Pasatu berri den abuztuaren 14an, goizez, Michoacan estatuko ejertzitoko, marinako eta poliziako Operazio Berezietako Taldeko 700 elementuk San Miguel Aquila izeneko herria hartu zuten herriko autodefentsarako taldea atxilotu eta desarmatzeko. Guztira 45 lagun atxilotu zituzten eta 70 arma atzeman zizkieten. Autodefentsarako taldea narkotrafikatzaileei aurre egiteko sortu zen.

El pasado 14 de agosto por la mañana más de 700 elementos del ejército, la marina y del Grupo de Operaciones Especiales de la policía del Estado de Michoacán, irrumpieron en el municipio de San Miguel Aquila para detener y desarmar al grupo de autodefensa de dicha localidad. El saldo fue de 45 detenidos a quienes se les decomisaron 70 armas de fuego. De acuerdo a la versión oficial la acción de las fuerzas represivas obedeció a una serie de órdenes de aprehensión dictadas por la justicia mexicana contra cinco integrantes del grupo de autodefensa, entre ellos contra su dirigente Agustín Villanueva Ramírez; a todos ellos se les acusa de delitos comunes. Además, con la intención de justificar el operativo, tras las acciones represivas el gobernador interino de Michoacán, el priísta Jesús Reyna, ha señalado reiteradamente que en dicha comunidad no existía un movimiento de autodefensa sino un grupo armado que le disputa por ese medio a otros comuneros las regalías por la concesión de tierras para las minas de hierro de la empresa Ternium; en entrevista de Radio el gobernador señalaría que “el problema que se generó deviene de una división de la comunidad indígena en San Miguel Aquila por el pago de regalías”. Paralelamente un comunicado oficial del gobierno de dicha entidad destacaría que “Los 45 integrantes de un grupo de autodefensa detenidos el miércoles en Aquila no protegían los intereses de la comunidad, sino los propios en medio de una disputa interna por las regalías derivadas de la explotación de una mina local”.

Tras las detenciones, cinco integrantes de este grupo de autodefensa fueron liberados; otros cinco, los que tenían órdenes de aprehensión, fueron recluidos en un penal de la ciudad de Morelia y el resto han sido trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México acusados de delitos de crimen organizado y portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército.

Tras la intervención del Estado, el día 15 fue restituido el alcalde priísta de Aquila, Juan Hernández Ramírez y el ejército ha tomado la población para mantenerse en esta de manera indefinida, tal como lo señaló el secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena.

Grupos de autodefensa

Las acciones contra el grupo de autodefensa de Aquila se enmarcan en la estrategia general del Estado para reprimir el desarrollo de esta clase de movimientos en Michoacán, estado en el que hasta mayo pasado ya se registraban grupos de autodefensa en Cherán, Buenavista, Irapichu, Zitácuaro, Nurío y Tepalcatepec. Con dicho fin, pero bajo el pretexto del combate a las mafias del narcotráfico, es por el que Peña Nieto trasladó cinco mil elementos del ejército a Michoacán el pasado 20 de mayo; días antes ya habían sido traslados a dicha entidad mil efectivos de la Policía Federal.

Con la forma en que se ha actuado contra la población de indígenas nahuas de San Miguel Aquila, el Estado mexicano está mandado un serio mensaje intimidatorio contra el movimiento de grupos de autodefensa armados, mismo que a estas alturas se extiende a decenas de comunidades y poblados de diferentes latitudes del país en estados tales como Sonora, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí y Puebla (La Jornada del campo 18052013).

Al igual que lo ha sido en el resto del país y en los demás casos, en Michoacán el grupo de autodefensa de Aquila surgió como una medida desesperada ante el acoso constante de las bandas del narco y los constantes abusos impunes de estos contra los pobladores: extorsiones, secuestros, raptos y robos de hijas y esposas, despojo de propiedades (casas, ranchos, vehículos…) asesinatos, pagos de derecho de piso y un largo etcétera, han sido la constante para cientos de miles de familias mexicanas que viven acosadas todos los días por aproximadamente 80 bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio nacional. Ante ello el Estado, fuertemente coludido con los principales cárteles mexicanos de la droga, ha sido totalmente incapaz para frenar a esas hordas de delincuentes, dejando en la orfandad total a vastas regiones del país mismas que prácticamente han quedado bajo el dominio de los narcotraficantes y sus sicarios.

Fastidiados de dicha realidad y ante la incapacidad total del Estado, en 2010 los comuneros del municipio de Cherán, Michoacán, optaron por tomar el asunto en sus manos organizándose de forma política, asumiendo el control total de su comunidad, desplazando al gobierno municipal y asumiendo las funciones de éste, entre ellas la de conformar un grupo de autodefensa de entre sus pobladores que asumiera todas las tareas de seguridad. Tras esa iniciativa sólo se necesitaron muy pocas semanas para que el pueblo de Cherán erradicara la delincuencia y todos los abusos a que eran sometidos por los narcotraficantes. Desde entonces a la fecha en Cherán no pone un sólo pie ningún sicario ni tampoco ningún cártel de la droga.

Basado en el ejemplo de los campesinos comuneros de Cherán, otras comunidades michoacanas, incluida Aquila, optaron por el mismo camino. En Aquila los campesinos fastidiados de las extorsiones a cargo de la banda de narcos y sicarios de los Caballeros Templarios, lanzaron su grupo de autodefensa armado el 24 de julio pasado; ese mismo día, en medio de un mitin político en la plaza central de la cabecera municipal, los comuneros tomaron el edificio sede del ayuntamiento por tres horas, desarmaron a la policía municipal y, tras también ser retenido, expulsaron al presidente municipal junto con todo el gobierno del ayuntamiento. En adelante no sólo la seguridad sino la administración de los principales asuntos de Aquila quedarían bajo las manos de sus pobladores.

Doble poder: el poder del pueblo vs el poder del Estado capitalista

La intervención de las fuerzas represivas del Estado en Aquila deja varias lecciones que son muy útiles de tomar en cuenta, la primera de ellas es la de que el despliegue de más de 700 efectivos contra el grupo de autodefensa de esta localidad demuestra que la prioridad de Peña Nieto no es la persecución contra los narcotraficantes, sino contra sectores de la población, en este caso del campesinado, que han optado por organizarse y desplazar al Estado capitalista para ser ellos quienes tomen las riendas de sus vidas y se encarguen directamente de la solución de sus principales problemas.

En la práctica los grupos de autodefensa representan la voluntad armada de sectores oprimidos, mismos que al momento de organizarse para solucionar sus problemas lo hacen a un grado tal que ello se traduce en la destitución de las autoridades locales (en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista y el Aguililla, Michoacán, también ha sido expulsados los alcaldes) y en la creación de una situación de doble poder, significando todo ello un serio cuestionamiento para la viabilidad del Estado capitalista, sus leyes y para la propia democracia burguesa. En esencia el ataque contra la comunidad indígena de Aquila, una de las más pobres de Michoacán, tenía como objetivo desarmar a su grupo de autodefensa para eliminar la situación de doble poder que se vivía ahí desde julio pasado y restituir en toda la línea el orden del Estado burgués, pues como explicamos más arriba ahora el ejército patrulla las calles de los diferentes poblados de ese municipio y el presidente municipal priísta ha sido restituido en su cargo por medio de la fuerza.

Por ejemplo un fuerte obstáculo que podría haber enfrentado en su momento el orden capitalista en Aquila es de verse obligado a tratar ya no con sus propios representantes al frente del Estado (bajo la situación de doble poder que se vivía en esa localidad ya no jugaban ningún papel las autoridades federales, estatales y municipales) sino directamente con la representación democrática del pueblo armado y organizado. Bajo ese panorama empresas como Ternium verían afectados sus privilegios e intereses pues en adelante tendrían que enfrentar serios problemas para seguir explotando a su antojo el subsuelo de Aquila y a los trabajadores de sus minas, todos ellos al mismo tiempo habitantes de la región.

Ternium, de capital argentino, opera en México toda la cadena de producción de acero, desde la extracción de hierro, la fabricación del metal y la elaboración de productos terminados. Por ello, además de su acerera en Nuevo León, también es propietaria de diferentes empresas mineras, entre ellas de Las Encinas con minas en Colima, Jalisco y Michoacán. Los activos en México de Ternium se elevan a los 66 mil 638 millones de pesos y tiene 10 mil 66 trabajadores a su servicio; en 2012 dicha empresa facturó ventas por 68 mil 603 millones de pesos. Considerando todo ello y previendo dificultades a futuro, lo más seguro es que los intereses de los empresarios de Ternium también estén detrás de las acciones represivas contra el pueblo de Aquila perfiladas para restituir en dicho ayuntamiento el “estado de derecho” burgués y a sus instituciones a través del Estado.

Para la burguesía recuperar el orden del Estado capitalista es vital por la necesidad de éste para el desempeño de sus negocios y para facilitar la explotación de los trabajadores de la ciudad y del campo, pero también lo es para impedir que el ejemplo de Aquila y de otras comunidades en condiciones similares se continué extendiendo por la geografía michoacana y el resto del país. De cara a los intereses del capital y su Estado, es necesario extirpar como a un tumor canceroso todo ejemplo que demuestre que los explotados y oprimidos pueden hacerse cargo de sus asuntos y solucionar sus propios problemas sin la necesidad de la burguesía y sus instituciones, es decir sin la necesidad del régimen burgués.

El pueblo en armas

Pero otra razón del Estado para desarmar a los grupos de autodefensa es su temor a que este fenómeno se siga extendiendo a tal grado que se transforme además de un ejemplo a seguir para el resto de la población, en una fuerza verdaderamente desafiante que ponga en más que serios aprietos a sus diferentes cuerpos represivos y que, más aún, en un momento dado adquiera mayor madurez política volviéndose más confiados de sus propias fuerzas y también más conscientes sobre su papel como una seria fuerza beligerante contra el orden económico y político del capitalismo.

Tras la incursión del ejército en Aquila, dejando en la orfandad e indefensión a sus casi 21 mil habitantes frente a los Caballeros Templarios, el Estado ha demostrado que está más dispuesto a tolerar a las bandas de narcotraficantes que a los grupos de autodefensa y la situaciones de doble poder impuesto por el pueblo en armas. El temor del Estado mexicano también encuentra sus fundamentos en las declaraciones manifestadas en la conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad de México al mismo tiempo que el ejército tomaba Aquila y en la que un grupo de empresarios michoacanos manifestaba sus preocupaciones sobre la posibilidad de que en Michoacán haya un estallido social.

Continuando con la preparación de una situación de fuerza con el objetivo de continuar desarmando grupos de autodefensa, el gobierno está trasladando más solados, marinos y policías estatales a la región de Tierra Caliente en la parte que le corresponde a Michoacán y misma que se extiende desde Tepalcatepec con límites de Jalisco hasta San Lucas en la frontera con Guerrero; se trata de una noticia dada a conocer el día de hoy por el periódico Cambio de Michoacán, mismo que destaca que dicha información no ha sido reconocida por fuentes oficiales.

Por su parte los grupos de autodefensa del resto de Michoacán respondieron reuniendo a sus representantes en Tepalcatepec un día después de las acciones represivas contra el pueblo de Aquila; si bien hasta el momento de redactar este artículo aún no hay nada público por parte de la prensa sobre el resultado final de dicha reunión, misma en la que participaron, convocados por los organizadores, representantes del ejército y de los gobiernos estatales y federales, Cambio de Michoacán ya ha informado algunos avances en los que se puede apreciar que la posición de los diferentes grupos de autodefensa es la de no permitir bajo ninguna circunstancia que se les desarme. A éste propósito literalmente el mencionado diario señala que “…las guardias comunitarias acordaron defenderse realizando acciones para paralizar toda la región de Tierra Caliente y con ello detener las acciones del Ejército Mexicano.” Con ese desplazamiento de soldados, dado que la costa michoacana, es decir Tierra Caliente durante años ha sido usada como una de las principales rutas de trasiego de droga hacia los Estados Unidos, droga que entra a México por el puerto de Lázaro Cárdenas, pareciera que otro objetivo del ejército es “limpiar” a la región de grupos de autodefensa para liberar esa ruta para la mafia del narco.

Fortalecer la lucha

Aún falta que se desarrollen más acontecimientos para saber el desenlace de lo que ahora ya puede caracterizarse como una crisis política en Michoacán. No obstante dada la problemática que padecen en las comunidades, mismas en las cuales dejar las armas sería quedar totalmente indefensas frente a los narcotraficantes y sus bandas de sicarios, mismos que regresarían para vengarse y hacer una carnicería masacrando a decenas de familias y demostrar de esa forma quién manda, el desarme no se presenta como una alternativa viable, máxime si se es consciente de que los cárteles de la droga actúan con total impunidad a pesar de la presencia de las fuerzas del Estado y no pocas veces coludidos con estas.

Además el ejemplo de Aquila les ha enseñado a los demás grupos de autodefensa que el Estado al lanzarse contra ellos los intentará criminalizar para encarcelarlos.

Por otro lado la organización y autodefensa, misma que en no pocos casos ha derivado en acciones como la expropiación de ranchos y otras propiedades a los narcos para ponerlos al servicio del pueblo, les ha devuelto a esas poblaciones seguridad y toda la dignidad perdida bajo el látigo de los cárteles de la droga y los corruptos cuerpos del orden del Estado que también asesinan, roban, violan mujeres, desaparecen a personas de la misma manera que lo hacen los narcotraficantes. La autodefensa y la organización de los pueblos les ha permitido a todos ellos por fin ser dueños de sus vidas y recuperar la esperanza de que con sus propias acciones las cosas pueden mejorar en el terreno material como en el social gracias a la sustitución del poder del Estado por el poder del pueblo en armas.

Todas esas son razones muy poderosas para no permitir el desarme de los grupos de autodefensa y para proteger el poder del pueblo en todas esas comunidades; y al parecer los comuneros y demás trabajadores y campesinos que han optado por la autodefensa armada en Michoacán son conscientes de ello. Es por eso que si Peña Nieto se empeña en desarmar a los campesinos de la costa y otras regiones de Michoacán y de paso hacerle el trabajo sucio a los cárteles de la droga, no se descarta una posible respuesta de los grupos de autodefensa a la altura de las circunstancias. Todos estos argumentos también son válidos para el caso de Guerrero, estado donde los grupos de autodefensa han alcanzado un grado de desarrollo especialmente extraordinario.

El torpe títere de Peña subestima al pueblo michoacano y sus enormes tradiciones revolucionarias; una arremetida violenta contra los grupos de autodefensa podría ser ferozmente respondida por estos y estimulará un accionar más enérgico de parte del magisterio democrático del estado, los estudiantes normalistas y removerá las entrañas de los obreros acereros de Lázaro Cárdenas y sus tradiciones huelguísticas (obreros que derrotaron a la policía militarizada defendiendo su huelga de 2006 en una sangrienta confrontación desigual de balas contra palos y piedras que arrojó como saldo dos trabajadores muertos) pudiendo derivar todo ello en un repunte de la lucha de clases no visto en Michoacán en décadas.

El escenario es de lucha en Michoacán y los grupos de autodefensa pueden triunfar a condición de que conscientemente adopten una política que les permita agruparse de forma democrática por medio de una coordinación estatal de lucha y también de alcance nacional. Un paso urgente a dar en estos momentos es romper con la atomización y dispersión de los grupos de autodefensa y las comunidades armadas, por medio de la conformación de instancias regionales, estatales y nacionales integradas por representantes democráticamente electos y en las que se coordine la lucha de forma unificada. ¡Ni una lucha aislada más!

También es necesario que se adopte una política en la que las reivindicaciones por el derecho a la seguridad, a la tranquilidad y en contra de los cárteles de la droga se vinculen a los derechos del campesinado pobre por mejores condiciones de vida, de educación, salud y servicios; por una política que haga cosa del pasado a todos esos parásitos que viven del coyotaje lucrando con el trabajo de los productores agrícolas.

Del mismo modo, el campo como condición para sacar de la miseria al campesinado tiene que ser industrializado, a la vez de ser eliminados los latifundios abiertos o velados; por ello el programa de lucha de las comunidades alzadas en armas debe considerar la expropiación de los finqueros y de la banca, condiciones estas últimas para industrializar la producción agrícola y colectivizar las tierras.

También, y con especial atención, se debe adoptar un programa que contemple demandas propias de los trabajadores de la ciudad y la industria. El campesinado pobre es el aliado natural de la clase obrera industrial y es necesario buscar caminos que hermanen a ambas clases en el terreno de la lucha política contra su enemigo en común, la burguesía y su Estado. Por ello es necesario exigir también el derecho a un empleo estable con un salario digno acompañados de todos los demás derechos laborales, sindicales y políticos de la clase obrera.

Un programa de unidad del movimiento obrero con el del campesinado, los indígenas y demás sectores oprimidos por el capitalismo, su Estado junto a sus demás aberraciones como las bandas de narcotraficantes, con llamados a acciones unificadas tales como la huelga general y el bloqueo de carretas en el campo y mítines frente a las alcaldías y sedes de los gobiernos estatales y federales, por ejemplo, todos golpeando juntos el mismo día y a la misma hora, son la garantía para impedir la represión contra los grupos de autodefensa. El triunfo de las poblaciones alzadas en armas en Michoacán, Guerrero y demás estados de la República tiene mejores garantías bajo la condición de una política programática y de lucha que se vincule con la clase trabajadora.

Debemos luchar por el respeto a los grupos de autodefensa, la restitución del grupo de autodefensa de Aquila y la liberación inmediata de la totalidad de los presos políticos de dicha comunidad así como de otros integrantes de grupos de autodefensa de otras localidades que también han sido encarcelados. Para lograr ese fin debemos impulsar llamados a la unidad del movimiento obrero y del campesinado pobre y sus organizaciones. Morena, el ala de izquierdas del PRD y los sindicatos tienen que llamar a acciones concretas para exigir la restitución del grupo de autodefensa de Aquila y la libertad inmediata e incondicional de todos sus integrantes.

¡Por el socialismo!

El narco, el nefasto papel del Estado, la miseria que lacera a los trabajadores del campo y de las ciudades es obra del capitalismo. El capitalismo y sus aberraciones (por ejemplo los cárteles de la droga) nos niegan todos los días el derecho a una vida digna, por eso, como precondición para decir un ¡hasta aquí! a todo el infierno en la tierra al que se nos obliga a vivir (sufrir) a la sociedad actual es la de expropiar la banca, las fábricas, los latifundios para ponerlos bajo el control democrático de los trabajadores de la ciudad y el campo; y además, junto con ello, sustituir al ejército y a las policías profesionales por el pueblo en armas contra todos los cárteles de la droga, los explotadores capitalistas y su Estado corrupto. Es decir transformado la experiencia de Aquila y la del resto de comunidades alzadas en armas, sitios en los cuales la voluntad del pueblo organizado es ley, en la lógica que marque los derroteros de la vida cotidiana de la clase obrera y del campesinado pobre del resto del país bajo una sociedad socialista; sociedad única capaz de transformar en pasado a la barbarie capitalista y sus productos más decadentes, tales como los narcotraficantes.