento, la asistencia sanitaria estaba vinculada al pago de cotizaciones a la Seguridad Social. En consecuencia, cuando los trabajadores en paro y sus familias agotaban las prestaciones del seguro de desempleo, no sólo se quedaban sin ningún tipo de ingreso, sino que quedaban sin otra asistencia sanitaria que la ofrecida por los muy escasos servicios de la beneficencia municipal. E igual que ellos, miles de jóvenes sin trabajo, jornaleros agrícolas que no reunían el mínimo de peonadas, mujeres separadas o divorciadas, o pequeños agricultores, se encontraban totalmente desprotegidos ante una enfermedad. A esta dramática situación le puso fin en gran medida la generalización de la asistencia sanitaria conquistada gracias a la huelga. Y aunque no se consiguió la universalización de la asistencia, se dio un inmenso salto en la cobertura sanitaria, que alcanzó a más del 96% de la población.

La magnitud de esta conquista social se comprueba en la evolución del gasto del Insalud, organismo que en ese momento gestionaba el sistema sanitario público, que se duplica en los diez años que transcurren entre 1982 y 1992.

Todos estos avances, unidos a los que tres años antes habían arrancado los estudiantes al Ministerio de Educación, tras las movilizaciones de 1986 y 1987 dirigidas por el Sindicato de Estudiantes, (entre otros la supresión de las tasas en la Enseñanza Media, el establecimiento de becas a las familias obreras para cubrir las tasas universitarias y un sustancial incremento de los presupuestos para la educación pública) muestran una vez más que solo el camino de la lucha permite algún tipo de avance social bajo el capitalismo. Cuando los medios de comunicación burgueses hablan sobre la Transición y proclaman que la democracia permitió al Estado español incorporarse a eso que denominan “Estado del Bienestar” olvidan el pequeño detalle de que la “democracia” por sí sola no trajo ningún regalo, además de que los propios derechos democráticos básicos fueron también producto de la lucha. Fue la movilización y lucha de los trabajadores, de los estudiantes, de los jubilados, que culminó en la huelga general del 14-D, lo que permitió, al fin, un paso adelante en materia de derechos sociales. Y esa lucha no alcanzó mayores conquistas y no marcó un cambio completo en la situación debido a la concurrencia de varios factores: por un lado, el colapso de la URSS afectó muy seriamente a las fuerzas de la izquierda y coadyuvó a la recuperación del capitalismo en la década de los noventa; y por otra parte, los dirigentes de las organizaciones obreras giraron aún más a la derecha, abandonando incluso de palabra cualquier oposición a las políticas de la burguesía.

¿Cuándo empezó el actual retroceso de las políticas sociales?

Por importantes que fuesen, las conquistas de 1988 en modo alguno compensaron la enorme diferencia entre las políticas sociales del Estado español y las conquistadas por los trabajadores europeos después de la Segunda Guerra Mundial.

Ateniéndonos sólo al gasto en protección social (pensiones, prestaciones de desempleo y ayudas familiares, sin considerar ni salud ni educación) el abismo entre el Estado español y el resto de países europeos era considerable en 1990, como se comprueba en el cuadro adjunto.

Si se comparan la inversión en Salud y Educación, el Estado español sigue en los últimos puestos de la lista. La razón de esta situación se encuentra en que las conquistas de 1988 consiguieron la ampliación de derechos, pero no consiguieron establecer unas sólidas bases de financiación. En consecuencia, pronto la situación de precariedad se extendió por los sistemas de protección social y servicios públicos.

Los derechos conquistados se mantuvieron nominalmente, pero la congelación del gasto provocó un rápido deterioro en las cuantías de las prestaciones y un fuerte deterioro de la calidad de los servicios prestados, especialmente en atención sanitaria y educación. Esta situación se agravó por la política de los gobiernos socialistas de impulsar la entrada del sector privado en el ámbito de las políticas sociales. Los planes de pensiones privados, los seguros privados de salud, la educación privada, recibieron un fuerte impulso, contribuyendo así a sentar las bases para un progresivo debilitamiento de la aportación pública a los servicios sociales.

Este debilitamiento se convierte en la tendencia dominante a partir de 1993. De forma simultánea al resto de Europa, a partir de ese año, y con el ministro Solbes al frente del Ministerio de Economía, el gasto social inicia un permanente declive que preparó el terreno para los recortes salvajes del PP.

En 2005, poco antes del inicio de la actual crisis, la comparación del gasto social del Estado español con la media de la UE-15 (los 15 países previos a la ampliación de la UE en 2004) arroja resultados demoledores. La inversión en vivienda es inferior a la media europea en un 60%, la protección familiar en un 65%, las pensiones de vejez e invalidez en un 30%, y la educación y salud en un 20%.

La lucha es el único camino

Pese a este retraso respecto a otros países europeos, el PP proclama la inviabilidad de los servicios sociales y se apresta a su demolición. A pesar del indudable éxito de la huelga del 29-M, las direcciones de CCOO y UGT vacilan y son, de momento, incapaces de presentar un plan de lucha que responda a los desafíos que los trabajadores tenemos hoy planteados.

Pero, como nos enseña el ejemplo de nuestra historia reciente, la burguesía sólo cede cuando ve frente a ella un movimiento social que cuestiona las bases de su dominio y al propio aparato de estado que la defiende. Ante el riesgo de perderlo todo, la burguesía se resigna a sacrificar una parte. Por eso, sólo convirtiendo la movilización de los trabajadores y los jóvenes en una auténtica rebelión social podremos ser capaces de poner un freno a los ataques del capitalismo. Esta es la responsabilidad de los dirigentes sindicales. Y para empujarlos en esa dirección, trabajadores y jóvenes de izquierda nos agrupamos y nos organizamos bajo la bandera del marxismo, que es hoy la única capaz de dar una respuesta al desafío vital que supone la pervivencia del sistema capitalista.

Protección social en tanto por ciento del PIB en la Comunidad Europea (1980-1990)

(Fuente: Comunidad Económica Europea)